La Auditoría Superior de la Federación detecta que a pesar de que la Procuraduría Federal del Consumidor ejerció 21.9% más presupuesto en 2014, cayeron las verificaciones a estaciones de gasolina en un 83.5% y de Gas LP, en un 52.2%, con respecto al 2011, y se incrementaron las irregularidades. Por Daniel Sánchez CIUDAD DE MEXICO, D.F. 12 de marzo del 2016.- Entre 2011 y 2014, la vigilancia de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) no fue suficiente para lograr que los proveedores de bienes y servicios cumplan con las condiciones establecidas en el marco jurídico en materia de consumo, a pesar de contar con mayor presupuesto, dictaminó la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Al realizar una auditoría de desempeño a la dependencia federal, el organismo fiscalizador señaló que durante estos cinco años, “el número de irregularidades detectadas se ha mantenido constante y, en algunos casos, se ha incrementado, lo cual denota que las estrategias implementadas por la entidad resultaron insuficientes para asegurar la procuración de los derechos de los consumidores”. “En opinión de la ASF, la Profeco realizó la vigilancia del cumplimiento del marco jurídico en materia de consumo, por medio de la verificación en los rubros de combustible y establecimientos comerciales, con ello detectó irregularidades que afectan los bienes y servicios que adquieren los consumidores, para las cuales aplicó las medidas de apremio y precautorias, pero esas han sido insuficientes”, reiteró. Aseguró que de 2011 a 2014, el número de verificaciones realizadas a las estaciones de servicio de gasolina, así como de Gas LP, se han reducido, y el registro de irregularidades y negativas por parte de los proveedores se ha incrementado. “El número de verificaciones a las estaciones de servicio de gasolina pasó de 12 mil 157 a mil 792, lo que significó una reducción de 83.5 por ciento; las irregularidades pasaron de 13.9 a 56.8 por ciento y las negativas de 4.9 a 13.0 por ciento; para el Gas LP, las verificaciones pasaron de dos mil 15 a 963, una reducción de 52.2 por ciento, y las negativas para ser verificados mostraron un incremento, al pasar de 38.5 a 59.1 por ciento”, precisó. “Además, en el caso de metrología, normalización y comportamiento comercial, el número de verificaciones realizadas ha sido constante, pero el porcentaje de irregularidades no se ha logrado reducir, lo que significa que las acciones realizadas por la procuraduría no tienen el efecto correctivo hacia los proveedores que incurren en malas prácticas hacia los consumidores, con objeto de promover una certeza en las relaciones de consumo, por lo que no es posible garantizar el avance en la atención de la problemática que pretende solucionar la operación del programa presupuestario evaluado”, agregó. “Con la atención de las acciones promovidas por la ASF, se coadyuvará a que la Profeco defina e instrumente mecanismos que mejoren la planificación de verificación de los proveedores con la finalidad de inhibir las prácticas abusivas y la reincidencia de las negativas de verificación; asimismo, mejore los sistemas de control de información; redefina las estrategias utilizadas para llevar a cabo las verificaciones, así como solicitar las reformas necesarias a su marco normativo y procurar los derechos de los consumidores”, puntualizó. A detalle, la auditoría de la ASF La ASF revisó la vigilancia del cumplimiento de la normatividad aplicable y fortalecimiento de la certeza jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores, hecha por la Profeco, con el objetivo de “fiscalizar las acciones de vigilancia para el cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor por parte de los proveedores de bienes, productos y servicios, a fin de proteger los derechos del consumidor, mejorar la información de mercados y garantizar el derecho a la realización de operaciones comerciales claras y seguras”. La Auditoría recordó que en 1976, entró en vigor la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) para responder a las necesidades de protección y de educación al consumidor. Con ello, se instituyó la Procuraduría Federal del Consumidor, como un organismo descentralizado de carácter social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con funciones de autoridad administrativa encargada de proteger y promover los derechos e intereses de la población consumidora. “El 24 de diciembre de 1992, el Ejecutivo Federal publicó en el DOF la nueva Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), en la que se le atribuyó a la Profeco las funciones de recepción, trámite y conciliación de quejas y denuncias; verificación y vigilancia de normas oficiales mexicanas, pesas y medidas, así como precios autorizados”, expresó. “El marco regulatorio en materia de consumo se encuentra delimitado por la LFPC, la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, y las Normas Oficiales Mexicanas, el cual se enfocó no sólo en la defensa de los derechos del consumidor, sino también abarcó la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones normativas por parte de los diversos giros de la economía”, abundó. “En ese sentido, en el diagnóstico 2014 del Pp G003, se identificó que el problema que se pretende solucionar es la insuficiente vigilancia de la normativa en materia de consumo, así como la falta de sanciones derivadas de las prácticas abusivas de los proveedores que afectan las condiciones de mercado, bajo las cuales los consumidores adquieren bienes y servicios”, añadió. “Para atender esa problemática, el gobierno federal implementó el Pp G003 “Vigilancia del Cumplimiento de la Normatividad Aplicable y Fortalecimiento de la Certeza Jurídica en las Relaciones entre Proveedores y Consumidores”, a cargo de la Profeco, para vigilar el cumplimiento de las condiciones que establece el marco jurídico en materia de consumo, atender denuncias, así como procurar los derechos de los consumidores”, asentó. Ejerce Profeco 21.9% más de presupuesto en 2014 Entre los resultados, la ASF manifestó que en 2014, la Profeco ejerció 431 millones 377 mil 700 pesos en el Pp G003, lo que significó un incremento de 21.9 por ciento (77 millones 545 mil 400 pesos) respecto del presupuesto original, sin que se justificara en qué medida el aumento de los recursos coadyuvaron al logro de sus metas y objetivos institucionales, así como el avance en la solución del problema público. “Respecto de la vigilancia que realizó la Profeco por medio de la verificación de los proveedores de bienes y servicios, se constató que la entidad fiscalizada dio cumplimiento a los programas de verificación en los distintos rubros que revisa, debido a que verificó mil 792 estaciones de servicio de gasolina, de las cuales el 69.8 por ciento (mil 250) registraron irregularidades en el despacho de combustible, lo que significó que siete de cada 10 gasolineras incumplieron con las condiciones que establece el marco jurídico; en materia de Gas LP, se realizaron 963 verificaciones a plantas y vehículos, de las cuales ocho de cada 10 verificaciones presentaron inconsistencias en la distribución de ese insumo”, detalló. “En relación con los establecimientos comerciales, se realizaron 13 mil 421 visitas de verificación en materia de metrología, el 19 por ciento (dos mil 556) registraron irregularidades; en el rubro de normalización, se realizaron 32 mil 61 verificaciones, de las cuales el 19.1 por ciento (seis mil 118) presentaron incumplimientos a lo establecido en las NOM; asimismo, se efectuaron 42 mil 891 verificaciones para evaluar los aspectos del comportamiento comercial, de las cuales el 17.7 por ciento (siete mil 588) presentaron anomalías en la comercialización de los productos”, reveló. “Para la atención de las denuncias recibidas por abusos cometidos hacia los consumidores, se constató que para las estaciones de servicio de gasolina, la entidad registró un porcentaje de atención del 29.9 por ciento (798) de las dos mil 643 denuncias recibidas en ese rubro; y de 82.4 por ciento (553) respecto de las 671 denuncias por irregularidades en las plantas de Gas LP. Asimismo, se registró un avance de atención del 82 por ciento (627) en metrología, de 93.5 por ciento (200) en normalización y de 80.1 por ciento (cinco mil 540) en comportamiento comercial”, citó. “En cuanto a las medidas de apremio y precautorias aplicadas, se constató que esa entidad impuso dos mil 562 multas e inmovilizaciones por incumplimientos al marco jurídico por parte de los proveedores de combustibles, así como la inmovilización de nueve mil siete instrumentos de medición y la aplicación de 339 millones 967 mil 400 pesos en multas a los establecimientos comerciales que incurrieron en irregularidades, sin que se contara con información oportuna sobre la aplicación de esas medidas en materia de metrología, normalización y comportamiento comercial”, aseveró.