Por Lupita Ramos
El pasado 21 de febrero, en un hecho histórico, el gobierno mexicano ofreció disculpas públicas a Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio; quienes cometieron graves delitos: Ser mujeres, ser indígenas, ser pobres.
En los sumarios judiciales no se podían establecer estos delitos, por lo que las tres mujeres indígenas hñähñu, fueron acusadas de secuestrar a seis agentes federales fuertemente armados en 2006.
El caso generó reacciones internacionales y nacionales por lo poco creíble que resultaba siquiera imaginarse que las tres mujeres indígenas hubiesen podido someter a seis elementos con entrenamiento policíaco y fuertemente armados.
En un proceso penal plagado de irregularidades, como la fabricación de pruebas, las declaraciones de testigos inexistentes y sin asistencia de intérprete; Jacinta, Alberta y Teresa fueron privadas de su libertad, sentenciadas a 21 años y estuvieron encarceladas por más de tres años.
Jacinta fue liberada en 2009, debido a que la propia PGR presentó conclusiones no acusatorias en cuanto al supuesto secuestro. Alberta y Teresa, fueron excarceladas en 2010, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación las declaró inocentes y ordenó su libertad.
Con el acompañamiento del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro Prodh), Jacinta interpuso en septiembre de 2010 reclamación por la reparación del daño y Alberta y Teresa interpusieron dicha reclamación en abril de 2011.
Desde entonces, la PGR (y por tanto, el Estado Mexicano) se negó sistemáticamente a reconocer públicamente la inocencia de las tres mujeres, provocando una revictimización de las mismas.
A pesar de las sentencias absolutorias, la PGR no solo se negó a reconocer oficialmente la inocencia de Jacinta, Alberta y Teresa, sino que se negó a indemnizarlas por el daño moral causado (por la pérdida de la libertad, el encarcelamiento de tres años injustificado y por la exhibición como delincuentes de sus personas en los medios de comunicación).
En 2014, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ordenó a la PGR reconocer la inocencia y ofrecer disculpa pública a las tres mujeres. La Procuraduría, encabezada entonces por Murillo Karam, se negó e impugnó el fallo.
Finalmente, el 25 de agosto de 2016, la PGR se desistió de la impugnación del fallo que le ordenaba disculparse con Alberta, lo que permitió que este 21 de febrero de 2017 Raúl Cervantes, titular de la Procuraduría General de la República (PGR) en acto público, se dirigiera a Alberta y le ofreciera las disculpas en estos términos: “Sirva este acto para ofrecerles una disculpa públicamente en español y en hñähñu, como medio de reparación del daño”.
Alberta, en su discurso, señaló: “La disculpa pública no me devuelve el tiempo perdido en la cárcel”. Teresa dijo: “Quisiera pedirle, señor procurador, que se comprometa a que esto ya no va a suceder, que más personas no van a ir a la cárcel por delitos que no cometieron” y Jacinta señaló: “Estaré contenta cuando se acabe la injusticia, cuando nos respeten como indígenas”.
Finalmente, Estela Hernández, hija de Jacinta, con voz firme y fuerte, increpó: “Es una pena que a 10 años de los hechos, la Procuraduría pida una disculpa de manera forzada y no por voluntad” “Quedamos ante ustedes, la familia Jacinta, hasta que la dignidad se haga costumbre”.
Esperamos que más pronto que tarde en este país #La dignidad se haga costumbre.
@lupitaramosponce
