https://youtu.be/_tIOp8qubCY El senador Manuel Bartlett Díaz alerta que el proyecto de las Zonas Económicas Especiales es de transnacionalización, gestado en círculos académicos de universidades estadunidenses y promovido por el Banco Mundial, la OCDE y el BID, para que EU controle el Istmo de Tehuantepec. CIUDAD DE MEXICO, D.F. 3 de junio del 2016.- El senador Manuel Bartlett Díaz alertó que las Zonas Económicas Especiales (ZEE) han sido un fracaso absoluto donde se han implementado, porque sólo han traído como consecuencia la profundización de la pobreza y la desigualdad social, como señala el Banco Mundial, y dijo que se trata de un proyecto de transnacionalización y venta del territorio nacional. El legislador advirtió que con las ZEE, el priísta Enrique Peña Nieto se inserta, 155 años después, “en el renovado interés de Estados Unidos por controlar el movimiento económico y político en el istmo mexicano, señalando la necesidad de hacer “competitivas” las zonas sur y sureste, que actualmente se encuentran deprimidas económicamente”. “Es importante señalar que el proyecto de las ZEE no es una iniciativa de Peña Nieto, pues viene gestándose desde círculos académicos de instituciones universitarias estadounidenses, como Harvard, particularmente el Center For International Development, dirigido por Ricardo Hausman, y también ha sido promovido por el Banco Mundial y bendecido por su presidente Jim Yong Kim; ha sido delineado por la OCDE, y promovido por el Banco Interamericano de Desarrollo”, reveló. “No es un plan cortoplacista de Peña Nieto. La iniciativa se está gestando desde Estados Unidos y pensada a largo plazo, en el marco de la reconversión comercial que el país norteamericano impulsa a nivel mundial”, puntualizó. Bartlett Díaz  hizo estos señalamientos, durante la sesión en que fue aprobada en el Senado la Ley de Zonas Económicas Especiales, en abril pasado, cuando señaló que “las ZEE obedecen al interés geoestratégico de Estados Unidos para posicionarse en el hemisferio y hacer frente a la economía China, impulsando una renovada estrategia de control global, a través de los dos acuerdos económicos más grandes de su historia: Acuerdo Transpacífico (TPP), Acuerdo Transatlántico (TTIP)”. “En México, la iniciativa de las Zonas Económicas Especiales permitirá zonas francas en el sur del país, con excepcionalidad arancelaria. Es decir, enclaves económicos de exportación, a gusto del capital transnacional. Territorios libres, según la cosmovisión empresarial. Esto implicará despojar violentamente las tierras de campesinos e indígenas, así como precarizar la vida de los trabajadores para ofrecer al capital extranjero un territorio, puesto al mejor servicio para la inversión extranjera”, expresó. “Esta intención no es nueva: Hace 157 años, en diciembre de 1859, el entonces presidente de Estados Unidos, James Buchanan, impulsaba el afán expansionista estadounidense en territorio mexicano, a través del Tratado McLane-Ocampo, el cual le habría otorgado a perpetuidad el derecho a Estados Unidos de transitar por el Istmo de Tehuantepec, a cambio de un préstamo de dos millones de dólares”, agregó. “El acuerdo se trancó, porque la guerra civil en EU estalló poco tiempo después y la puesta en marcha del McLane-Ocampo habría beneficiado a los Confederados. Desde esas fechas, ya era clara la inspiración estadounidense por controlar el Istmo de Tehuantepec como espacio estrecho de tránsito entre los océanos Atlántico y Pacífico”, recordó. Los peligros de las Zonas Económicas Especiales Manuel Bartlett también mencionó que hay una trasmutación del régimen de propiedad, ya que “maneja el mismo modelo que ya se había presentado en la Ley de Hidrocarburos, que en el marco de la Reforma Energética, se hace un replanteamiento del régimen de propiedad”. “Se crean las figuras de asignaciones y los permisos para que los privados realicen la planeación del desarrollo, cuando es una atribución constitucional del Estado mexicano, y conforme al artículo 25, se transfiere a los privados de manera discrecional y anticonstitucional, e incluso por encima de las facultades estatales y municipales”, indicó. “Se plantea un régimen especial legal en favor de la inversión privada, en donde la determinación de una zona económica especial, se hace para beneficiar el interés particular de los contratistas y no el interés público”, abundó. “Hay una clara renuncia al papel rector del proceso de planeación del Estado, ya que “en la Ley de las Zonas Económicas, dice que “la construcción, administración, desarrollo y mantenimiento de Zonas Económicas Especiales se realizará por el sector privado o, en su caso, por el sector público, en bienes inmuebles de propiedad privada o en inmuebles de dominio público de la Nación”, es decir, la obligatoriedad de actuación se invierte, y la actuación del Estado es optativa. Incluso, el Plan Maestro de cada Zona, será elaborado por el permisionario privado, y no por el Estado”, añadió. Afirmó que hay una clara trasmutación de lo público en privado, tanto en la injerencia y actuación del Estado en dichas áreas, como en el régimen jurídico que aplicará para regularlas, y se abre la posibilidad de expropiar bienes en beneficio de los privados, argumentando “causas de utilidad pública”, cuando es en provecho de los negocios de los permisionarios privados, bajo la figura de contratistas. “Hay una discrecionalidad y falta de responsabilidad social en la entrega de permisos y asignaciones, sin establecer compromisos de rentabilidad social con las comunidades de la zona. En el artículo 29 no se considera en ningún momento como causal de revocación de los permisos y asignaciones la afectación que en sus actividades pudieran causar a la población, o no cumplir con la rentabilidad, empleo y beneficio a la comunidad, que tanto argumentan y justifican para la creación de estas Zonas”, expuso. “Se violenta el principio federalista, pues se le dota a la Secretaría de Hacienda la facultad de elaborar el Programa de Desarrollo, siendo ésta una facultad de los estados y municipios en sus respectivas jurisdicciones. De hecho, en el artículo 10, prevalece la obligación, y no la coordinación, de los gobernadores y presidentes municipales a suscribir el Convenio, una vez emitido el decreto de declaratoria de una Zona Económica Especial”, aseveró. Comentó que este modelo de “productividad” sólo genera dependencia económica, ya que “si el argumento para la creación de las Zonas Económicas Especiales en el sureste fuera la productividad, se debería apostar con avances científicos y tecnológicos que permitan producir más en menos tiempo, y para ello se requiere de un proyecto de educación que califique mano de obra e invierta en investigación, tecnología y ciencia”. “En cambio, el modelo de productividad que se ha instalado en México desde los años ochenta y particularmente en los noventa, después de la firma del TLCAN, ha dejado como muestra lo ocurrido en el norte de México, región a la que el gobierno mexicano llama “altamente productiva” por estar integrada al mercado mundial, la productividad no significó otra cosa más que la generalización del modelo maquiladora”, finalizó.

Para consultar el posicionamiento del senador: POSICIONAMIENTOl