Obstáculos: Agricultura industrial, Reforma Energética y política antidrogas

Organizaciones civiles, como DECA Equipo Pueblo y Social Watch México, cuestionan la política agrícola del gobierno mexicano, el marco jurídico en materia energética y el impacto devastador del combate a las drogas.

CIUDAD DE MEXICO, D.F. 14 de julio del 2016.- Organizaciones civiles que dan seguimiento a la Agenda 2030 de la ONU señalaron, entre otros obstáculos para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la política agrícola del gobierno mexicano, que beneficia a la agricultura industrial por sobre los pequeños productores; el marco jurídico de la Reforma Energética, que favorece a los proyectos energéticos públicos o privados, nacionales o transnacionales, y la política antidrogas, que ha tenido un impacto devastador en México. Las agrupaciones, entre ellas DECA Equipo Pueblo y Social Watch México, dieron a conocer el informe de México para el logro de la Agenda 2030, en el que “la constante es la falta de enfoque de derechos humanos y de sustentabilidad en marcos normativos y de políticas públicas relacionados con temas que abarcan los ODS, y recomienda revisar, reformar y reorientar algunos de esos marcos, si se pretende seriamente generar condiciones de viabilidad para la Agenda, así como círculos virtuosos entre ODS y metas”. Las organizaciones del Espacio de articulación de sociedad civil para el seguimiento de la Agenda 2030 en México coincidieron con el Resumen Ejecutivo del Reporte de la Revisión Nacional del Cumplimiento de la Agenda 2030 ante el Foro Político de Alto Nivel (FPAN), en que garantizar presupuesto público, facilitar la participación de sociedad civil, e involucrar a los gobiernos subnacionales en el cumplimiento de la Agenda son retos clave de nuestro país. “Pero a partir del análisis de la realidad nacional, del marco legal, institucional y de diseño y aplicación de políticas públicas también identificamos otros retos y obstáculos estructurales sobre los que formulamos recomendaciones, con el propósito de generar una “alerta temprana” sobre la necesidad revisar, ajustar y mejorar ciertos marcos con enfoque de derechos humanos y sustentabilidad para generar condiciones de viabilidad para la implementación de la Agenda y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus metas en México”, expresaron. Manifestaron que “la actual política en materia de alimentación y agricultura presenta retos que dificultan la implementación del ODS 2 y de sus metas 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4., en un contexto nacional en el que 27.4 millones de mexicanos viven en condiciones de inseguridad alimentaria moderada o severa, mientras la principal estrategia, Cruzada Nacional contra el Hambre, atiende solamente a 7.01 millones de personas en pobreza extrema de alimentación y ha sido ineficaz por deficiencias de diseño e implementación”. “Por otro lado, aunque el 80 por ciento de los productores en México son de pequeña escala, la mayoría del presupuesto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) beneficia a los medianos y grandes agricultores, a la agricultura industrial, mientras se promueve el uso de agroquímicos y organismos genéticamente modificados”, compararon. “A la vez, es preocupante la creciente alianza entre gobiernos y empresas multinacionales que continúan beneficiando intereses privados, a costa de los pequeños productores, de la alimentación y del medio ambiente”, agregaron. “Las recomendaciones incluyen: diseñar una política nacional integral para promover el derecho a la alimentación y asignarle un rubro en el presupuesto público; crear una estrategia de implementación que vincule mínimamente a los ODS 1, 2, 5, 6, 8, 12 y 13 y otros compromisos internacionales relacionados a la nutrición; crear una política integral e intersectorial para aumentar la productividad agrícola, los ingresos de los pequeños agricultores y su acceso a mercados promoviendo el precio justo; asegurar la transparencia y el enfoque de derechos humanos y sustentabilidad en las alianzas entre gobierno y el sector privado; promover un marco institucional y legal que garantice la transición hacia la agricultura sustentable”, indicaron. Favorece Reforma Energética a empresas petroleras Sobre el marco jurídico en materia energética reformado en 2013 y 2014, las organizaciones civiles señalaron que “entraña obstáculos estructurales para el ejercicio pleno de derechos humanos y el cumplimiento de varios ODS y metas, ya que da preferencia a las actividades de exploración y explotación del petróleo y demás hidrocarburos “sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas”, estableciendo para ello una serie de disposiciones legales, con instituciones y procedimientos específicos (como la determinación de servidumbres legales de hidrocarburos por vía administrativa o judicial) favorables a los proyectos energéticos (públicos, privados, nacionales y trasnacionales), algunos de los cuales emplean técnicas tan nocivas como la fractura hidráulica o fracking, sujeta a prohibiciones o moratorias en otros países, pero no en México, constituyendo una regresión en términos de la protección de derechos humanos y medio ambiente”, mencionaron. “Por citar solo algunos ejemplos, destacan las disposiciones del artículo 96 de la Ley de Hidrocarburos que establecen que: “Procederá la constitución de servidumbres legales, o la ocupación o afectación superficial necesarias, para la realización de las actividades de la industria de Hidrocarburos”, y que “la Federación, los gobiernos de los estados y el Distrito Federal, de los municipios y de las delegaciones contribuirán al desarrollo de proyectos de Exploración y Extracción, así como de Transporte y Distribución por ductos y de Almacenamiento, mediante procedimientos y bases de coordinación que agilicen y garanticen el otorgamiento de los permisos y autorizaciones en el ámbito de su competencia”, añadieron. “Asimismo, el Capítulo IV sobre uso y ocupación superficial de la misma Ley establece la figura de servidumbre legal de hidrocarburos, que se determinará a favor de la empresa asignataria o contratista ya sea por vía administrativa -tras un procedimiento de aparente mediación a cargo de la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), o podrá promoverse por vía jurisdiccional, siempre que la “negociación inicial” entre el propietario o titular del terreno y el asignatario o contratista no resulte a favor de este último. Con la suma de estas disposiciones, en la práctica no se deja opción de negarse a la actividad energética que interese a la empresa. Por si fuera poco, el marco normativo en materia ambiental en nuestro país es laxo e insuficiente, y su aplicación discrecional, generalmente favoreciendo la inversión en megaproyectos de supuesto desarrollo”, abundaron. ”Es importante mencionar que, como explicaron las organizaciones de la sociedad civil (OSC) durante la audiencia temática sobre reforma energética y derechos económicos, sociales y culturales efectuada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 20 de marzo de 2015, en el proceso mismo de presentación, discusión y aprobación de la reforma constitucional y legal en materia energética se vulneraron los derechos de acceso a la información y de participación ciudadana, así como el derecho a la consulta previa, libre e informada y el derecho al consentimiento de los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país”, comentaron. “Pese a estas y otras violaciones, la solicitud de organizaciones de la sociedad civil, de agosto de 2014, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que con fundamento en el artículo 105 constitucional presentara una acción de inconstitucionalidad en contra de varias disposiciones de leyes secundarias de la Reforma Energética, consideradas violatorias de derechos humanos, no prosperó”, lamentaron. “Ante este escenario de indefensión, se apela a la primacía de los derechos humanos y a que la actuación del Estado se apegue estrictamente al artículo 1° constitucional, que mandata la aplicación de los estándares más altos de derechos humanos y el cumplimiento de las obligaciones de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos, así como de prevenir, investigar y sancionar las violaciones”, apuntaron. Violencia, inseguridad y corrupción disparadas por política antidrogas En cuanto a la política de drogas vigente, “derivada del régimen de control y fiscalización de drogas consensuado por la comunidad internacional, ha tenido un impacto devastador en México, con índices de violencia (incluyendo muertes, desapariciones y desplazamiento), inseguridad y corrupción disparados, especialmente a partir de 2006, problemas señalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Relator Especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, el Relator Especial sobre la situación de la tortura y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que visitó México en octubre de 2015 y dio cuenta de la corrupción e impunidad en las estrategias de combate al crimen organizado, destacando que las enormes cantidades de dinero que movilizan los grupos del crimen organizado “está cooptando y corrompiendo instituciones clave”. Afirmaron que la estrategia se ha centrado en la detención de integrantes del crimen organizado, pero no se han desplegado verdaderos esfuerzos para desmantelar la red de corrupción que involucra al crimen organizado con agentes del Estado. Para reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad, así como poner fin al maltrato y la tortura en México, se debe revisar la política de seguridad encaminada al combate de la producción, distribución y consumo de drogas y poner en práctica políticas de control de drogas respetuosas de derechos humanos, con enfoques de salud y perspectiva de género”. “Para avanzar en el ODS 16, también se debe cuidar que la meta 16.4 que incluye luchar contra todas las formas de delincuencia organizada se persiga siempre alineada a la 16.1 sobre reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad”, puntualizaron. Detallaron también otros obstáculos y retos, como la insuficiencia en el alcance y la aplicación de la política nacional de vivienda; los programas de prevención de obesidad e instalación de bebederos en las escuelas, que deben implementarse con mayor celeridad y rendirse cuentas sobre el presupuesto asignado; las estrategias federales para reducir carencias sociales y prevenir el embarazo adolescente, que requieren modificaciones importantes. Asimismo, plantearon que se requieren medidas dirigidas hacia las personas jóvenes, en particular mujeres jóvenes y sus derechos humanos, incluyendo los sexuales y reproductivos, que ayuden a superar las barreras adicionales con las que se enfrentan.