Fiscalía de “Alito” revela que el dinero fue autorizado por el Congreso para “inversiones públicas productivas”, pero lo utilizaron para liquidar la asesoría, administración, gestión  y mantenimiento del crédito de 241 millones de pesos al Banco Interacciones, propiedad de Carlos Hank Rhon. CAMPECHE, Cam. 29 de agosto del 2016.- La Fiscalía General del Estado, a cargo de Juan Manuel Herrera Campos, precisó que la acusación de peculado contra el ex alcalde de Carmen, Enrique Iván González López, y el tesorero Francisco Moguel Reyes la sustenta en los artículos 295 y 296 del Código Penal vigente en Campeche. Los dos ex funcionarios utilizaron 9.3 millones de pesos para pagar la asesoría y administración del crédito y las comisiones de gestión y mantenimiento al Banco Interacciones –propiedad de la familia Hank González, específicamente de Carlos Hank Rhon-, cuando el préstamo estaba autorizado para “inversiones públicas productivas” por el Congreso del Estado. (Al dos de junio del 2016, el gobierno de México le debe a la familia Hank González –del Estado de México- el 37 por ciento de la deuda pública federal. Además, controla el 45 por ciento de la deuda de estados y municipios, a través de Grupo Financiero Interacciones, propiedad de Carlos Hank Rhon, y Grupo Financiero Banorte, presidido por su hijo Carlos Hank González) El artículo 295 del Código Penal establece que “comete el delito de peculado el servidor público que, para usos propios o ajenos, utilice o distraiga de su objeto, dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, municipios, poderes legislativo y judicial del estado, dependencias o entidades de la administración pública estatal, los organismos autónomos estatales, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, depósito o por otra causa”. El segundo párrafo del artículo 296, manifiesta que “si el monto excede del equivalente a mil salarios mínimos, la sanción será de cinco a diez años de prisión, multa de quinientos a dos mil días de salario, destitución e inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos”. En conferencia de prensa, el fiscal general del Estado, Juan Manuel Herrera Campos, informó que la denuncia fue interpuesta por la Auditoria Superior del Estado de Campeche (Asecam) y explicó que los hechos que involucran a los ciudadanos, se registraron cuando eran funcionarios públicos del Ayuntamiento del municipio del Carmen, en el trienio 2012-2015, el primero como presidente municipal y el segundo como tesorero, a los cuales  se les imputa haber distraído de su objeto la cantidad de nueve millones 281 mil 392 pesos. Añadió que durante el tiempo que González López y Moguel Reyes desempeñaron sus cargos dentro de la administración municipal de Carmen, el Congreso del Estado autorizó un endeudamiento por la cantidad de 241 millones de pesos, para ser utilizados únicamente en inversiones públicas productivas. “Sin embargo, los ahora ex funcionarios, una vez obtenido el crédito respectivo, utilizaron seis millones 150 mil 320 pesos para el pago de asesorías para obtención y administración de financiamiento, y tres millones 131 mil 72 pesos, para cubrir las comisiones de gestión y mantenimiento del Banco Interacciones, S.A.”, expresó. El funcionario estatal precisó que el 14 de julio de 2016 se recibió la denuncia presentada por el director de Auditoría “B” de la Asecam, en la que refirió haber designado personal a su cargo para realizar la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2014 del municipio de Carmen, emitiendo el pliego de observaciones correspondiente, por la cantidad de seis millones 150 mil 320 pesos. “Posteriormente, el 26 de julio del 2016, compareció de nueva cuenta el citado querellante, quien amplió su denuncia por la cantidad de tres millones 131 mil 72 pesos, que fue utilizada como pago por comisión de apertura de la cuenta en la que fue depositado la totalidad del crédito autorizado, sin embargo, esta cantidad también fue cubierta del crédito otorgado exclusivamente para inversiones públicas productivas”, indicó. “Cómo parte de las diligencias, los días cuatro y cinco de agosto, comparecieron a rendir entrevista los auditores, quienes aclararon su participación dentro del procedimiento de revisión y fiscalización de cuenta”, agregó. Herrera Campos comentó que, con base a lo anterior y una vez concluidas las investigaciones, el Ministerio Público solicitó al juez de Control las respectivas órdenes de aprehensión en contra de los ex funcionarios, las cuales fueron libradas el 25 de agosto. Abundó que el sábado 27, se dio cumplimiento al mandamiento judicial en contra de los indiciados, en Ciudad del Carmen, y fueron trasladados a esta capital, donde fueron puestos a disposición del juez de Control en el Centro de Reinserción Social de San Francisco Kobén. Aseveró que, continuando con los procedimientos legales, el domingo 28, a las 09:00 horas, se celebró la audiencia inicial, que se inició teniendo como defensores de los indiciados a los defensores públicos. Sin embargo, en ese mismo acto, el ex presidente municipal nombró a cuatro abogados como sus defensores particulares, y el ex tesorero designó a dos abogados como sus defensores particulares. “Por lo anterior, a las 09:40 horas del día en cuestión se concedió un receso de tres horas, a fin de que los defensores se impusieran de la carpeta de investigación, reanudándose la audiencia a las 12:40 horas del mismo domingo, momento en que el Ministerio Público formuló imputación en contra de los detenidos, haciéndoles del conocimiento que se desarrolla una investigación en su contra por el delito de peculado; las personas imputadas se reservaron el derecho a emitir declaración alguna y se acogieron a la duplicidad del plazo constitucional”, subrayó el fiscal general del Estado. Apuntó que antes de la suspensión de la audiencia, el Ministerio Público solicitó se decrete la medida cautelar de prisión preventiva, solicitud que el juez de Control consideró  procedente hasta que se resuelva su situación jurídica, fijándose el jueves uno de septiembre, a las 14:00 horas, para dar continuidad a la audiencia inicial en la sala “Federación”, ubicada en el poblado de San Francisco Kobén.