La jueza de Control, Ana Concepción Gutiérrez, resolvió mantener en prisión preventiva por 6 meses al administrador Miguel Román Duarte y al ex secretario Alfonso Cobos, la medida cautelar se la definirá un juez federal. En la audiencia, se confirmó que los recursos del ISR se utilizaron para pagar la nómina de 6 hospitales inaugurados en 2012, año de elecciones presidenciales, y se aseguró que esta información era de conocimiento de la Federación y el gobierno estatal. Por Ronny Aguilar SAN FRANCISCO KOBEN, CAMPECHE, Cam. 14 de mayo del 2016.- La jueza de Control, Ana Concepción Gutiérrez Pereira, dictó auto de vinculación a proceso al ex secretario de Salud, Alfonso Cobos Toledo, y su administrador Miguel Román Duarte Reyes, y fijó medida cautelar de prisión preventiva por seis meses a Duarte, mientras que la de Cobos será definida por un juez federal, gracias a un amparo. En la audiencia celebrada en la sala de juicios orales, aledaña al penal de San Francisco Kobén, se confirmó que los recursos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por casi 600 millones de pesos, se utilizaron para pagar la nómina de seis hospitales inaugurados durante el 2012, año de elecciones presidenciales, y se reveló que de esta información tenían conocimiento tanto la Federación, como el gobierno del Estado. En una segunda audiencia, que duró más de siete horas, la jueza Gutiérrez Pereira desacreditó todos los elementos de la defensa y dictaminó el auto de vinculación a proceso contra el ex secretario Cobos Toledo y el ex administrador Duarte Reyes, por los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades y ejercicio indebido de ejercicio público, con el agravante de pandilla, todo de manera dolosa y continua. De manera parcial, la jueza ratificó la medida cautelar de prisión preventiva fijada desde la primera audiencia y se resolvió que fuera por seis meses y no por ocho, como solicitó la Fiscalía, sin embargo y gracias a un amparo, esta medida solo aplicará a partir de hoy para Duarte Reyes, puesto que Cobos Toledo quedará en manos de un juez federal para que se dictamine alguna medida cautelar, en caso de que así se considere. Durante el desahogo de la audiencia, muchos señalamientos surgieron y se evidenciaron situaciones que dejan entrever el funcionamiento de las dependieras estatales y las acciones realizadas, tales como que el desvío inició desde el 2011, cuando era secretario de Salud, Enrique Iván González López, ex alcalde carmelita, denunciado por la actual administración municipal en el Congreso del Estado, y ya antes señalado e inhabilitado por la Federación y que Fernando Ortega rescatara e hiciera funcionario estatal. También se dio a conocer que tanto la Federación, como el gobierno local, sabían lo que se estaba realizando, además de que el ISR fijado en casi 600 millones, fue usado desde el 2012 y hasta la fecha, para el pago de la nómina de seis hospitales inaugurados en 2012, año electoral, y que el presupuesto para el funcionamiento fue solicitada desde el mismo 2011 por Duarte Reyes a la Federación, pero nunca llegó. Omisiones del ISR desde 2012 fueron detectadas en entrega-recepción En la audiencia, fue llamado a declarar en primera instancia el demandante, en este caso Félix Enrique Selem Villanueva, actual subdirector jurídico de Indesalud, quien se ostentó como abogado, sin cédula profesional, coadyuvante de la Fiscalía, y quien señaló que fueron detectadas omisiones del ISR desde el 2012, en la entrega-recepción, aunque se dio cuenta hasta noviembre pasado y señaladas con otros montos. La segunda en ser llamada a la audiencia fue Marcela Isabel Mier Uc, contadora pública, testigo de la defensa, sin cédula profesional, jefa de departamento de Contabilidad de Indesalud desde 1998, misma que tenía como jefes inmediatos a los dos ahora imputados, y quien declaró que sabía de los desvíos, al igual que sus jefes inmediatos. Señaló que no denunció las irregularidades, porque la Auditoria dio cuenta de las irregularidades de la falta de pago del impuesto, además de que las autoridades estaban conscientes del desvío del pago del ISR. El siguiente testigo de la defensa fue Miguel Angel Ihuit González, subdirector de Recursos Humanos de Indesalud, desde 2004, encargado de la contratación del personal, así como de los descuentos a los trabajadores por pagos diversos, tales como Fovissste, SAR e ISR, responsable de los talones de pago. El testigo manifestó que conocía las retenciones a los trabajadores en materia de impuestos, y se informaba mediante oficio a sus jefes directos, Alfonso Cobos y Duarte Reyes, asimismo, al contador de la institución para el pago a la SAT. Mencionó que todas las contrataciones están a cargo del director administrativo, sin embargo, reveló que los desvíos de los recursos del ISR venían dándose desde el 2011, cuando estaba Indesalud a cargo de Enrique Iván González. Afirmó que el Indesalud contrató al personal para seis hospitales de Campeche, esto sin que se contara con los recursos presupuestales para su pago y que se usó el recurso del ISR para pagar la nómina de estos hospitales. No se enteró al SAT 422 millones de pesos Alfredo Argüelles Nah, auditor independiente, contratado por la actual administración de Indesalud, también testigo de la defensa, fue quien realizó el informe que se presenta como prueba y el que se toma de base en el caso para determinar el desvío de recursos del ISR por los casi 600 millones de pesos. El auditor aseveró que fue requerido en función de convenio establecido para realizar la auditoria de las retenciones del ISR de indesalud, desde el 2012 y hasta 2015, es decir, solo el tiempo en el que ocupaba el cargo Alfonso Cobos Toledo, quien fue nombrado en marzo del 2012. El resultado dio como consecuencia que él no enteró de la entrega y diferencia en cada uno de los meses, sólo pagos provisionales y que no hay un acomodo congruente y global, además de que hay una diferencia en la sumatoria del histórico del informe, por 422 millones y que con actualizaciones y recargos al 31 de marzo, daría un total de 591 millones, casi 170 millones de pesos más. Comentó que al no hacerse el informe oportuno al SAT, éste no retorna los recursos al Estado y en consecuencia, no sólo se deja de hacer efectivo ese recurso, sino que además, genera un agravio por multas y recargos, por lo que se dejarían de recibir los beneficios desde 2012, que fue el primer año que se le contrató para auditar. Asimismo, se llamó por la defensa a Antonio Pacheco Arévalo, contador público, auditor de la Secretaría de Salud, por lo que el Ministerio Público contrató en ese momento a Argüelles como coadyuvante, ya que serviría de asesor, puesto que no contaba la parte demandante con uno y sería de utilidad. Pacheco Arévalo declaró que según el decreto presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de diciembre de 2008, consistente en acceder a condonaciones, siempre y cuando se trate de créditos fiscales firmes, pero nunca se clasificó. Hizo referencia a que se tenía que firmar un convenio para estas retribuciones fiscales, mismas a las que Campeche no se apuntó, por lo que no recibía dichas retribuciones fiscales, en ese 2008 se encontraba como secretario de Salud, Alvaro Arceo Ortiz, quien hoy nuevamente funge en el cargo. Fue para pago de nómina en 6 hospitales inaugurados en 2012 Terminadas las audiencias de los testigos, la defensa argumentó que estos recursos en efecto fueron aplicados para el pago de la nómina de seis hospitales, que son el de Oncología, el de Especialidades Médicas, y los de Atasta, Sabancuy, Escárcega e Xpujil, pues se privilegió el derecho humano y de los campechanos al servicio de salud, todo esto en año de elecciones presidenciales, puesto que fueron puestos en funciones en el 2012. Es necesario resaltar que ya se había solicitado el recurso a la Federación para la nómina desde el 2011, todo esto fue presentado en una carta de prueba, sin embargo, no fue revisada, debido a que no había sido ingresada de manera adecuada. La parte demandante dijo que la situación que atañe no es el uso de los recursos, sino el desvío en sí de los mismos y por conducente, no se debería tomar en cuenta el uso de los mismos, ya que el delito que se señala es el “uso indebido de atribuciones y facultades”, además de que al usar el ISR para contrataciones, ocasionó un incremento en el mismo ISR, ocasionando una deuda con la Secretaría de Hacienda en años posteriores. El resolutivo de la jueza de Control Una vez cerradas estas etapas, la jueza Ana Concepción aseguró que los datos de prueba presentados el día de hoy, corroboran el destino diverso de los recursos, explicó que el hecho de  que se hayan cubierto los montos, no implica que la actividad señalada no se haya realizado, y consideró que si hay un daño, ya que se pagó de parte de la Secretaría de Finanzas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Citó que en la ley, el ejercicio indebido de servicio público, con el agravante acreditado de pandilla, porque el hecho está realizado por más de dos personas, y expresó que todos los presentes fueron parte y señalan conocer lo que acontecía y la referencia de que los imputados conocían lo sucedido, señalaron anomalías y sus superiores determinaron continuar con estas prácticas, por lo que se determina delitos continuos, como coautores, ya que fue cometido de manera conjunta y de manera dolosa. Durante el proceso, la defensa argumentó que los recursos, al tener una procedencia federal y el pago al ser de la misma índole, debería de ser juzgado en instancias federales, y pidió a la jueza local que se declarara incompetente, sin embargo, la jueza determino que no, que sí es de su competencia, puesto que Indesalud es un organismo público descentralizado, aun cuando exista una aportación federal, por lo que señala que es competente. El Ministerio Público solicitó prisión preventiva por ocho meses, pero ante el apelativo de la defensa, ésta fue fijada en seis meses a Miguel Román Duarte, ahora bien que, gracias a un amparo conseguido por la defensa de Cobos Toledo, le permitirá quedar a disposición de la ley federal. La medida cautelar finalizará el día 14 de noviembre.