El 9 de agosto publicó un reportaje sobre conflicto de interés en gobierno mexicano, con un departamento que utiliza en Miami, Florida, la esposa de Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera. CIUDAD DE MEXICO, D.F. 19 de agosto del 2016.- La organización civil Artículo 19 denunció que José Luis Montenegro, corresponsal en México de The Guardian, fue amenazado días después de que informara sobre la existencia de un departamento de lujo a nombre de la primera dama Angélica Rivera en un complejo residencial de un contratista del gobierno mexicano. El periodista dijo a Artículo 19 que el 12 de agosto, por medio de Twitter, fue mencionado por el usuario @jovenplacebo, ahora inexistente: “Joven @jl_montenegroj el jefe ha solicitado MESURA en sus textos, esto de antemano para que nadie salga lastimado (sic)”. El tuit incluía una imagen de dos balas. Montenegro recibió otra amenaza el 15 de agosto, esta vez por parte del usuario @manuelpmane, quien le envió una imagen de una persona con pasamontañas y una pistola en la mano: “@jl_montenegroj pinche pseudoperiodista. Estamos sobre ti, la patrona ya dio la orden (sic)”. El nueve de agosto, The Guardian publicó una investigación periodística de Montenegro, en la que expone un posible conflicto de interés, en el que se involucran la Presidencia de México, encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto, y el empresario Ricardo Pierdant. En 2014, la empresa Biscayne Ocean Holdings LLC, propiedad de Pierdant, pagó la suma de 29 mil 703.82 dólares por concepto de impuesto predial por un departamento ubicado en Miami, Florida, propiedad de la primera dama. De acuerdo con las fuentes citadas por Montenegro, Grupo Pierdant es una empresa que podría concursar en el gobierno federal por la construcción de puertos marítimos. La agrupación reiteró que la búsqueda, publicación y difusión de información que revelan posibles actos de tráfico de influencias, conflicto de interés y/o corrupción por parte de autoridades, debido al interés público que genera, es un discurso especialmente protegido por el derecho a la libertad de expresión y no debe estar sujeta a mecanismos de censura directa o indirecta, como lo han sido las amenazas, ataques cibernéticos, inicios de procesos legales y actos intimidatorios en contra de periodistas y medios de comunicación. En marzo de 2015, Artículo 19 se pronunció acerca de los continuos ataques contra la periodista Carmen Aristegui y su equipo de investigación, luego de la publicación del reportaje “La casa blanca de Enrique Peña Nieto“. Un año después, en junio, documentó el inicio de un proceso legal por daño moral por parte de la empresa MVS Radio en contra de la comunicadora y de la editorial Penguin Random House, a causa del supuesto perjuicio ocasionado a partir del prólogo del libro del mismo nombre. En este contexto, los actos desplegados contra Montenegro se enmarcan en la respuesta especialmente virulenta contras las y los periodistas que revelan posibles actos de corrupción por parte de las autoridades de más alto nivel en México. Debido a ello, la organización urgió a las autoridades a garantizar la labor periodística de quienes investigan y revelan presuntos actos de corrupción de funcionarios públicos y el derecho de la sociedad a estar informada, especialmente sobre temas de carácter público. Artículo 19 exigió a las autoridades federales a llevar a cabo las medidas necesarias para salvaguardar la integridad del periodista.