Pese a manifestación de católicos, quienes reclamaban un plebiscito, los diputados locales, excepto la de Morena, Adriana Avilez, votaron a favor de modificar el Código Civil para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo y prohibir el casamiento de menores de edad. Por Ronny Aguilar CAMPECHE, Cam. 10 de mayo del 2016.- “Obligado” por los resolutivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Congreso de Campeche tuvo que modificar el Código Civil para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo y prohibir los casamientos de menores de edad. En tanto, en las afueras del salón de sesiones del Palacio Legislativo, se realizaba una manifestación de protestas de la comunidad católica contra el matrimonio igualitario. Los inconformes esperaron a cada uno de los diputados para hacer ver su inconformidad, la única diputada que votó en contra de este mandato, fue Adriana Avilez Avilez, de Morena. Nuevamente, los grupos católicos afines al Obispo de Campeche, José Francisco González González, acudieron al Congreso e incluso interrumpieron la votación de la iniciativa que permitiría los matrimonios entre personas del mismo sexo, solo para que se formara una comisión que los atendiera, una vez aprobada la adecuación. Desde el año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación había declarado la inconstitucionalidad del Código Civil local, después del rotundo fracaso de las sociedades de convivencia, y pidió al gobierno de Campeche que hiciera las modificaciones que ahora vemos. Sin embargo, los grupos católicos y cristianos radicales no estuvieron de acuerdo con esta modificación, al señalar que con ella se perdería la esencia de la familia y justamente esa era su consigna. Fueron poco más de 150 personas las que reclamaron su derecho a un plesbicito, pero como en Campeche no existe, de nada les sirvieron las más de cinco mil firmas que, según ellos, presentaron un día anterior al Congreso, con una “iniciativa ciudadana”. Los manifestante llegaron al recinto legislativo a las 11:30 horas y se plantaron a las afueras del mismo, sólo entró al salón de sesiones la comisión que interrumpiría la votación, la cual fue atendida posterior a la sesión en la sala “María Lavalle Urbina”, sin resultados. Los católicos, por su parte, esperaron a cada uno de los diputados para restregarles lo que llamaron “corrupción” en el caso del PRI y “traición” en el caso del PAN, pues el blanquiazul siempre se opuso a la iniciativa y ahora mostró sumisión ante “Alito”, o así lo dejaron ver los católicos enardecidos. Nuevamente, Morena sorprendió en el salón legislativo, pues la diputada Avilez votó en contra de la modificación, contrario a los legisladores de su fracción y a todos los demás diputados, por lo que la votación quedo 34 a favor y uno en contra. Los representantes de las agrupaciones católicas se negaron a dar entrevistas a la prensa, argumentando que estas están cooptadas por el Estado, sin embargo, explicaron a sus colegas que irían por el amparo ante la aprobación. No es correcto que Iglesia Católica tenga injerencia en el Estado Por su parte, Rodrigo Nick, de la organización Jóvenes Católicas por el Derecho a Decidir, señaló: “Están en todo su derecho a manifestarse, lo que no es correcto es que la Iglesia Católica tenga injerencia en el Estado, sabemos que desde las Leyes de Reforma, la Iglesia ha tenido una separación clara del Estado, pueden hablar posturas de la iglesia, pero no debe involucrarse en asuntos de Estado, creo que la iglesia está metiéndose en asuntos que no le toca, en sus espacios pueden hacer sus declaraciones y lo que les compete”. “Me parece una incongruencia lo que hace la Iglesia Católica, el mismo Papa Francisco ha dicho que él no es quien para juzgar y no hay una postura unánime en relación al tema de matrimonios igualitarios y diversidad sexual, y no debería verse como una idea absoluta, el mismo mandato de Jesucristo decía “Amaos los unos a los otros”, creo que ese es el mensaje”, puntualizó. Mencionó que este derecho no obliga a nadie a nada, pero si garantiza la opción para que se acerquen a casarse los que así tomen la decisión y solo es una garantía a la dignidad de la persona, solo por el hecho de ser un ser humano. “Obligados” a hacer adecuaciones al Código Civil En la exposición de motivos de la reforma, el Congreso manifestó que “cualquier disposición jurídica del marco normativo nacional o estatal que vulnere los derechos humanos de las personas, es inconstitucional. Es por ello que a pesar de que en nuestra entidad, ha sido considerada la familia dentro del concepto tradicional, al integrarla por matrimonio celebrado entre hombre y mujer con su respectiva descendencia, las transformaciones que ha sufrido el derecho en los ámbitos nacional e internacional, nos obliga a hacer adecuaciones a nuestro marco normativo estatal, a fin de cumplir con los postulados reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales, según los principios de control de constitucionalidad y de convencionalidad”. “Esto obedece a que en criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de diversos órganos jurisdiccionales del propio Poder Judicial de la Federación, que han conocido de Juicios de Amparo contra la legislación civil de Campeche y de otras entidades federativas, ha imperado el criterio reiterado que el matrimonio concebido únicamente como heterosexual, es inconstitucional”, expresó. “Consecuentemente, en atención a que en los términos en que se encuentra reconocida en nuestra legislación local la figura del matrimonio, no es acorde con los criterios citados, por considerar que las disposiciones que rigen al matrimonio en nuestro Código Civil otorgan un trato discriminatorio y desigual a las parejas del mismo sexo, y les niegan todos los beneficios tangibles e intangibles, a los cuales pueden acceder las personas heterosexuales a través del matrimonio, es que surge la obligación de hacer las adecuaciones necesarias para efecto de evitar que nuestra legislación civil vulnere los derechos a la igualdad y a la no discriminación, protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales, es decir, eliminar de aquella los vicios de inconstitucionalidad”, apuntó. “Quienes dictaminan se pronuncian a favor de realizar las adecuaciones pertinentes al Código Civil del Estado de Campeche, con la finalidad de acatar en sus términos el mandato constitucional que prohíbe la discriminación y el trato desigual, así como la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, concluyó.