En los buenos tiempos de campaña, el ilegítimo y espurio Alejandro Moreno Cárdenas y el ex alcalde preso/Hoy, la jueza Ana Concepción Gutiérrez ordenó la prisión preventiva para Enrique Iván González y Francisco Moguel, hasta que se resuelva su situación jurídica. Por Ronny Aguilar SAN FRANCISCO KOBEN, CAMPECHE, Cam. 28 de agosto del 2016.- La defensa del ex alcalde carmelita, Enrique Iván González, y del ex tesorero, Francisco Moguel Reyes, detenidos el día de ayer por el delito de peculado de 9.3 millones de pesos, solicitó la ampliación del término constitucional, por lo que será el jueves primero de septiembre, a las 14:00 horas, cuando se lleve a cabo la audiencia de formulación de imputación. En tanto, la jueza Segunda de Control, Ana Concepción Gutiérrez Pereira, concedió la medida cautelar de prisión preventiva para González López y Moguel Reyes, hasta que se resuelva la imputación. Hoy se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación contra el ex alcalde y ex tesorero de la Comuna carmelita, por el delito de peculado, por el monto de nueve millones 281 mil 320 pesos, que fueron extraídos de un crédito de 241 millones de pesos, adquirido en el tiempo en el que gobernó el municipio petrolero. En una audiencia que se prolongó más de siete horas, con tres de receso, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional de 72 horas para la formulación de imputación, alcanzando hasta 144 horas, pero la jueza solo concedió 96 horas de las 144, quedando la audiencia asentada para el jueves primero de septiembre, a las 14:00 horas. La audiencia inició puntual a las nueve de la mañana e inmediatamente se mandó a un receso, a solicitud de las partes para conocer el caso, se reanudó a las 12 horas, e inmediatamente la defensa solicitó que la Fiscalía corra traslado de la totalidad del expediente, mismo del que tenía copia, sin embargo, dijo que necesitaban tener certeza de que no existían omisiones de la parte investigadora. Asimismo, la defensa manifestó que se habían violado los derechos humanos de su defendido, al haber estado sometido al escrutinio público, y como evidencia presentó los ejemplares de los periódicos locales Tribuna, Crónica, Novedades, La I y Por Esto!, en donde señalan expresamente que ingresó al penal Enrique Iván González, lo cual solo debía conocer la autoridad y la Fiscalía violó su presunción de inocencia y su confidencialidad. Por esta razón, pidió que se gire un oficio a los medios de comunicación antes señalados, porque afecta los derechos humanos de su defendido, asimismo, pidió que se incorporen los ejemplares publicados a la carpeta judicial. Ante esto, la Fiscalía señaló que no emitirá ningún comunicado al respecto y mencionó que los detenidos son figuras públicas conocidas y ex servidores públicos y este es un caso de relevancia para la sociedad, por las implicaciones que tiene y los daños a la comunidad. Los abogados de Enrique Iván solicitaron que  se gire oficio a la Comisión de los Derechos Humanos, pues se conocen muchos detalles del caso y que sea la CDHEC que determine si hay o no violaciones a derecho. La jueza concedió este señalamiento, pidió que se procederá a girar los oficios pertinentes, para exhortar, “independientemente de que los medios fueron capacitados”, girar oficio a los titulares de los medios de comunicación y a la Fiscalía del Estado, asimismo a los Derechos  Humanos. La imputación de la Fiscalía Una  vez señalado lo anterior, la Fiscalía procedió formalmente a solicitar la imputación contra los antes señalados, por el delito de peculado, en base a la siguiente exposición de motivos: Según la carpeta de investigación judicial 265/2015-2016/J.C., Francisco Moguel Reyes y Enrique Iván González López, en carácter de tesorero y alcalde, extrajeron dinero de un préstamo de 241 millones hechos para el municipio de Carmen, mismos que debieron usarse para la generación de programas de desarrollo e inversiones productivas, y no para beneficiar a personas ajenas o realizar pagaos de comisiones bancarias. Tres millones 171 mil 72 pesos fueron usados para pagar comisiones bancarias y seis millones 150 mil 320 pesos se usaron para pagar a la empresa de Chiapas Estrategias Empresariales, el pasado 19 de diciembre de 2013. El delito fue en el carácter de doloso y ambos aceptaron el resultado, y en carácter de coautores, ya que sin uno u otro no se hubiera consumado el hecho, lo anterior acredita el delito de peculado, razón por la que se solicita la vinculación a proceso. La mayor parte de la comparecencia del día se tuvo ante la solicitud de la Fiscalía de medida cautelar de prisión preventiva, por el tiempo que dure el proceso, al considerar que otras medidas no serían suficientes, concordando la proporcionalidad de las circunstancias. La parte acusadora consideró que existe el riesgo de que la parte señalada decida sustraerse de la ley, ya que cuando se dio inicio a la investigación, se enviaron citatorios a sus domicilios y se constató que ambos tenían dos domicilios. En esta capital, el ubicado en Llovizna, en Fracciorama, el cual no fue encontrado y no conocen el número los vecinos, y en la colonia Miami, en Ciudad del Carmen, y se le encontró en las dos ocasiones que fue llamado a declarar, se fijaron las placas fotográficas de los citatorios en el predio, lo mismo con Francisco Moguel Reyes, con dos domicilios en San Nicolás, en Ciudad del Carmen, donde no se encontró el domicilio, y el otro en el fraccionamiento Puente de la Unidad, pero al acudir, se encuentra a un persona del sexo masculino, quien dijo que era el domicilio, pero no conocía a las personas de la que se hablaban. Se dijo que ambos fueron citadas a la Auditoria Superior del Estado y ahí sí se presentaron, pero como era administrativo, porque no hay pena corporal, pero en este caso hicieron caso omiso, el máximo de la pena es de cinco a 10 años de prisión, y multa de 500 a 2000 salarios mínimos. Se reveló que ambos tienen posibilidades de salir del país, ambos tienen registros de entradas y salidas del país, Enrique cuatro salidas del país, la última este año, en febrero, saliendo de Yucatán; el otro salió por vía terrestre, Enrique tiene su pasaporte vigente hasta julio de 2018. En la comparecencia ante la ASE, el nueve de agosto, pero el llamado a esa comparecencia fue a la misma dirección de las judiciales, por lo que no se presentaron y tienden a ser selectivos con la autoridad. Enrique Iván, se detalló, está en proceso en la Secretaría de la Función Pública, inhabilitado para trabajar en el gobierno federal 10 años y multa 35.6 millones de pesos, por su mal desempeño como delegado de Semarnat, por otorgar permisos en beneficio económico. Problemas del corazón y fallas renales, argumenta ex alcalde La defensa dijo que ambos cuentan con domicilios en esta ciudad y pidieron se tomara en cuenta ya sea una medida cautelar económica o en resguardo domiciliario. Ante estos argumentos, el mismo Enrique Iván declaró que trabajó en Semarnat y la Secretaría estatal de Salud, por lo que no se sustraería de la ley y estaría en su casa, asimismo, comentó que si salió del país fue porque tenía problemas del corazón y fallas renales, razones por las que pidió su liberación, pero no se le concedió. La jueza indicó que en base a la hipertensión que aparentemente tiene el ex alcalde, se informe a la prisión y pidió  que se incorpore la carpeta judicial para que sea considerado por la jueza, explicó que sí le fija la medida cautelar de prisión preventiva, pero únicamente mientras se resuelva su situación jurídica, asimismo, ordenó que le presten los servicios médicos requeridos.