https://www.youtube.com/watch?v=mtqQAU0Dsr4 “El México gobernado por Peña Nieto, se ha convertido en el paraíso de la tortura, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales. Pero sobre todo, de la impunidad que es hoy la constante y sigue invitando a la repetición del delito”, señala la senadora. Sansores San Román presenta punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a recibir al relator sobre tortura de la ONU, ampliar el mandato del GIEI y cesar el hostigamiento contra el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Alvarez Icaza. Por Daniel Sánchez CIUDAD DE MEXICO, D.F. 8 de abril del 2016.- La senadora Layda Sansores San Román señaló que el priísta Enrique Peña Nieto es el símbolo de la violación de los derechos humanos en México y de la impunidad endémica que cubre a los servidores públicos, gobernadores, policías, militares y marinos que los violan. Al presentar un punto de acuerdo para que el Ejecutivo federal reciba al relator sobre tortura de la ONU, postergue el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y cese el hostigamiento hacia el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Alvarez Icaza, la legisladora manifestó que “nunca antes, nuestro país había estado sumido en tan severa y profunda crisis institucional en torno a los derechos humanos”. “Esta grave situación ha generado una cadena interminable de sufrimiento a los mexicanos. El México gobernado por Peña Nieto, se ha convertido en el paraíso de la tortura, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales. Pero sobre todo, de la impunidad que es hoy la constante y sigue invitando a la repetición del delito”, expresó. “México se ha convertido en el país de las matanzas y desapariciones masivas. Los nombres de Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán y Tanhuato en tan solo 15 meses, nos remiten a un escenario generalizado de servidores públicos con licencia para matar y desaparecer”, indicó. Sansores San Román sostuvo que la negativa del gobierno de México a la petición del relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la Organización de las Naciones Unidas, Juan Ernesto Méndez, de regresar al país durante este año, no es cualquier incidente, es un ataque directo del presidente Enrique Peña Nieto contra los defensores de derechos humanos y más aún, contra los organismos defensores de los derechos humanos reconocidos internacionalmente. “Es un hecho grave, porque eso se suma con otros acontecimientos similares: Las acusaciones mediáticas y la averiguación previa abierta por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, contra Emilio Álvarez Icaza; y la campaña de desprestigio en contra de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado en el contexto de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el entorno de las investigaciones del caso de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa”, agregó. “Todo esto es, desde luego, una muestra del miedo que Peña Nieto le tiene a la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a su extraordinario y riguroso trabajo sobre nuestro país”, abundó. Medias verdades y medias mentiras sobre tragedias del gobierno de Peña Layda Sansores aseguró que el gobierno de Peña Nieto se ha destacado por las medias verdades y mentiras sobre las tragedias de derechos humanos, por ocultar, simular y manipular los procesos judiciales, por bloquear el acceso a la justicia para las víctimas, por el desprecio a la vida, por la indolencia ante el dolor de los padres y madres que buscan y lloran a sus hijos, y por la falta de asistencia económica, psicológica y social a las víctimas. “A la administración de Peña Nieto, no le importan los derechos humanos, mucho menos el acceso a la justicia de las miles y miles de víctimas. Tampoco parece importarle el derecho a la verdad que tienen todos los mexicanos. Pero hay ciudadanos a quienes sí les importa la defensa de esos derechos humanos vulnerados flagrantemente en México. Ciudadanos que están dispuestos a arriesgarlo todo, incluso su vida, porque están comprometidos con la justicia y la verdad”, aseveró. “Es por ello menester, es urgente, condenar la postura equívoca del gobierno federal frente al relator de la ONU; frente al GIEI y frente al secretario Ejecutivo de la CIDH. Y todos los que, como ellos, están en busca de la justicia y la verdad”, añadió. “La calidad moral, profesional y ética del relator especial, Juan E. Méndez; de los integrantes del GIEI, Ángela Buitrago, Claudia Paz y Paz, Alejandro Valencia, Carlos Beristain y Francisco Cox; y del secretario Ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, están fuera de toda duda. Su grandeza humana rebasa con creces la pequeñez y la mezquindad de algunos políticos y funcionarios públicos que ahora los linchan mediáticamente y hasta procesar por delitos inexistentes, por el delirio fascista de algunos miembros del gabinete federal”, mencionó. “Hay que decirlo claro y fuerte: la negativa de la visita del relator de la ONU, los ataques mediáticos contra del GIEI y la averiguación previa abierta contra Álvarez Icaza son una venganza de Peña Nieto por los señalamientos de la ONU, por el demoledor informe de la CIDH sobre los derechos humanos en México y por el trabajo del GIEI, que desmanteló a “Verdad Histórica” sobre el caso Ayotzinapa”, expuso. Dijo que a Peña Nieto y su séquito, les molesta que en el exterior se conozcan las fechorías cometidas por sus servidores públicos. “Les molesta que se sepa que el crimen de Ayotzinapa es el claro ejemplo de la connivencia de los agentes del Estado con el crimen organizado. Les preocupa quedar exhibidos como unos simuladores, como un gobierno que tolera los crímenes de Estado y que ha optado por la impunidad; un gobierno que firma todos los tratados internacionales de derechos humanos para quedar bien, pero que internamente no los respeta. Les indigna que en el exterior vean que en México no existe el delito de ejecución extrajudicial, ni servidor público importante detenido por el crimen de tortura o desaparición forzada”, citó. “Y les molesta, no porque les interese el bienestar de los mexicanos. A Enrique Peña Nieto le molestan los informes de la ONU, de la CIDH y del GIEI, porque ya no podrá firmar convenios internacionales con otros países que exijan respeto a los derechos humanos. La posibilidad de negocios se reduce así para los buitres que componen nuestra corrupta e impune clase política”, significó. “Enrique Peña Nieto es hombre de venganzas, baste para demostrarlo la remoción de Emilio Rabasa como embajador de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y su traslado al consulado de Boston, por haber manifestado su respaldo al informe de la CIDH. Las venganzas de Peña Nieto demuestran solamente su miedo, particularmente porque sabe que más temprano que tarde, se conocerá la verdad acerca de su gobierno”, comentó. Afirmó que es urgente sumar nuestras acciones, es preciso denunciar para enfrentar, no sólo las agresiones y la burla del gobierno, sino para romper la indiferencia del grueso de la sociedad mexicana ante los horrores cometidos por el Estado. “La carta donde Emilio Álvarez Icaza da a conocer sus razones para no buscar la reelección de su cargo en la CIDH, es un testimonio digno de ser tomado en cuenta: “Las visitas que hemos realizado recientemente y el seguimiento de lo que sucede en mi patria, me interpela con fuerza. Mi país me duele profundamente. Quiero dedicar mis esfuerzos y capacidades a trabajar directa y cercanamente para transformar la crisis de derechos humanos que ahí se vive. Si bien la CIDH me brinda una oportunidad privilegiada de trabajar también por la gente de México, la grave situación que se vive, me exige una prioridad en mi tiempo y agenda. Lo que veo y siento en mi país me ha hecho pensar que es mi obligación ética hacer lo que está a mi alcance por transformar esa situación”. Como Álvarez Icaza, muchos más mexicanos tenemos que sumarnos y comprometernos en esta tarea”, instó.
PUNTO DE ACUERDO La senadora Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo-Morena, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a revocar la prórroga de recibir la visita del Relator Especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Organización de las Naciones Unidas en nuestro país; asimismo, a extender el plazo del acuerdo para la incorporación de asistencia técnica internacional desde la perspectiva de derechos humanos en la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero; y a cesar el hostigamiento en contra del Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La que suscribe, Sen. Layda Sansores San Román, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 fracción II, 276 numeral 1, fracción II del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES La negativa del gobierno de México a la petición del relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la Organización de las Naciones Unidas, Juan Ernesto Méndez, de regresar al país durante este año, no es cualquier incidente, es un ataque directo del Presidente Enrique Peña Nieto contra los defensores de derechos humanos y más aún contra los organismos defensores de los derechos humanos reconocidos internacionalmente. Es un hecho grave porque eso se suma con otros acontecimientos similares: Las acusaciones mediáticas y la averiguación previa abierta por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, contra Emilio Álvarez Icaza; y La campaña de desprestigio en contra de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado en el contexto de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el entorno de las investigaciones del caso de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Todo esto es, desde luego, una muestra del miedo que Peña Nieto le tiene a la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a su extraordinario y riguroso trabajo sobre nuestro país. La tarea y los posicionamientos de ambas instancias son un aliento a quienes desde aquí trabajan por la defensa de los derechos humanos, mientras Peña Nieto es el símbolo de la violación de esos derechos humanos en México y de la impunidad endémica que cubre a los servidores públicos, gobernadores, policías, militares y marinos que los violan. Nunca antes nuestro país había estado sumido en tan severa y profunda crisis institucional en torno a los derechos humanos. Esta grave situación ha generado una cadena interminable de sufrimiento a los mexicanos. El México gobernado por Peña Nieto, se ha convertido en el paraíso de la tortura, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales. Pero sobre todo de la impunidad que es hoy la constante y sigue invitando a la repetición del delito. México se ha convertido en el país de las matanzas y desapariciones masivas. Los nombres de Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán y Tanhuato en tan solo 15 meses, nos remiten a un escenario generalizado de servidores públicos con licencia para matar y desaparecer. El gobierno de Peña Nieto se ha destacado por las medias verdades y mentiras sobre estas tragedias. Por ocultar, simular y manipular los procesos judiciales. Por bloquear el acceso a la justicia para las víctimas. Por el desprecio a la vida. Por la indolencia ante el dolor de los padres y madres que buscan y lloran a sus hijos. Por la falta de asistencia económica, psicológica y social a las víctimas. A la administración Peña Nieto, no le importan los derechos humanos, mucho menos el acceso a la justicia de las miles y miles de víctimas. Tampoco parece importarle el derecho a la verdad que tienen todos los mexicanos. Pero hay ciudadanos a quienes sí les importa la defensa de esos derechos humanos vulnerados flagrantemente en México. Ciudadanos que están dispuestos a arriesgarlo todo, incluso su vida porque están comprometidos con la justicia y la verdad. Es por ello menester, es urgente, condenar la postura equívoca del gobierno federal frente al relator de la ONU; frente al GIEI y frente al Secretario Ejecutivo de la CIDH. Y todos los que, como ellos, están en busca de la justicia y la verdad. La calidad moral, profesional y ética del relator especial, Juan E. Méndez; de los integrantes del GIEI, Ángela Buitrago, Claudia Paz y Paz, Alejandro Valencia, Carlos Beristain y Francisco Cox; y del secretario Ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, están fuera de toda duda. Su grandeza humana rebasa con creces la pequeñez y la mezquindad de algunos políticos y funcionarios públicos que ahora los linchan mediáticamente y hasta procesar por delitos inexistentes, por el delirio fascista de algunos miembros del gabinete federal. Hay que decirlo claro y fuerte: la negativa de la visita del relator de la ONU, los ataques mediáticos contra del GIEI y la averiguación previa abierta contra Álvarez Icaza son una venganza de Peña Nieto por los señalamientos de la ONU, por el demoledor informe de la CIDH sobre los derechos humanos en México y por el trabajo del GIEI que desmanteló a “Verdad Histórica” sobre el Caso Ayotzinapa. A Peña Nieto y su séquito les molesta que en el exterior se conozcan las fechorías cometidas por sus servidores públicos. Les molesta que se sepa que el crimen de Ayotzinapa es el claro ejemplo de la connivencia de los agentes del estado con el crimen organizado. Les preocupa quedar exhibidos como unos simuladores, como un gobierno que tolera los crímenes de Estado y que ha optado por la impunidad; un gobierno que firma todos los tratados internacionales de derechos humanos para quedar bien, pero que internamente no los respeta. Les indigna que en el exterior vean que en México no existe el delito de ejecución extrajudicial, ni servidor público importante detenido por el crimen de tortura o desaparición forzada. Y les molesta, no porque les interese el bienestar de los mexicanos. A Enrique Peña Nieto le molestan los informes de la ONU, de la CIDH y del GIEI, porque ya no podrá firmar convenios internacionales con otros países que exijan respeto a los derechos humanos. La posibilidad de negocios se reduce así para los buitres que componen nuestra corrupta e impune clase política. Enrique Peña Nieto es hombre de venganzas, baste para demostrarlo la remoción de Emilio Rabasa como embajador de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y su traslado al consulado de Boston, por haber manifestado su respaldo al informe de la CIDH. Las venganzas de Peña Nieto demuestran solamente su miedo, particularmente porque sabe que más temprano que tarde se conocerá la verdad acerca de su gobierno. Es urgente sumar nuestras acciones, es preciso denunciar para enfrentar, no sólo las agresiones y la burla del gobierno, sino para romper la indiferencia del grueso de la sociedad mexicana ante los horrores cometidos por el Estado. La carta donde Emilio Álvarez Icaza da a conocer sus razones para no buscar la reelección de su cargo en la CIDH, es un testimonio digno de ser tomado en cuenta: “Las visitas que hemos realizado recientemente y el seguimiento de lo que sucede en mi patria, me interpela con fuerza. Mi país me duele profundamente. Quiero dedicar mis esfuerzos y capacidades a trabajar directa y cercanamente para transformar la crisis de derechos humanos que ahí se vive. Si bien la CIDH me brinda una oportunidad privilegiada de trabajar también por la gente de México, la grave situación que se vive, me exige una prioridad en mi tiempo y agenda. Lo que veo y siento en mi país me ha hecho pensar que es mi obligación ética hacer lo que está a mi alcance por transformar esa situación”. Como Álvarez Icaza, muchos más mexicanos tenemos que sumarnos y comprometernos en esta tarea. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta soberanía, los siguientes: PUNTOS DE ACUERDO PRIMERO. POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A REVOCARLA PRORROGA DE RECIBIR LA VISITA DEL RELATOR ESPECIAL SOBRE LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS EN NUESTRO PAÍS SEGUNDO. POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A EXTENDER EL PLAZO DEL ACUERDO PARA LA INCORPORACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA INTERNACIONAL DESDE LA PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS EN LA INVESTIGACIÓN DE LA DESAPARICIÓN FORZADA DE 43 ESTUDIANTES DE LA NORMAL RURAL RAÚL ISIDRO BURGOS DE AYOTZINAPA, GUERRERO. TERCERO. POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL CESE EL HOSTIGAMIENTO EN CONTRA DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH), EL C. EMILIO ALVAREZ ICAZA.
