La asesora de Greenpeace México, María Colín, señala que la transnacional y las autoridades de Agricultura serían las responsables de la violación a la suspensión de permisos para siembra de soya transgénica en comunidad mayas.
Por Ronny Aguilar TERCERA Y ULTIMA PARTE CAMPECHE, Cam. 20 de septiembre del 2016.- La empresa transnacional Monsanto y las autoridades de Agricultura en México serían las responsables del desacato a la orden de suspensión de permisos para siembra de soya genéticamente modificada, hasta no realizar una consulta indígena en las comunidades mayas, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo María Colín, asesora de campañas de Greenpeace México. En este momento, la consulta indígena se encuentra sobre la cuerda floja, puesto que están a la expectativa las comunidades mayas de si se confirma o no la siembra de soya transgénica en Hopelchén, después de que pobladores de Iturbide, alentados por la delegación local de la Sagarpa, declararan abiertamente que están sembrando este cultivo, desobedeciendo a la Suprema Corte de Justicia, incurriendo en desacato. Al respecto, Colín manifestó que las comunidades desobedecen el mandato de la Corte, pero las responsables serían las proveedoras de las semillas y quienes implementan los apoyos para las mismas, es decir Monsanto y el Estado. “Primero hay que decir que el solicitante del permiso, no son los agricultores como tal, sino la empresa Monsanto y las autoridades tienen la obligación de seguir la cadena de custodia, la ruta que sigue la semilla, son producidas en Tamaulipas, se almacena en Guanajuato y se destinan a bodegas ubicadas en Hopelchén, las autoridades tienen nombres y apellidos, esas semillas no llegaron ahí sin que ellos supieran cómo, es una ruta de movilización y Monsanto sabe cómo es, y se lo hemos narrado a las autoridades”, indicó. “Además, es una mentira que Monsanto solo vende la semilla, se les dio el permiso, que ahora está suspendido, ellos son los que están condicionados para conservar la bioseguridad de los organismos genéticamente modificados y el que viola es la empresa a la que se otorgó el permiso. Segundo, las autoridades que otorgan los subsidios; sin subsidios que los avalen, no se arma el paquete, porque no solo incluye la venta de semillas, vienen los agroquímicos, en este caso el herbicida glifosato y no puedes colocar una semilla transgénica, si no va acompañada del herbicida, que es parte del componente tecnológico”, explicó. La integrante de Greenpeace declaró que hay un trabajo conjunto entre el gobierno y la empresa, pues hasta los programas de apoyo al campo se destinan a ciertas siembras que obligan al campesino a usar las semillas que ciertas empresas venden o producen. “Los subsidios agrícolas van destinados a fomentar cierto tipo de semillas, tal es el caso de que no se encuentra vastamente en el mercado semilla de soya huasteca, el modelo agroindustrial no se podría sostener sin un paquete de subsidios de parte del gobierno federal”, aseveró. Razón por la indica que no se va a encontrar apoyos para la siembra de maíz y menos de semillas criollas, que prácticamente están siendo condenadas a la extinción, por lo que “hay muchas comunidades pobres, pero subsidiadas, que es como sostienen el modelo agroindustrial”. Lo cual viene a ser un grave error de los gobiernos, ya que dijo que se “está matando a la gallina de los huevos de oro”, ya que la producción apícola supera los 15 mil productores en la Península de Yucatán, que se refleja en más de 45 mil personas que viven de la apicultura de manera directa. “Estamos hablando de choques de modelos de agroproducción, aumenta la agricultura, pero también aumentan las fumigaciones aéreas, incrementan semillas que invaden, un modelo colonizador frente al otro, la gran pregunta es si pueden convivir los modelos, pero me parece que es difícil contener uno de los modelos”, expuso. Puntualizó que si no existiera la dualidad Estado-empresa, no viéramos las complicaciones que hoy se padecen en materia ambiental o mejor dicho, de contaminación por producción agrícola en el país.
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