El asesor legal, Jorge Fernández Mendiburu, señala que todo depende de las respuestas de las dependencias ambientales y expresa que lo que sucede con la soya transgénica, debería ser un ejemplo para proyectos como el de la siembra masiva de palma africana. Por Ronny Aguilar CAMPECHE, Cam. 18 de agosto del 2016.- Jorge Fernández Mendiburu, integrante del equipo Indignación A.C., señaló que dependerá de las repuestas de las dependencias encargadas del medio ambiente, la decisión de las comunidades de continuar o no en la consulta, y dijo que lo que sucede con la soya debería ser un ejemplo para otros proyectos, como el de siembra masiva de palma de aceite. El asesor legal de las comunidades mayas manifestó que más allá del recurso presentado ante el Juzgado de Distrito, se cumplió con la necesidad de acercar a la autoridad los errores que se están presentando en la consulta y la posibilidad de siembra de soya genéticamente modificada, a pesar de la suspensión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de que el Juzgado escuchara de viva voz el sentir de las comunidades. Fernández Mendiburu también expresó que conforme se vayan presentando más violaciones al proceso, se seguirá informando al juez, aunque por supuesto, se espera que no se presenten más de estas anomalías. Expresó que más que lo legal, si las comunidades sienten que no hay las condiciones para que esta consulta siga, de manera libre e informada y de buena fe, respetando todos los derechos humanos que recogió la Suprema Corte en su resolución, pues están las comunidades en su derecho a no continuar y ahí los asesores legales solo se atienen a lo que las comunidades decidan, de si hay condiciones o no. “Lo que pediríamos es que los que están encargados de realizar la consulta, así como los que están encargados de verificar que no se siembre la soya genéticamente modificada, se atengan a la sentencia y actúen en consecuencia, para que sea una consulta con las características idóneas, si las comunidades deciden suspender, se suspenderá, los abogados poco tenemos que decir”, indicó. Explicó que gran parte de las complicaciones que se están presentando, las han ocasionado las mismas autoridades, y recordó que un principio, el delegado de la Sagarpa  hacía ver cómo si era posible la siembra de la soya genéticamente modificada, mientras que recientemente señaló que efectivamente por resolución de la Suprema Corte, no se puede sembrar soya, el cambio de discurso evidenció que se debe a dos factores; uno, las comunidades han estado prestas a denunciar las anomalías y establecer el alcance de la sentencia de la SCJN, y dos, un llamado del órgano de control interno a los funcionarios públicos. “Hubo un jalón de orejas al delegado, porque estaba declarando, diciendo que la soya transgénica si se podía sembrar, que iban a haber posibilidades para los menonitas, porque eso no está a discusión y eso no es lo que mandata la Corte”, apuntó. Con respecto a la postura que adoptó la Semarnat, el abogado mencionó que “yo lo que puedo decir de esto es que la Semarnat  ha tenido un papel lamentable de todo esto, desde que la DGIRA dio la autorización, desoyendo a varias dependencias que decidieron no avalar la siembra de soya en su fase comercial, me parece que han sido poco protectores del medio ambiente y si han sido proclives a los intereses de las empresas”. Concluyó que la decisión de las comunidades indigenas tendrá mucho que ver en cómo la Profepa va a responder a las quejas que ya se presentaron, que tiene que ver en cómo la Senasica va a responder a las denuncias públicas y por escrito, que se han presentado de siembra ilegal, es decir, que conforme el Estado responda a las medidas y acciones que se han iniciado, fundadas en las resolución de la SCJN, se permitirá a las comunidades evaluar si quieren o no seguir en la consulta. “Si se siguen construyendo pozos de absorción y se sigue sembrando ilegalmente y la autoridades no actúan ni investigan, parece que habrá elementos para que se decida parar la consulta”, advirtió. El tema de la palma africana debe discutirse con la sociedad civil Jorge Fernández afirmó que el hecho de que se haya encontrado glifosato en la orina de algunas personas de las comunidades de Hopelchén, es el inicio de la visualización de las afectaciones de este tipo de proyectos, pensados más en términos de favorecer este tipo de empresas o de grandes empresas, en lugar de un modelo de agricultura que sea compatible o lo más compatible con las identidad cultural. “Me parece que hay una ausencia importante de las autoridades encargadas de velar por el medio ambiente, desde el nivel estatal, hasta el nivel federal, Profepa, Conagua, se debería estar verificando que no se afecte el medio ambiente sano, a la salud, me parece que es un elemento que se incluirá o se debe incluir en el proceso de consulta, debe estar en la mesa de consulta que se está generando, nos pone sobre la mesa varios temas, como la violación al principio precautorio”, aseveró. “Es claro que se están usando agrotóxicos, sin medir las consecuencias que se puede tener, tanto en la salud, como en el medio ambiente, lo que está pasando con la soya transgénica debe ser un ejemplo para construir mecanismos de diálogo con la sociedad civil, donde todos estos proyectos causen impactos, se discutan con la sociedad civil”, agregó. “El tema de la palma, por ejemplo, debería ser un tema que se discuta con amplios sectores de la sociedad, porque aparentemente puede traer beneficios “económicos”, pero como se ha documentado en otras partes, trae daños al medio ambiente y la salud”, abundó. “Entonces, el Estado debe cambiar el chip y construir nuevas políticas públicas, no se puede solamente basar en el desarrollo económico y en beneficiar a los grandes empresarios, me parece que en México y Campeche no es la excepción, ese es el criterio para definir cuándo se aprueban este tipo de políticas, lo que está pasando con la soya transgénica debería de llevar otro tipo de espacios”, puntualizó.