La abogada Claudia Chopén exige un alto a la criminalización de los activistas y defensores indígenas en contra de la siembra masiva de palma africana. Por Ronny Aguilar CIUDAD DE MEXICO, 11 de octubre del 2016.- Al exigir un alto a la criminalización de los activistas y defensores indígenas en contra de la siembra de palma africana, Claudia Chopén, acompañante de la Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala, cuenta un poco de la criminalización que ha desatado el Estado guatemalteco contra los defensores de la tierra . La activista defensora de los derechos indígenas y el medio ambiente indica que la criminalización de las luchas sociales por el Estado guatemalteco que, incluso, le ha costado la vida a dos de los activistas defensores de las comunidades ante la expansión de la palma aceitera. “Bastante lamentable, muchos de los activistas de los derechos humanos están guardando prisión perviva, mientras se celebra un juicio, lo que nosotros decimos que no es justo, porque no hay pruebas suficientes, sin embargo, los vinculan a hechos que no admiten caución económica si hubiera una condena, esto significa que aseguran la prisión de los líderes de las comunidades, lo cual es injusto”, expresa. Esto significa que el Estado guatemalteco está protegiendo los intereses de las empresas palmicultoras, encerrando a los defensores y dejando desprotegidas a las comunidades para que los monocultivos extensivos continúen apoderándose de las tierras, además de que aquel que defiende el medio ambiente se convierte en enemigo del Estado, similar a lo que sucede hoy día con el discurso del ilegítimo y espurio Alejandro Moreno Cárdenas en Campeche. “Se supone que en la teoría el derecho penal es la última vía, pero en estos casos se está aplicando el derecho penal del enemigo, en donde la persona se convierte en enemigo de la sociedad, del país, del Estado y lo criminalizan y lo estigmatizan, dañan la figura como autoridad y su valor como persona sobre hechos que no son ciertos y no hay justificación”, señala. Esto es grave de parte del Estado y debe ponerse un límite al tema, sin embargo, aunque hay recomendaciones sobre esto, el Estado guatemalteco hace caso omiso y continúa con políticas invasoras impuestas por el régimen capitalista neoliberal que el gobierno ha adoptado, siguiendo las órdenes de los capitales mundiales y las necesidades de los empresarios. “En Guatemala, defender la vida, el agua, la tierra, es convertirse en enemigos del desarrollo, y eso es una forma de callar la voz, generando temor en la población, quieren con eso crear las condiciones para seguir imponiendo sus proyectos”, puntualiza la abogada. Indica que a eso hay que sumarle la Ley de Maquilas, que convierte a estas partes en zonas francas, libres de impuestos y pagando salarios inferiores a los salarios estándar o mínimos y es una explotación que no puede generar desarrollo, con horarios tan extensos y condiciones en las que desempeñan el trabajo, que no tiene garantías mínimas y fuera de todo tipo de estándar laboral, la seguridad social, económica o prestaciones.