La asesora legal de la agrupación ambientalista, María Colín, señala como ejemplo que sucede con la soya transgénica: Miles de hectáreas taladas, reservas de agua que se secan y pozos con presencia de químicos, además de que sólo se beneficia a unos cuentos empresarios. Por Ronny Aguilar Primera Parte CAMPECHE, Cam. 6 de septiembre del 2016.- María Colín, asesora legal de campañas de la organización ambientalista Greenpeace México, señala que el costo ambiental de sembrar 100 mil hectáreas de palma africana en Campeche es enorme, pues lo que está sucediendo con la soya genéticamente modificada es un claro ejemplo: Miles de hectáreas taladas, reservas de agua que se secan y pozos con presencia de químicos, además de que sólo se beneficia a unos cuantos empresarios. En esta primera parte de una entrevista concedida vía telefónica, la colaboradora de Greenpeace manifiesta que está trabajando el tema de la soya transgénica, desde noviembre de 2011, cuando la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación(Sagarpa) expidió el permiso para sembrar soya genéticamente modificada en escala comercial, para 253 mil hectáreas en siete estados de la república, de los cuales en dos se lograron amparos, Yucatán y Campeche, pero en base a que son pueblos indígenas, aunque también los apicultores de Chiapas y Quintana Roo están en litigio. Colín expresa que la diferencia entre unos estados y los otros, es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJ) ha aceptado el carácter de pueblos indígenas de Yucatán y Campeche, pues las comunidades en donde está hoy la consulta, se autoinscriben como pueblos indígenas y tienen derecho a una consulta libre, previa e informada, pero esto fue violado y por eso la Corte determina que se deje sin efectos el permiso concedido por Sagarpa, por lo menos para las comunidades señaladas. La ambientalista nacional afirma que “la Corte no le entró de fondo al tema, ya que se hablaba  de violaciones al medio ambiente sano, al derecho al trabajo y el derecho a la salud, situaciones que se encuentran vulnerables dentro del tema agroindustrial”, y es que los amparos presentados eran claros, que hay más de una evidencia de que se estaba impactando el medio ambiente, el derecho a la salud, así como al trabajo, lo cual no tomó en cuenta la máxima corte del país. “Son extensiones grandísimas de siembra y en el caso de la soya transgénica está diseñada para resistir al herbicida glifosato, que está catalogado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como posiblemente cancerígeno, son situaciones que no son estudiadas por el Poder Judicial, y ni tampoco por los que otorgan los permisos, que son las autoridades agrícolas y ambientales”, indica. Menciona que las fumigaciones aéreas en donde se ubican las comunidades mayas, se han incrementado dramáticamente, sin informes y sin tomar en cuenta los efectos que esto tiene en la salud y la flora y fauna, además de muchos otros impactos que van ligados y especialmente el glifosato, que termina, por las características de la Península de Yucatán, en los mantos freáticos. Recuerda que los recientes estudios del doctor Jaime Rendón Von Osten revelan la presencia de glifosato en los pozos de algunas regiones de comunidades de Campeche, pero no solamente se queda aquí, muestras tomadas en el agua potable muestran presencia de glifosato y muestras tomadas por otros académicos en los cenotes también muestran presencia de este herbicida, por lo que estamos  hablando de mediciones que muestran afectaciones a la salud de los pobladores, además de muerte de animales, ligado al tema de la contaminación de agua. Asimismo, agrega, hay que tomar en cuenta la pérdida de la apicultura, porque hay 15 mil apicultores viviendo de esta práctica, y el 80 por ciento de esa miel cuenta con características de exportación, pero para seguir manteniendo esa característica hacia el mercado europeo o en particular al alemán, se requiere que sea libre de polen transgénico, no quieren ningún tipo de trazas de transgénicos. Recomienda que hay que irnos a fondo de todo lo que se está generando, a los que se benefician con estos cultivos y específicamente la soya se va a dos sectores, uno es el de los alimentos para ganadería y el otro es para alimento de pollos, por lo consiguiente, no se habla de un desabasto importante de alimentos para consumo humano, entonces ni siquiera se cumple la promesa básica por el que se siembran estos cultivos. (Algo similar a lo que está sucediendo con la siembra de palma de aceite, la cual se planea sembrar en 100 mil hectáreas del sur del estado de Campeche, con la intensión de generar materia prima para diversas actividades industriales, tanto alimentarias, como textiles, e incluso energéticas). “En este modelo agroindustrial de grandes extensiones, vemos un gran avance de la frontera agrícola, devastando grandes extensiones de bosques y selvas para darle paso a estos cultivos, llámese soya transigencia, llámese palma, y que al final son para una o dos industrias, que llevan implícito además del tema de la deforestación de flora, seca de aguadas, contaminación a través de pozos de absorción de agrotóxicos, impacto a la fauna y la salud de los pobladores”, explica. “Es dramática la apuesta que hace el estado de Campeche, para sembrar 100 mil hectáreas de palma, el costo es enorme, en el caso de la soya va ligado este cultivo con el desmonte de selvas en la región, además de que Campeche y la Península en general tienen una enorme riqueza en ecosistemas, tienen declaradas bastantes áreas protegidas, Calakmul es el pulmón de nuestro país, equivalente a la Amazonía de Brasil, que recientemente es declarado patrimonio natural, no solo cultural y la gran riqueza genética de la zona se ve presionada bajo el modelo agroindustrial”, añade. Revela que hace un tiempo, se reportó de la Comisión Nacional de áreas Naturales Protegidas (Conanp), que la siembra de soya se registraba en zonas donde no había autorización de cambio de uso de suelo, claramente cercanas a Areas Naturales Protegidas y dados los fenómenos meteorológicos a los que están expuestos en la península maya, estas semillas transgénicas terminarían en donde no debería existir presencia de estas plantas. Ante las diversas críticas y descalificativos que se generaron a raíz de la investigación de Rendón Von Osten, la ecologista sostiene que la autoridades del estado y las delegaciones que atienden la materia ambiental en su conjunto, han sido evasivas, puesto que la investigación ha sido muy clara, además de valiente, y este estudio debería ser la pauta para pensar en aplicar el principio precautorio, además de investigar lo que está pasando y las consecuencias para las comunidades. Declara que es complicado que una universidad o investigadores se interesen en este tipo de estudios por las consecuencias y más cuando un gobierno, en lugar de sumar, desacredita como primera reacción, como un bomberazo.