La organización civil señala que el encubrimiento es también un crimen e insiste en que distintos cuerpos policíacos cometen sistemáticamente el delito de tortura en Yucatán. MERIDA, Yuc. 30 de mayo del 2016.- “Me voy a morir. Después de lo que me hicieron los policías sé que no voy a vivir”, son palabras dichas por William Roberto Chan Cob a sus familiares que lo visitaron en la cárcel municipal de Temax, el 22 de mayo de 2016. Falleció horas después. William Roberto fue detenido el sábado 21 de mayo por la tarde. Vecinos escucharon gritos y observaron la violencia con la que fue detenido. De acuerdo con testimonios recabados, desde el momento de la detención fue golpeado fuertemente por policías municipales. “Roberto tenía la cara muy hinchada por los golpes, le dolía el estómago, se quejaba, apenas podía estar parado. Había vomitado sangre con pequeños coágulos”. Es otro de los testimonios recogidos por Indignación en entrevistas a familiares y vecinos de Roberto. Los familiares insistieron ante los policías que custodiaban la cárcel municipal que William Roberto requería atención médica, pero en este caso parece haber algo mucho más grave que omisiones y no sólo de parte de los policías municipales, sino también de quienes tienen la obligación de investigar. De acuerdo con los testimonios recogidos, hace algunos meses, William Roberto fue golpeado fuertemente por los policías municipales de Temax, también al ser detenido. Que una persona fallezca en un centro de detención obliga a sospechar e investigar tortura, tal como se deriva del Informe sobre la visita a México del Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la ONU, publicado con motivo de su visita a México en el año 2008. En vez de eso, las autoridades ministeriales parecen apresurarse en determinar que no hubo tortura, sin que medie una investigación, lo cual de inicio les haría incurrir en responsabilidad si han omitido acciones sensibles para una correcta investigación en un caso de tortura y el protocolo que debe seguirse en estos casos. Los Principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, adoptados por la Asamblea General en su resolución 55/89 Anexo, de 4 de diciembre de 2000, establecen que: Los Estados velarán por que se investiguen con prontitud y efectividad las quejas o denuncias de torturas o malos tratos. Incluso cuando no exista denuncia expresa, deberá iniciarse una investigación si existen otros indicios de que puede haberse cometido un acto de tortura o malos tratos. Los investigadores, que serán independientes de los presuntos autores y del organismo al que éstos pertenezcan, serán competentes e imparciales. Tendrán autoridad para encomendar investigaciones a expertos imparciales, médicos o de otro tipo, y podrán acceder a sus resultados. Los métodos utilizados para llevar a cabo estas investigaciones tendrán el máximo nivel profesional y sus conclusiones se harán públicas. De acuerdo con la Convención Interamericana de Derechos Humanos “…se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica”. Indignación ha documentado que la tortura en Yucatán es un crimen que distintos cuerpos policíacos cometen sistemáticamente y que, lamentablemente, es también sistemáticamente encubierto por las autoridades que tienen obligación de investigar. Al emblemático caso de Roberth Tzab, también fallecido en condiciones que obligaban a suponer e investigar tortura, pero que ha requerido tres amparos y diversos recursos para evitar que la Fiscalía cierre la investigación, se suman varios casos más, como el del joven acusado de robar un bulto de cemento, al que le simularon una violación. Los responsables, plenamente identificados, no han sido debidamente sancionados. Recientemente, se hicieron públicos otros casos de tortura, como el del adolescente con discapacidad torturado por policías de Chemax y la tortura cometida en contra de otro adolescente en Conkal, por elementos de la Gendarmería de la Policía Federal, apenas en abril pasado. Por su parte, policías estatales de Yucatán han hecho de la tortura y otros tratos crueles, humillantes y degradantes, parte de cualquier detención y eso es tolerado por las autoridades. El insistente y contumaz encubrimiento constituye un crimen y es precisamente eso lo que ha evitado erradicar la tortura del estado. Exigimos a las autoridades una investigación inmediata, basada en los más altos estándares y en los protocolos internacionales en materia de tortura que lleven a esclarecer los hechos con efectividad, así como a identificar a todas las personas que tengan alguna responsabilidad en el fallecimiento de William Roberto o en la inadecuada investigación, si fuera el caso, y sancionarlas de acuerdo a la gravedad de sus responsabilidades. Exigimos reparación y garantías de no repetición.