El Presidente de la Junta de Gobierno, Ramón Mendez Lanz, omitió la recomendación 62/2016 emitida por la CNDH hace siete meses/ Privilegia otros compromisos políticos.
Por Ronny Aguilar
CAMPECHE, Cam. 2 de agosto de 2017.- Para Ramón Méndez Lanz, presidente de la Junta de Gobierno y Administración, es más prioritario atender los compromisos políticos antes de acatar la recomendación 63/2016 que determinó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a pesar de que se creó una comisión especial hace seis meses para darle atención al caso.
Al término de la sesión de la diputación permanente que se llevó a cabo al mediodía de este miércoles, el diputado local señaló que no se le ha dado solución a la recomendación 63/2016 de la CNDH, pues ha tenido varios compromisos a los que se les han dado prioridad antes que acatar una recomendación de la dependencia que vela por los derechos humanos.
“Hemos atendido y trabajado de alguna forma. Efectivamente, la parte de trabajo que se hace en las Comisiones, que le corresponde a esta parte, ha privilegiado más el trabajo que ha tenido más peso específico en cuanto, por ejemplo, al Sistema Estatal Anticorrupción y, como les he señalado, los temas relevantes que ha habido en los últimos cuatro o cinco meses van por encima de las recomendaciones”, aseveró.
“En un momento dado, no estamos haciendo caso omiso y en este tiempo en el que estamos nosotros con carga de trabajo, de alguna manera más específica, con los informes, con las comparecencias y todo, pero estaremos pendientes para resolver ya definitivamente” refirió.
Hay que recordar que el pasado 2 de enero se dio a conocer que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) determinó que Alejandro Moreno Cárdenas violó los derechos humanos de funcionarios, servidores públicos y ciudadanos, al no actuar contra el bloqueo de los accesos al Palacio Municipal del municipio de Carmen, llevado a cabo por agremiados del Sindicato de los Tres Poderes, esto el 20 de octubre del 2015.
En la misma resolución, el organismo nacional también responsabilizó a los integrantes del Ayuntamiento de Carmen, presidido por el panista Pablo Gutiérrez Lazarus, y a la Fiscalía General del Estado, a cargo de Juan Manuel Herrera Campos, por no cumplir con sus deberes y funciones de seguridad pública en estos hechos.
La CNDH, dentro de sus recomendaciones, solicitó principalmente al Congreso del Estado y, en específico, al presidente de la Junta de Gobierno y Administración de la presente Legislatura, Ramón Méndez Lanz, para “que se colabore ampliamente con este organismo, a efecto de que se inicie e integre la investigación administrativa correspondiente y se determine la responsabilidad, en su caso, de las autoridades municipales de Carmen”.
En atención a esto, el 8 de febrero del 2017, el Poder Legislativo del Estado integró una Comisión Especial con las comisiones de Puntos Constitucionales, presidida por la priísta Laura Baqueiro Ramos, prima de Alejandro Moreno Cárdenas, lo cual podría verse como conflicto de intereses ya que ella investigaría directamente a un familiar.
Esta comisión especial también incluía a la comisión de Derechos Humanos, presidida por otro diputado del PRI, Freddy Martínez Quijano, quien de igual modo es dirigente de la CNOP.
Al aprobarse esta comisión especial, se especificó que en un lapso no mayor a dos semanas para concluir su investigación sobre las omisiones del alcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, en la retención ilegal de un centenar de personas en el Palacio Municipal, así como la responsabilidad u omisión del Ejecutivo Estatal, Alejandro Moreno Cárdenas.
