Por Ixchel Cisneros y Eduardo Espinosa CIUDAD DE MEXICO, D.F. 15 de julio del 2016.- Bryan Reyes Rodríguez tenía 26 años cuando fue detenido cerca del Teatro Blanquita en la Ciudad de México. Iba a una manifestación por la toma de protesta del presidente mexicano Enrique Peña Nieto. Asegura que cuando lo aprehendieron entre varios policías, lo golpearon, desnudaron y le aplicaron descargas eléctricas. Se lo llevaron a las oficinas del ministerio público pero lo presentaron ante el juez dos horas después. Lo consignaron por daños en propiedad privada y ataques a las vías de comunicación por la supuesta agresión a un Metrobus. Cuando ya estaba bajo custodia, le fincaron el delito de ataques a la paz pública. Bryan dice que no se resistió al arresto, cómo hacerlo si lo apuntaban con una pistola. Ese día hubo 121 manifestantes heridos, nueve de ellos de gravedad, como el maestro de teatro y activista Kuykendall, quien tuvo una fractura de cráneo expuesta causada por una bomba de gas lacrimógeno, estuvo en terapia intensiva dos años y falleció el 26 de enero de 2014. Además, 85 personas fueron arrestadas. Catorce de ellas procesadas y estuvieron presas 27 días, entre ellas Reyes Rodríguez. A los demás, les fijaron una fianza de 44 mil pesos, a él de 111 mil. En ese momento, Andrés Medina, uno de sus abogados, declaró a la prensa que era preocupante que la autoridad haya hecho caso omiso de las “graves irregularidades de su detención y de cómo le fincaron responsabilidades”, pues si bien existió una primera acusación de daño en propiedad privada, ésta no implica el riesgo de pasar hasta 30 años de prisión, como sí ocurre con el delito de ataques a la paz pública. Bryan estuvo 27 días preso en el Reclusorio Norte y salió bajo fianza, pero su proceso penal no culminó sino hasta el 26 de febrero de 2016, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación le otorgó un amparo por considerar que el delito de ataques a la paz pública era inconstitucional, porque violaba el principio de taxatividad, es decir, que su definición era amplia e imprecisa. El artículo 362 del Código Ppenal del Distrito Federal, dice: Ataques a la paz pública. Se les impondrán de dos a siete años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta por diez años, a los que mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, por inundación o violencia, realicen actos en contra de las personas, de los bienes públicos o privados o servicios públicos que perturben la paz pública. Desde el año 2012, en la Ciudad de México, organizaciones de la sociedad civil, como la Coordinadora 1DMX, han registrado más de 600 casos de detenciones arbitrarias en el marco de protestas sociales y si hacemos un recuento respeto de los delitos que el Ministerio Público imputa a los detenidos, encontramos que la mayoría son por: ultrajes a la autoridad y ataques a la paz pública. Ultrajes a la autoridad Durante la manifestación del dos de octubre de 2013, la activista Gabriela Hernández Arriola, conocida en redes sociales como Luna Flores, fue detenida luego de que un grupo de policías la acusara de haberles gritado: “puercos asalariados” y supuestamente arrojarles algunos objetos. A pesar de que este delito no es considerado grave y podía continuar su proceso en libertad, la juez penal Marcela Ángeles Arieta la consideró “de alta peligrosidad social”, por lo que estuvo recluida seis meses en la prisión femenil de Santa Martha Acatitla. Al final, fue sentenciada a un año tres meses de prisión, permutable con el pago de una multa de 19 mil pesos. Según el Código Penal del Distrito Federal, se entiende como: Al que ultraje a una autoridad en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de veinte a cien días multa. “La existencia de este tipo de delitos pone en una posición grave a quienes somos críticos con el gobierno. Sobre todo en un contexto de violaciones a los derechos humanos. Se han generado una serie de operativos contra la libertad de expresión, a la protesta. Operativos realizados por el gobierno de la Ciudad de México, en contubernio la policía federal”, aseguró Guillermo Naranjo, uno de los defensores de la Liga de Abogados 1 de Diciembre, quienes interpusieron tanto el amparo de Bryan, como el de Luna. El siete de marzo de 2016, la SCJN declaró inconstitucional el delito de “ultrajes a la autoridad” porque también carecía de los principios constitucionales de taxitividad y restringía de manera importante la libertad de expresión y el derecho a manifestarse de los ciudadanos. Por estas irregularidades, el colectivo Compas DH denunció, el 20 de noviembre de 2015, penal y administrativamente a autoridades de la Ciudad de México y federales por graves violaciones a derechos humanos ocurridas en nueve manifestaciones en la Ciudad de México, los procesos siguen su curso. “El uso por parte del Estado de la fuerza y la justicia penal como herramienta de represión de la manifestación social, la agresión directa y el amedrentamiento, el desprestigio y la difamación, la criminalización de víctimas, denunciantes y defensores. El Estado mexicano se lanza contra mexicanos protestando de manera legítima”, dijo la politóloga Denise Dresser, quien es integrante de Compas DH. Sergio Soto, abogado de la Liga 1 de Diciembre, manifestó que desde diciembre de 2012, tienen registrados 50 ciudadanos presos en penales de la Ciudad de México por los delitos de ultrajes a la autoridad y ataques a la paz pública en el marco de protestas sociales, y que estas personas pueden beneficiarse de los precedentes sentados respecto de la inconstitucionalidad de los delitos antes mencionados, pero que dependerá del estado procesal de sus juicios para determinar una estrategia jurídica. Asimismo, explicó que hay otra vía para poder invalidar de forma general estos tipos penales, que sería a través de los legisladores de la Ciudad de México, quienes podrían proponer la derogación de los delitos. Sin embargo, hay actores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que buscan reformar los artículos para poder seguir utilizándolos para criminalizar.