La organización ambientalista considera que es una vergüenza que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente minimice los impactos de la tala del manglar y señala que se suma a la lista de instituciones que cada vez pierden más credibilidad. CIUDAD DE MEXICO, D.F. 8 de junio del 2016.- Ante la resolución de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en la que asegura que el desmonte del manglar Tajamar realizado por el Fondo Nacional de Promoción al Turismo (Fonatur), fue legal, Greenpeace considera que “es una vergüenza que la Profepa minimice los impactos de la tala del manglar y dé por hecho que el Fonatur actuó dentro del marco legal, cuando aún no se tiene una sentencia definitiva de un juez en el caso”. La agrupación ambientalista manifestó que en un país, donde las propias instituciones de gobierno utilizan la ley a modo, aplicándola a medias en algunos casos, pero dejándola impunemente como letra muerta en otros, la Procuraduría ambiental se suma a la lista de las instituciones que cada vez pierden más credibilidad. “Es indignante que la institución encargada de la protección ambiental se atreva a defender un daño como el que se realizó en Tajamar”, expresó. “Hoy, en el Día Mundial de los Océanos, es lamentable conocer que la Profepa justifica los daños al manglar, un ecosistema primordial para la conservación de los mares, donde se alberga una gran cantidad de especies, que es barrera natural contra las inundaciones, por lo que actúa como un muro contra huracanes. Contar con manglares sanos es proteger también la vida en los océanos”, puntualizó. Reiteró que es una pena que la Profepa hable de investigaciones exhaustivas, cuando en los hechos no pudo constatar los daños a la flora y fauna, debido a que realizó sus inspecciones 10 días después de que sucedió el desmonte. “El criterio de la Profepa es obsoleto, ya que toma consideraciones de hace una década, pese a que la legislación se ha actualizado para brindar mayor protección a este tipo de ecosistema, y al mismo tiempo, la visión y entendimiento por parte de la sociedad en general, la sociedad científica e inclusive el sector gubernamental cambió dándole al manglar un estatus de ecosistema esencial para la ecología y bienestar de las comunidades costeras de todo el país, que hoy las autoridades intentan minimizar”, indicó. Recordó que en el 2007, el artículo 60 TER de la Ley General de Vida Silvestre protegió el manglar por su valor ecosistémico, pero eso nada importó, porque dos años antes, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) obras en Tajamar y éste decidió ejecutarlo una década después, pese a que el marco legal mexicano cambió y ya protege la zona. “La lentitud con la que han actuado las autoridades permitió que se concretaran daños a la flora y fauna del sitio, bajo el amparo de un permiso otorgado hace una década, tiempo en el que el manglar y las especies que en él habitan siguieron desarrollándose, reproduciéndose, creciendo y migrando, por lo que es ridículo que se intente justificar el daño al sitio, pretendiendo que se mantiene igual que hace 10 años, como si el manglar se hubiera congelado en el tiempo esperando a que se iniciaran las obras”, agregó. “Esperamos que la resolución definitiva de un juez considere el derecho a un medio ambiente sano de la sociedad y se cancele de una vez por todas el proyecto de Malecón Tajamar”, finalizó. La resolución de la Profepa Ayer, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente dio a conocer que resolvió que la remoción de vegetación forestal en el Proyecto Malecón Turístico Tajamar de Cancún, ejecutada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo en enero pasado, se realizó al amparo de una autorización en materia de impacto ambiental vigente. “Después de una detallada investigación en campo y de gabinete, y una vez valorados todos los medios probatorios ofrecidos por ciudadanos denunciantes así como el citado organismo, se determinó que el referido desmonte contó con una autorización expedida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales”, aseveró. “Tras los hechos ocurridos la madrugada del pasado 16 de enero, elementos de Profepa en el estado de Quintana Roo, en coordinación con personal de la Subprocuraduría de Recursos Naturales, realizaron una visita de inspección del 26 al 28 de enero del mismo año, instaurándose al efecto procedimiento administrativo por posibles irregularidades en contra de la Autorización en Materia de Impacto Ambiental otorgada a su favor en julio de 2005”, abundó. “Para efecto de lo anterior, la Profepa cotejó exhaustivamente los 16 términos y tres condicionantes señalados en la Autorización de referencia, así como las 65 medidas de prevención y mitigación establecidas en la Manifestación de Impacto Ambiental en su modalidad Particular, cuyo cumplimiento fue acreditado por Fonatur”, asentó. “Adicionalmente, y a efecto de garantizar el derecho a un medio ambiente sano, para la emisión de la resolución correspondiente, la Profepa consideró además las pruebas ofrecidas dentro de las mil 188 denuncias interpuestas ante la delegación de Quintana Roo, las cuales sirvieron para robustecer el análisis efectuado dentro del procedimiento administrativo instaurado”, añadió. Destacó que las pruebas ofrecidas por los denunciantes apoyaron la información recabada por inspectores federales, en relación a la presencia de fauna silvestre en el lugar previo a la remoción, y en fecha posterior a ese acto. Por ello, la Procuraduría ambiental dijo que ordenó a Fonatur concluir con el programa de rescate de fauna, acreditándose por el citado Fondo una imposibilidad material para tal efecto derivado de la oposición de algunos grupos de personas apostados en el lugar. Estos hechos fueron fedatados por notario público. “La vigencia de la autorización de Fonatur concluyó, previo a la emisión del resolutivo de Profepa, por lo que ese permiso ha quedado sin efecto alguno, aunado a que los nuevos propietarios de los terrenos deberán tramitar nuevas autorizaciones ante la Semarnat, para poder realizar actividades inmobiliarias o el retiro de vegetación en el lugar”, mencionó. La Profepa comentó que continúa substanciando procedimientos administrativos sancionatorios en contra de otra empresa por su posible responsabilidad ambiental, al desmontar vegetación en lotes de terreno sin contar con autorizaciones de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo en terrenos forestales. “Adicionalmente, al día de hoy, la Profepa atiende 20 juicios de amparo promovidos ante Juzgados de Distrito con sede en el estado de Quintana Roo”, concluyó.