El ajuste presupuestal de 164 mil 77 millones afectó la inversión e incluso, la provisión de algunos bienes y servicios públicos. Por Daniel Sánchez CIUDAD DE MEXICO, D.F. 10 de julio del 2016.- Hasta el mes de junio, el gobierno federal ha anunciado dos recortes por 164 mil 77 millones al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016, pero “se recurrió a modificaciones en presupuestos que no se dirigen principalmente a reducir la burocracia, sino que se afectó la inversión e incluso, la provisión de algunos bienes y servicios públicos”, señaló el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). En la investigación denominada Ajustes preventivos al presupuesto 2016, elaborado por Sunny Arely Villa, el CIEP destacó que “la Oficina de la Presidencia de la República no ha sido sujeta a los ajustes del gasto público, conservando su presupuesto en comunicación social, el gasto administrativo no vinculado directamente a la atención de la población y el gasto en servicios personales. Esto a pesar de que, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) determina que, ante una disminución de ingresos, estos tipos de gastos debieron ser reducidos”. “Por el contrario, las funciones con mayores ajustes en su presupuesto son Protección Ambiental, Turismo, Transporte, Combustibles y Comunicaciones. El 63.5 por ciento del ajuste total se hizo para estas funciones, las cuales son promotoras del crecimiento económico. En lo que respecta a los ajustes al gasto en desarrollo social, las funciones de salud y educación fueron de las más afectadas (-1.6 por ciento y -1.4 por ciento)”, expresó. “Estos recortes tienen distintas implicaciones en la política pública. Mientras que el sector educativo demanda atender todos los elementos de la Reforma Educativa, el sector salud se encuentra asociado a la seguridad social universal. El sector educativo necesita transitar de un gasto inercial hacia una reestructura que atienda la transición poblacional y cada uno de los elementos del sistema educativo nacional para elevar la calidad educativa. Además, el compromiso de bachillerato obligatorio, tendrá que verse reflejado en el presupuesto público. En lo que respecta a salud, los recortes en su presupuesto reflejan cada vez más lo alejado que se encuentra México de una protección social universal de calidad”, indicó. “Los ajustes al gasto se han concentrado en las funciones que implican un mayor gasto de capital que gasto corriente. Esto se debe a que, ajustar el gasto corriente en el corto plazo implicaría afectaciones al empleo, negociación con sindicatos, redefinición de lineamientos, entre otras modificaciones que se pueden evitar, si se modifica el gasto de capital. Sin embargo, disminuir los recursos para invertir en la infraestructura básica, de no encontrar otros inversores, como las asociaciones público privadas, podría ser una barrera para el crecimiento económico. Para lograr la sostenibilidad de las finanzas públicas es necesario que el gasto público se realice de manera eficiente y eficaz, impulsando el crecimiento y disminuyendo la inequidad”, puntualizó. El CIEP afirmó que además, “se hicieron recortes a programas que distribuyen sus recursos entre las entidades e inicialmente se identificaban como no distribuible geográficamente, como son: Programa Nacional de Prevención del Delito, Proyectos de Infraestructura, Escuelas de Tiempo Completo, Infraestructura indígena, de los cuales será importante especificar y revisar la justificación de estos recortes; es decir, cuáles fueron las razones de reducir los recursos en ciertas entidades y en otras no. En total, estas inconsistencias suman el 1.0 por ciento del ajuste total (incluyendo el recorte hecho a CFE)”. “Al momento de esta publicación, no se cuenta con un documento técnico, integrado y público que respalde las modificaciones realizadas al presupuesto aprobado. Aunque la SHCP tiene la atribución de hacer modificaciones al presupuesto, cuando así se requiera, se hicieron ajustes a objetos de gasto que no aparecen en el PEF aprobado o a unidades administrativas no correspondientes y a programas que, además de tener reglas de operación, pudieron considerarse prioritarios en los últimos años. Ejemplos de esto son: el Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento, Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas e Innovación tecnológica para incrementar la productividad de las empresas, por citar algunos”, resaltó. Los ajustes al gasto desde la perspectiva administrativa En el documento, el CIEP manifestó que la época de abundancia de ingresos petroleros acabó. Con la caída de los precios del petróleo y de su producción, de no existir una alternativa para una mayor recaudación, seguirá un período de ingresos austeros, con recortes en el presupuesto. “Hasta junio del presente año, el gobierno federal ha anunciado, en suma, un recorte de 164 mil 77.7 millones de pesos, lo que equivale al 3.4 por ciento del PEF para 2016. El primer ajuste preventivo al gasto del 2016 fue anunciado en febrero, por un equivalente a 132.3 mil millones en el marco del deterioro económico global. El segundo ajuste preventivo, anunciado en junio, es de 31 mil 714.7 millones adicionales, en el marco de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Según los precriterios de política económica, para 2017, se requerirá otro ajuste de 175 mil 100 millones de pesos”, detalló. “Un primer acercamiento, hacia los sectores afectados, se observa en los recortes a las Secretarías responsables de cada ramo. Sumando los ajustes publicados en febrero y en junio, del presente año,  las entidades más afectadas, como proporción de su presupuesto total aprobado son: las Entidades no Sectorizadas, con una disminución del 27.7 por ciento; Pemex -18.3 por ciento, Comunicaciones y Transportes -13.7 por ciento y Turismo -13.5 por ciento. “Por otro lado, existen ramos, dependientes del gobierno federal, que no han sido afectados por los recortes. Entre estos ramos se encuentran los encargados de velar por la seguridad del país: Defensa, Marina, Procuraduría General de la República y el Poder Judicial, además de, Función Pública, Tribunales Agrarios y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. “Los ajustes previstos se han centrado en el presupuesto que depende directamente del Poder Ejecutivo (los ramos administrativos). Sin embargo, éste sólo suma el 21.2 por ciento del total del presupuesto aprobado. Para llevar a cabo una revisión completa del presupuesto público, es indispensable abordar los presupuestos asignados a otros rubros, como lo son los ramos autónomos (ninguno sufrió modificaciones), los ramos generales (que forman parte del gasto no programable, que a su vez implican una presión a las finanzas públicas, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el ramo de Información Nacional Estadística y Geográfica y el Instituto Mexicano del Seguro Social, los cuales no disminuyeron su presupuesto, según lo publicado por la SHCP. La estrategia a seguir para realizar ajustes al gasto público “Tener un gasto público eficiente y eficaz es responsabilidad del gobierno. Mayores ingresos no necesariamente se trasladan en una mejor estrategia de gasto. Por lo que, antes de pensar en atraer mayores recursos, a través de una reforma fiscal, es necesaria una revisión del gasto público, donde se dé prioridad a los ejes centrales de la política pública del gobierno administrador. Para poder reestructurar el gasto público, además de una revisión de las evaluaciones existentes, es necesario priorizar los tipos de gasto con los cuales el gobierno debe operar, ya que existen leyes que así lo obligan o compromisos de pago adquiridos previamente, también conocidos como gastos ineludibles. “Para 2016, los gastos ineludibles representaron el 84.9 por ciento del total del presupuesto. La rigidez del gasto público en México se ve reflejado en las modificaciones, ya que de todos los rubros considerados como ineludibles, sólo los proyectos de inversión mostraron una reducción significativa (23.3 por ciento). El rubro de pensiones y jubilaciones tiene una reducción de 5.8 millones de pesos, esto no representa más del 0.001 por ciento del total y sólo corresponden a las pensiones de Pemex. La prestación de servicios públicos tiene una disminución de 1.2 por ciento respecto del total del presupuesto aprobado, lo cual corresponde a programas como: Impartición de justicia laboral para los trabajadores al servicio del Estado; Investigación científica, desarrollo e innovación; Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres; el Registro e Identificación de Población; Atención a la Salud; Prevención y atención contra las adicciones; el Programa México conectado, entre otros. “Otro gastos son aquellos que brindan algún servicio a la población o bien que atienden a alguna necesidad específica, y que en ocasiones tienen algún lineamiento para la administración de los recursos, lo que hace que sean los programas con mayor transparencia y monitoreo (ejemplos de éstos son los programas sujetos a reglas de operación). Estos programas deberían de ser modificados de acuerdo con los resultados de sus evaluaciones (una vez revisadas, en caso de existir). En suma, a este tipo de programas se les reduce el 4.1 por ciento, respecto de lo aprobado en el PEF. Las modalidades de programas más afectadas son: los programas de Sujetos a reglas de operación (-7.3 por ciento) y los de Desastres Naturales (-6.2 por ciento al programa Atención de emergencias y desastres naturales). “Finalmente, existen otros programas que no comprometen directamente la provisión de bienes públicos, pero que apoyan a la administración pública federal; en suma concentran el 5.0 por ciento del PEF y su presupuesto fue disminuido en 2.1 por ciento. De este conjunto, los programas de Promoción y fomento disminuyeron 12.8 por ciento su presupuesto; seguidos por las modalidades de Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión, Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional y Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas, que cada uno no disminuyen en más del 2.0 por ciento su presupuesto. Comentarios finales “El presupuesto público es la herramienta principal para la ejecución de cualquier política pública. Ante un cambio en el panorama de los ingresos, el presupuesto público debe ajustarse para cumplir con los objetivos principales de la administración pública federal vigente. Si bien los ajustes realizados al presupuesto público se hicieron para paliar los efectos de los cambios macroeconómicos globales, los efectos de la reducción del presupuesto se trasladarán a la provisión de bienes y servicios públicos, donde se deberá de buscar la eficiencia del uso de los recursos para no afectar al consumidor final. “Con los ajustes al gasto realizados de manera preventiva, el gobierno federal muestra una responsabilidad por mantener las finanzas públicas sanas. Sin embargo, el margen que puede ser modificable no es muy amplio (no pasa del 25 por ciento)”.