Ni el gobierno federal, a cargo del “amigo” de Campeche, Enrique Peña Nieto; ni el estatal, a cargo del ilegitimo Alejandro Moreno, saben a ciencia cierta cuántas hectáreas establecerán de palma africana en lo que resta del 2016. Por Daniel Sánchez CAMPECHE, Cam. 6 de agosto del 2016.- Ni el gobierno federal, a cargo del “amigo” de Campeche, Enrique Peña Nieto; ni el estatal, a cargo del ilegítimo y espurio Alejandro Moreno Cárdenas, saben a ciencia cierta cuántas hectáreas sembrarán de palma africana en lo que resta del año 2016 en el estado de Campeche. Lo cierto es que hasta esta fecha, ninguna hectárea más ha sido sembrada del monocultivo, según las autoridades, con excepción de las 300 establecidas ilegalmente por el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), el empresario Armando Constantino Toledo Jamit, en el rancho Oxcán, en el municipio del Carmen, de la compañía Frutoka, de la cual es el principal accionista. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a través de su delegado, Cruz Alberto Uc Hernández, informó a finales de junio que serían 10 mil de las 100 mil hectáreas las que se establecerían este año, pues apenas el 15 de julio se cerraba la ventanilla para los subsidios que recibirán los productores para viveros y establecimiento de plantaciones de la oleaginosa en el sur de Campeche. En reunión con socios de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el funcionario federal manifestó que se encuentran abiertas las ventanillas para el registro de solicitudes y el programa tiene “incentivos” importantes para los productores, como el apoyo del 50 por ciento en la producción de planta y el establecimiento de la plantación, con un monto máximo de hasta 750 mil pesos por persona física. “Apoyos con el 50 por ciento en el costo de mantenimiento preproductivo en los dos primeros años de establecimiento, construcción de plantas extractoras y refinadoras, con un 50 por ciento del costo real, siempre y cuando considere la participación de pequeños productores como accionistas. Se propone que el inversionista privado aporte hasta el 40 por ciento en la producción primaria y en el proyecto agroindustrial, la proporción aceptable es del 60 por ciento para los inversionistas privados”, puntualizó. Días después, el cuatro de julio, Moreno Cárdenas volvió a sus anuncios sin sustento e insistió en que “para convertir a Campeche en el estado palmicultor del país, se impulsa la siembra de 100 mil hectáreas de palma de aceite, lo que generará una importante derrama económica con la instalación de 18 plantas extractoras (tres más que en el planteamiento inicial), el establecimiento de 30 mil hectáreas de invernadero y la generación de 18 mil empleos en seis años”. En la reunión de seguimiento del Programa de Reactivación Económica y Desarrollo Productivo de Campeche, “Alito” reveló que “ya están comprometidas con el sector social las primeras 27 mil hectáreas, con las que arrancará el ambicioso proyecto productivo”. Sin embargo, la Secretaría de Desarrollo Rural, a cargo de Toledo Jamit, acortó las metas y dio a conocer a Paginabierta.mx como “proyecciones futuras” que “el denominado programa estratégico de palma de aceite Campeche de Sagarpa, prevé en el año 2016 establecer cuatro mil 100 hectáreas nuevas de cultivo y establecer viveros para el año 2017 de 21 mil hectáreas”. “Para el año 2017 establecer viveros para 25 mil hectáreas y para el 2018, viveros para 30 mil hectáreas”, agregó la dependencia estatal y aclaró que “es importante mencionar que la ejecución del mismo dependerá de la demanda de los productores, de los apoyos federales y a la disponibilidad presupuestal”. “Alerta Ambiental” por la palma Desde marzo del 2016, cuando Alejandro Moreno anunció el Programa Estratégico de Palma Africana como una alternativa al derrumbe económico estatal, acentuado bajo su administración, el estado de Campeche está en “Alerta Ambiental”. El Programa, según la escasa información difundida oficialmente, contempla el establecimiento de 100 mil hectáreas más de plantaciones de palma aceitera, adicionales a las 18 mil hectáreas ya existentes en el territorio estatal, y 15 plantas extractoras de aceite. El 60 por ciento de la superficie sería propiedad del sector social, o sea, tierras ejidales y comunitarias, de las cuales ya estarían comprometidas las primeras 25 mil, según la última declaración de Alejandro Moreno. La mayor parte se establecería en terrenos con algún tipo de riego, utilizando agua de los ríos y arroyos de la región, como el Río Blanco, el Candelaria, el Chumpán y el Mamantel, que resultarían contaminados por los fertilizantes y plaguicidas utilizados en las plantaciones.