Vendedores revelan que el alcalde Edgar Hernández mandó a ofrecerles entre 1,000 y 4,000 pesos para que se vayan a las colonias y fraccionamiento, y denuncian abuso de autoridad y hostigamiento de los inspectores municipales. Por Ronny Aguilar CAMPECHE, Cam. 24 de junio del 2016.- Vendedores ambulantes revelaron que el Ayuntamiento, presidido por Edgar Hernández Hernández, les hizo un ofrecimiento económico para que abandonen sus intenciones de quedarse en el Centro Histórico y se vayan a las colonias y fraccionamientos, y denunciaron abuso de autoridad y hostigamiento por parte de los inspectores municipales. Mayra Guadalupe Rodríguez Poot y Carmen Vallejo Escobar, ambas representantes de los ambulantes, una en el Centro Histórico y la otra en el resto de la ciudad, ya que incluso están levantando a los comerciantes que están en los hospitales de la ciudad y puntos estratégicos de venta. “Las cosas están muy mal, estamos perdiendo el resto de lo que invertimos y estamos corriendo riesgo y sentimos que somos un amenaza, nos discriminan por ser ambulantes, no llevamos sustento a nuestros hogares, hay necesidad de nuestros hijos y nuestras familias, a dónde queda la autoridad, de esto vivimos y es por la falta de desempleo que hay que pasa con el presidente municipal”, expresaron. “Nos estaban ofreciendo primero mil pesos, ahora cuatro mil pesos, con la intención de que nos regularicemos, pero no es una regularización, es una reubicación, nosotros estamos dados de alta en Hacienda, somos Repecos (Régimen de Pequeños Contribuyentes), nos quieren mandar a Minas y a Flor de limón, si aquí en el centro no hay venta, imagínate allá”, puntualizaron. Rodríguez y Vallejo explicaron que no entienden el por qué de este problema que se está suscitando, puesto que en anteriores administraciones se les ha concedido el permiso que ellos requerían para vender en el centro. “Incluso, el INAH nos lo ha aprobado, le han puesto el sello a nuestro puesto, no sé ahora por qué están haciendo esto, si nuestro puesto ya está sellado, que era lo que nos pedían, llegamos a un acuerdo y ahora no sé por qué no”, cuestionaron. Y es que la política represiva, intolerante y racista del Ayuntamiento ha tomado niveles que sobrepasan lo ordinario, pues ahora, junto con las notificaciones de retiros, van inspectores y policías del gobierno del Estado y con esa excesiva fuerza pública, retiran a los ambulantes. También denunciaron que hay además de todo, desigualdad, puesto que las carpas Vikingos, a espaldas de las oficinas del gobierno federal, no son retiradas, cuando hasta mesas tienen, solo porque son familiares de funcionarios municipales.