La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente admite a trámite e inicia averiguaciones sobre las acusaciones a la empresa Frutoka, propiedad de Armando Toledo Jamit, de sembrar 3,000 hectáreas de la oleaginosa y construir drenes sin permiso, cometiendo irregularidades administrativas y delitos federales.

Por Daniel Sánchez y Ronny Aguilar

CAMPECHE, Cam. 8 de marzo del 2017.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) investiga a la empresa Frutas Tropicales de Campeche (Frutoka), propiedad del secretario de Desarrollo Rural de Alejandro Moreno Cárdenas, Armando Toledo Jamit, por sembrar cerca de tres mil hectáreas de palma africana y construir drenes para riego en el rancho Oxcán, sin contar con autorización ambiental.

Con el oficio PFPA/11.7/00136-17, fechado el 18 de enero del 2017, la delegación en Campeche de la dependencia federal comunicó al ciudadano denunciante que admitió la denuncia presentada en oficinas centrales el 15 de diciembre del 2016 y para ello, inició el expediente con número PFPA/11.7/2C.28.2/00004-17.

El cuatro de noviembre de 2016, Paginabierta.mx publicó un reportaje, en el cual se dio a conocer que el funcionario del gabinete de “Alito”, Armando Toledo, no solo está en conflicto de intereses, sino que además, está cometiendo delitos ambientales, ya que sembró cerca tres mil hectáreas de palma aceitera sin los permisos ambientales pertinentes.

En los últimos días, se hizo llegar a este diario electrónico la admisión de una demanda en la Profepa, por los delitos ambientales cometidos por el funcionario que, hace unos días, calificó a los ambientalistas de conspiradores y de ser “los peores enemigos de Campeche”, por frenar el desarrollo del campo, al oponerse a siembras de monocultivos extensivos.

La demanda fue interpuesta el pasado 15 de diciembre de 2016 en la Ciudad de México, en oficinas centrales, trasladada el 15 de enero a la delegación local, a cargo del primo de Alejandro Moreno, Luis Enrique Mena Calderón, pero fue notificada su admisión hasta el pasado 18 de febrero.

En la denuncia, se solicita a la Procuraduría ambiental que en base a los artículos 190 y 192 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, realice todas las investigaciones y diligencias pertinentes de inspección, a fin de determinar la existencia de los actos, hechos u omisiones constitutivos de la denuncia.

“De ser así, se incurre no sólo en irregularidades administrativas, sino también en tipos del orden penal federal”, puntualiza.

De esta manera, quedó asentado una denuncia formal contra la autoridad estatal, que ha gozado de la impunidad, abusando del servicio público, bajo el cobijo de la impunidad, ya que también se encuentra en conflicto de intereses, sin que se investigue o sancione por sus delitos cometidos.