El Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC) clasifica al estado con apenas 281 de 1,000 puntos ideales en operación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y lo destaca como el que más tarda en la atención de las denuncias. Por Daniel Sánchez CAMPECHE, Cam. 5 de mayo del 2016.- Campeche apenas alcanzó 281 de mil puntos ideales y se ubica entre los cuatro últimos estados del país en la implementación y operación del nuevo sistema de justicia penal, a unas semanas de que se venza el plazo constitucional, determinó el Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC). Con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el CIDAC dio a conocer el reporte denominado “Hallazgos 2015: evaluación de la implementación y operación a ocho años de la reforma constitucional en materia de justicia penal”, en el que destaca también de que la Fiscalía General campechana “tarda, en promedio, más de cuatro horas para recibir las denuncias de más del 40 por ciento de los delitos del fuero común”. En el comparativo sobre “delitos denunciados, según el rango de tiempo de denuncia”, Campeche aparece como el peor estado de la República Mexicana, al tener menos del 10 por ciento de las denuncias atendidas en menos de una hora, más del 40 por ciento entre una y cuatro horas, y otro porcentaje similar, en más de cuatro horas. El CIDAC precisó que la clasificación en “el ranking del avance en la implementación” la realizó en función del avance y calidad del proceso de implementación de la reforma penal, que duró ocho años, “con el objetivo de conocer el nivel de avance que presenta cada una de ellas”. “Este ejercicio, como en años anteriores, se realizó con base en la metodología desarrollada por CIDAC, en la que se hace una valoración de las condicionantes de la implementación. Para ello, se aplicaron los indicadores que permiten ordenar el avance y calidad de las entidades federativas en los siguientes ámbitos: a) coordinación y flujo de información, b) simetría institucional, c) ritmos de la implementación y d) participación ciudadana”, explicó. “El estándar se ha conceptualizado partiendo del reconocimiento de que, durante y después de la aplicación de una política pública, las instituciones y los operadores generan procesos de mejora continua. Por tal motivo, incluso a punto de que se venza el plazo constitucional para que el sistema penal acusatorio se encuentre operando de manera total en todo el país, se estableció un estándar de 800 puntos, de mil posibles, como el ideal alcanzable en la operación del sistema”, indicó. “Como mencionamos, a pesar de estar a pocas semanas de que se cumpla el plazo establecido en la Constitución para la implementación de la reforma penal, para 2015 se propuso un estándar de 800, por debajo de los 1000 puntos ideales. No obstante, en ninguno de los casos, las entidades federativas lograron alcanzar, siquiera, el estándar establecido para el año 2014, que fue de 730 puntos; y únicamente seis entidades han superado el estándar de 2013, como se observa en la siguiente figura”, agregó. Aseguró que el avance o retroceso que muestran algunas entidades federativas frente a la clasificación en el ranking 2014 se debe a distintos factores. Uno de ellos es, evidentemente, el tiempo, pues ante la inminencia del plazo constitucional, las instituciones se han visto en la necesidad de redoblar esfuerzos y se han obligado a tomar medidas en las condicionantes de la operación del sistema de justicia. Esta proximidad en el tiempo puede ser un arma de doble filo, pues la prisa ha implicado también que se tomen medidas dentro de las instituciones, sin mediar planeación y coordinación. “Otro factor que puede ser determinante es que haya existido un mayor nivel de coordinación interinstitucional en las entidades federativas, lo que se traduce en un proceso de implementación más eficiente, que impacta en el mejor posicionamiento de una entidad federativa frente a las demás. Por el contrario, la ausencia de políticas públicas claras y efectivas de coordinación institucional, afectaron el desempeño institucional y el impulso de la implementación, lo que impactó en la valoración que se dio a algunas entidades”, abundó. “A pesar del avance que se dio en algunos casos, resulta preocupante el hecho de que no se haya logrado alcanzar, ni siquiera, el estándar establecido para 2014. Es evidente que aún no estamos cercanos al logro del objetivo de contar con un sistema de justicia penal eficaz, eficiente y que asegure el respeto de los derechos humanos de los imputados y las víctimas”, alertó.   CIDAC estima 11 años para que NSJP opere eficaz y adecuadamente Esto llevó al CIDAC a señalar que “a partir del avance promedio que cada entidad federativa ha mostrado desde 2013 en el proceso de implementación, y en relación con la brecha que las separa del estándar ideal, a nivel nacional, nos llevará, en promedio, 11 años alcanzar el nivel óptimo para que el sistema de justicia penal opere de manera eficaz y adecuada. Esto significa, que necesitaríamos, por lo menos, duplicar el plazo que la Constitución otorgó en el año 2018”. El Centro insistió en que “la implementación del sistema de justicia penal acusatorio no termina el 18 de junio del 2016. Por el contrario, los esfuerzos deben persistir e, incluso, maximizarse. El proceso de implementación se caracterizó por la improvisación y por una dinámica de prueba y error que, en muchos casos, tuvo éxito, pero también significó acciones aisladas, desarticuladas y que, en última instancia, tuvieron poco impacto en la operación efectiva del sistema de justicia penal”. “En virtud de lo anterior, es necesario que el día después del 18 de junio de 2016, cuando el sistema acusatorio se encuentre operando a nivel nacional en su totalidad, se produzca una estrategia nacional que coordine esfuerzos, pues lo que importa no es el cumplimiento de una fecha, sino garantizar un sistema de justicia penal más eficaz, eficiente y que asegure los derechos de los ciudadanos”, expuso. “Lo más grave es que, en última instancia, los bajos índices de efectividad en la procuración y administración de justicia –aunados a posibles violaciones a derechos humanos– tienen el potencial de dañar, de forma irreversible, la legitimidad del SJPA y comprometer su consolidación en el mediano plazo. Otra asignatura pendiente es la de modificar la percepción ciudadana sobre el sistema de justicia. Actualmente, la cifra negra es de 92.8 por ciento a nivel nacional; los principales motivos que disuaden a la población de realizar una denuncia son: 1) considerar la denuncia como una pérdida de tiempo (32.2 por ciento), y 2) la desconfianza en la autoridad (16.8 por ciento)”, reveló. “Durante 2014, en el 53.8 por ciento de las investigaciones iniciadas “no pasó nada” o “no se resolvió la denuncia”, de acuerdo con los usuarios del sistema. La exigencia de resultados por parte de la ciudadanía –en la forma de reducción de índices delictivos– no es una consecuencia obligada de la operación del sistema penal acusatorio, sin embargo, si la incidencia delictiva no disminuye, la legitimidad del sistema podría verse afectada. Lo anterior podría empeorar si la difusión sobre el “nuevo” sistema penal establece falsas promesas, en relación con una incidencia directa e inmediata en los índices delictivos”, advirtió. “En este contexto, partimos del supuesto de que el 18 de junio contaremos con el marco normativo nacional completo (incluida la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Ley contra la Delincuencia Organizada, entre otras) y el sistema de justicia penal acusatorio estará operando formalmente en todo el país. Por ende, el 19 de junio de 2016 inicia la etapa de mayor prueba para el sistema penal, ya que se encuentra en juego su consolidación. En este sentido, el apoyo político y ciudadano que abone a su fortalecimiento solo llegará si los resultados cumplen con las expectativas de la reforma constitucional de 2008. El sistema penal acusatorio, en vías de consolidación, tiene el gran reto de incrementar los resultados positivos en la investigación y en la procuración de justicia o, de lo contrario, va a contribuir al descrédito de las instituciones”, puntualizó.

El documento en formato digital se encuentra disponible en: http://www.cidac.org http://www.proyectojusticia.org