El problema se registra en más del 50 por ciento de los municipios del estado/El gobernador mantiene una política de simulación ante el problema. Por Elizabeth Muñoz Vásquez SemMéxico TLAXCALA, Tlax. 13 de abril de 2016.- La trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, se ha expandido a 35 municipios, de los 60 que integran la entidad tlaxcalteca, denunció  Guadalupe García Vargas, directora del Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C. En el marco del XIII informe de actividades 2016, denominado “En comunidad tejemos esperanza”, la activista lamentó que el gobierno de Tlaxcala, encabezado por Mariano González Zarur, mantenga “una política de simulación frente a la grave problemática”, pues la realidad indica que hay una movilidad y aumento de los corredores de explotación en las carreteras que conducen a Huamantla y a Calpulalpan, municipios  ubicados al oriente y poniente del estado respectivamente. Afirmó que de acuerdo a un sondeo de percepción ciudadana que realizó esta organización civil en el 2014 sobre la situación de la trata de mujeres con fines de explotación sexual, el dato más grave es que el problema se ubicaba ya en 35 municipios, lo cual indica un crecimiento en relación al año 2008, cuando la experta Patricia Olamendi Torres señalaba que el delito sólo estaba en 23 de ellos. Añadió que mientras las autoridades que procuran justicia en Tlaxcala, afirman que “el número de denuncias  por el delito de trata de personas ha disminuido en un 70 por ciento, en relación con el número de denuncias que recibieron  al inicio de la administración”, el  problema ahora ya está en más del 50 por ciento de los municipios tlaxcaltecas, en donde existen familias enteras dedicadas a la explotación,  hay víctimas del delito de trata o bien operan lugares donde explotan a mujeres y niñas. Detalló que ya sea por las mismas declaraciones de las autoridades gubernamentales y por otras vías de acceso a la información, se hace un aproximado a los datos del delito de trata que el Gobierno tiene y su actuar respecto a éste, por lo que en 2011 se registraron 73 denuncias;  en 2012 fueron 56 -de la cuales se alcanzaron sólo  1 y 3 sentencias respectivamente-; en 2013 sólo recibieron 30; 2014 registraron 19 y de enero a julio del 2015, sólo 7 denuncias y en este último periodo “no existía ninguna persona detenida por trata y en los 5 años del gobierno no ha habido ningún proceso de extinción de dominio”, sentenció la directora de la asociación civil. Añadió que “la caída de las denuncias”, no es porque el problema haya disminuido, “sino porque consideramos que hay una ineficacia para garantizar  el acceso a la justicia de las víctimas” y agregó; “el Gobierno sigue apostando a ocultar la información, argumentando razones de seguridad para las víctimas lo cual no tiene soporte, pero hace que la ciudadanía se desgaste en la continuidad de procesos judiciales”. Vargas Gracia subrayó que evaluar la política pública que ha puesto en marcha la autoridad estatal para enfrentar el delito de trata, es una tarea difícil “ante gobiernos que se niegan a transparentar la información como lo ha hecho González Zarur”, ya que de acuerdo a la solicitud de información  respecto a la acciones realizadas  sobre la prevención del delito -según lo establecido en la Estrategia  Estatal contra la Trata y su Plan Sexenal-, en sesión del 15 de mayo del 2014  el Consejo Estatal contra la Trata, determinó sin mayor fundamento reservar la información por 12 años, lo cual fue validado por la Comisión de Acceso a la Información Pública de Tlaxcala (Caiptlax), lo cual hace  que este organismo independiente “se vuelva cómplice del actuar del gobierno estatal”. Ante esta situación explicó, que presentaron un juicio de amparo el 6 de octubre del 2014 y la sentencia determinó  que para negar la información el Gobierno, éste debería fundamentar las razones; y el 21 de julio del 2015 el Consejo Estatal contra la Trata de Personas determinó: “es de clasificarse y se clasifica como INFORMACION RESERVADA  a partir de esta fecha, hasta en tanto tenga vigencia el actual Plan Estatal Sexenal contra la Trata de Personas y de la Estrategia Estatal para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas y Proteger a sus víctimas y/o hasta por el término de máximo 12 años, toda la información que derive  de la ejecución de las acciones señaladas en el Plan Sexenal….”, argumentando que de hacerse pública dicha información  “pondría en riesgo todas las medidas tendientes a salvaguardar la vida, la integridad, la libertad y seguridad de las víctimas”. Al respecto, explicó la directora de la AC que en ningún momento se solicitaron datos personales de las víctimas, sino únicamente los resultados de las acciones de prevención establecidos en el Plan Sexenal contra la Trata. Vargas García estuvo acompañada durante su informe por Alán García,  representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Fernando Ríos, de la Red Nacional de los Derechos Humanos de Todas y Todos (TDTT) y Abel Barrera, Director de Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Guerrero.