Artemia Fabre, de la organización Diálogos en Movimiento, señala que no ha habido un debido proceso para los presos mayas en Campeche, principalmente por la carencia de intérpretes. Por Ronny Aguilar CAMPECHE, Cam. 17 de agosto del 2016.- La organización civil Diálogos en Movimiento presentó su  “Informe sobre el debido proceso para población indígena en prisión en el Estado de Campeche: Rezagos y Logros”, en el que evidencia el grave problema que se está presentando por la carencia y capacitación para los traductores, lo que imposibilita un justo y debido proceso de impartición de justicia para los indígenas. En entrevista realizada por Paginabierta.mx, Artemia Fabre explica que la asociación civil Diálogos en Movimiento está trabajando por una interculturalización y una política pública  hacia la interculturalidad, por lo que hoy justamente se presentó un informe del debido proceso de la población indígena en cárceles de Campeche. Señala que los trabajos iniciaron desde el 2010, con procesos de diálogos y fue el pasado año de 2015 cuando se hizo un corte para realizar un proceso de evaluación, para ver la diferencia entre los sistemas de justicia y las variaciones hacia las poblaciones indígenas y el debido proceso, básicamente todo fundado en el sistema de justicia mixto. Indica que en las cárceles, más de la mitad o la mitad de los presos están bajo proceso, sin sentencia, con probabilidad de inocencia, pero recluidos. “En el caso de la población indígena recluida, revisamos expedientes, realizamos entrevistas con funcionarios públicos también, para conocer cuál es la situación actual del debido proceso para población indígena”, agrega. “En un cuestionario cerrado que realizamos en 48 entrevistas, en 47 casos, hay una falta de debido proceso, y hay un 95 por ciento en la falta de diligencia en materia de pertenencia cultural”, apunta. La antropóloga manifiesta que aunque hay muchos casos de personas indígenas que dicen que no hablan español y no se brinda un intérprete, llegando a darse casos de personas con 30 años recluidas, las cuales desde el día uno hasta ahora, están siendo violados sus derechos, porque básicamente firmó un papel que no entiende y nunca entendió nada de su proceso. “Nosotros encontramos que hacen caso omiso a que no tuvo intérprete y no hay reposición de procedimiento o no hay un amparo liso y llano a la población indígena, esperamos que con el nuevo sistema se modifique”, abunda. Plantea que la mayor problemática está en la barrera del leguaje, pues desde el día uno del arresto o desde que se cumple la orden de arresto, si la persona no sabe por qué se le está señalando, ya hay una falta de debido proceso. Asimismo, expone que en la integración de las carpetas hay deficiencias, tales como la nula investigación de los abogados, que se fundan en lo que dice la Fiscalía por la falta de recursos y esto ya es una falta de debido proceso, además de que todo es en base a careos y si la persona no entiende, no puede hablarse de un proceso adecuado y si de violaciones a derechos humanos. “Es necesario que haya intérpretes que sean capacitados y que haya recursos designados para el pago de intérpretes”, añade. A lo anterior, dice que hay que sumarle el gran desconocimiento de la población hacia sus derechos humanos y más aún cuando se habla de poblaciones indígenas, que aunque le des textos, no los entienden, incluso en su propia lengua, ya que muchos no saben leer y escribir. “La gravedad de estas situaciones que se están presentando en Campeche radica en que al no haber un debido proceso, debería dejarse en libertad al imputado, pasando a segundo término si existe el delito, quedando en el aire la impartición de justicia”, asevera. Afirma que en la administración pasada, se firmaron acuerdos con la Fiscalía General del Estado, antes Procuraduría General de Justicia, y con el Tribunal Superior de Justicia, pero este convenio ha caducado y están a la espera de firmar nuevos convenios con la parte institucional.