Los representantes de las comunidades mayas advierten que se caería en desacato a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si se detecta soya genéticamente modificada en el municipio capitalino. Por Ronny Aguilar CAMPECHE, Cam. 14 de junio del 2016.- Los representantes de las comunidades mayas que interpusieron los amparos contra la siembra de soya transgénica en Campeche, advirtieron que se caería en desacato a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), si se llegara a detectar algún cultivo de la oleaginosa genéticamente modificada, y detendría inmediatamente la consulta previa e informada a los pueblos indígenas. Jorge Fernández Mendiburu, encargado de los amparos 753/2012 y 762/212, que resolvió la SCJN en favor de una consulta informada en las comunidades mayas, por afectaciones de cultivos de soya transgénica, señaló que la resolución de la segunda sala de la SCJN, el año pasado, determinó la insubsistencia legal de los permisos comerciales para la siembra de soya transgénica otorgada a la empresa Monsanto. Detalló que el mandato de la máxima Corte fue para revertir o detener los permisos en los municipios de Champotón, Helcechakán, Hopelchén, Tenabo, Calkiní, Escárcega, Carmen y Palizada, del Estado de Campeche, todo lo anterior hasta el momento en que la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), lleven a cabo la consulta a las comunidades indígenas, a las que pertenecen las personas físicas quejosas. “De la misma forma, se refirió que en el municipio de Campeche, no existe autorización para la siembra de soya genéticamente modificada, pues tal como se deriva del permiso con número de oficio B00.04.03.02.01.-4377, de fecha cinco de junio del 2012, referente a la de liberación al ambiente de soya transgénica (evento MON-04032-6) tolerante al herbicida glifosato, para la solicitud 007_2012, presentada por Monsanto Comercial, S.A. de C.V., dicho municipio no fue incluido como parte del permiso solicitado”, precisó. Por lo tanto, fue puntual en indicar que en el estado de Campeche no se puede, bajo ninguna circunstancia, sembrar de manera legal soya genéticamente modificada, ya que ocho municipios están amparados y los tres restantes no cuentan con autorización, y contradecir lo anterior, constituye, además de la violación de un mandato judicial, posibles delitos de carácter federal que ameritarían una investigación por parte de la Procuraduría General de la República, además de la detención inmediata de la consulta. Indicó que “frente a las declaraciones públicas del representante legal de Monsanto, en el sentido de que sí se siembra soya transgénica en diversos municipios de la entidad, resulta preocupante que las autoridades responsables de garantizar que no se efectúe dicha siembra, es decir Sagarpa y Senasica, así como las encargadas de efectuar la consulta, Cibiogem y CDI, no hayan aclarado los efectos de la resolución, ni establecido una postura clara para desmentir estos hechos y generar certidumbre a las comunidades, hecho que abona al clima de confusión que se ha generado en la opinión pública”. Los representantes indígenas y su abogado exigieron a las autoridades que establezcan todas las medidas de bioseguridad necesarias para garantizar que la sentencia será obedecida, y que el proceso de consulta a las comunidades mayas, ordenado por la SCJN y por la Recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no sea una simulación. Hicieron también un llamado a la Cibiogem y la CDI, para que “rectifiquen el camino y  se apeguen a los estándares internacionales en la materia y los lineamientos establecidos por la SCJN al resolver los amparos en revisión, incorporando las observaciones y recomendaciones que, a partir de dos informes documentados, les ha hecho llegar la “Misión de Observación” constituida para darle seguimiento al proceso de consulta derivada de los permisos para la siembra de soya genéticamente modificada”. “La consulta no puede ser una simulación, ni tampoco es un requisito administrativo más que cumplir; es un proceso de diálogo intercultural, en donde la opinión de las comunidades debe ser fundamental para determinar la continuidad o implementación de cualquier política pública que pueda afectar a los pueblos indígenas”, indicaron. CDI y Cibiogem cometen anomalías en consulta Asimismo, Laydi Pech aseguró que la CDI y la Cibiogem están cometiendo anomalías, ya que no se están apegando a los protocolos internacionales, y mencionó que si las autoridades no intervienen para que no se siembre soya, ellos frenarían la consulta. “No estamos dispuestos a seguir con la consulta, si no se nos respeta  a las comunidades, por eso pedimos y exigimos que la consulta se haga de acuerdo a como está establecido en los convenios internacionales, vamos a estar vigilando que la consulta se dé y sea adecuada, como quejosa que soy, les digo que es el momento de que las comunidades empecemos a opinar y digamos cómo es que queremos que seamos tratados”, expuso. Angélica María Ek Canché reafirmó lo anteriormente señalado y reiteró el llamado para que se haga la consulta como debe ser, apegado a lo establecido por la SCJN. Gustavo Huchín, miembro del Colectivo Apícola de los Chenes, afirmó que su lucha comenzó por la deforestación que se ha causado, a cambio del monocultivo extensivo de soya. “La deforestación nos afecta a todos y en el municipio se han desmontado más de 35 mil hectáreas de selvas y bosques, ha bajado nuestra producción y esto contribuye al calentamiento global, se acaba con los animales, con la flora y se contamina con el uso de los agroquímicos, contaminando el suelo y las aguas del manto freático, nos afecta a todos, por eso les decimos que esta lucha es de todos, no solo de nosotros”, puntualizó. Finalizó que no se va a permitir que se siga sembrando de maneara irresponsable en la zona, por las diversas afectaciones que están causando al suelo, ríos, cuencas, y al ambiente en general, y dijo que están dispuestos a tomar medidas más enérgicas, ante la postura apática de las autoridades.