La directora del Centro INAH Campeche, Lirio Suárez Améndola, señala que los ambulantes no afean el Centro Histórico, no hay que verlos como enemigos y utilizar la violencia en su contra, sino tratar de reinsertarlos en la economía formal y que se vuelvan un motor de desarrollo. Por Ronny Aguilar CAMPECHE, Cam. 22 de febrero del 2016.- El Ayuntamiento de Campeche, encabezado por Edgar Hernández Hernández, prefiere la represión y desaloja a vendedores ambulantes del Centro Histórico, Patrimonio Cultural de la Humanidad, en lugar de implementar programas sociales de desarrollo económico, ante el señalamiento de la UNESCO de que el ambulantaje es producto de la carencia económica, el poco desarrollo y el deterioro social. Hace unos días, comenzaron a exhibirse unos videos en las redes sociales, que muestran a inspectores del Ayuntamiento capitalino, retirando violentamente a personas que laboran en el Centro Histórico, comerciando de manera semi-estacional, lo cual causó la molestia de la ciudadanía, pues en algunos casos, se les decomisaron los productos, cuando el comerciante solo busca ganarse la vida. La directora del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Campeche, Lirio Suárez Améndola, explica la razón por la cual el Ayuntamiento retira a los comerciantes semifijos del Centro Histórico, deja entrever la desobligación del Ayuntamiento que intenta hacer invisible a estas personas, que son una muestra del freno económico y las pocas oportunidades, una realidad en el estado, que no quieren que sepa la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés). En entrevista con Paginabierta.mx, la funcionaria federal manifiesta que se ha confundido mucho la parte de que los ambulantes afectan la imagen urbana, o sea, que afean, como han mal declarado en múltiples ocasiones autoridades para tapar su ineficacia ante el tema. “Realmente no es así, no en la base de origen, la UNESCO, como organismo de la ONU, establece que el exceso de ambulantaje o el surgimiento del ambulantaje es parte de un deterioro social, o sea, que se trata de que las ciudades combatan el ambulantaje, pero no se trata de ver al comercio ambulante como enemigo, de lo que se trata es de reinsertarlos en la economía formal y la economía local y que se vuelvan un motor de desarrollo, en vez de ser vistos como una afectación al comercio establecido que paga impuestos, que tiene una serie de gastos y que esa viéndose afectado”, expresa. “Ahora, no se trata de desalojarlos solamente, la realidad es que aquí tiene que trabajar el Ayuntamiento y el gobierno del Estado y todas autoridades, incluso federales, que estén involucradas en sectores de Economía y Trabajo, porque tienen que buscar un mecanismo que la gente que obtiene ingresos a través del comercio informal, logre reinsertarse en el comercio local, obviamente que mientras una economía se va deteriorando más, va creciendo la economía informal y son estudios económicos que se han hecho desde hace muchos años y la idea no es combatir ese sector, no es que ellos son enemigos y los tienes que sacar”, indica. “La idea de combatir el comercio informal es por todas las secuelas que genera y entonces tienes que trabajar porque sean insertados o en un trabajo formal o en un comercio formal, no es un trabajo fácil, no es una tarea fácil, hay casos en los que han tenido que trabajar muchos años para hacer esta reinversión y fueron casi dos trienios, no se trata de hacer una reubicación o sacarlos, se trata de hacer un plan económico a largo plazo, con el que logres que esta problemática vaya disminuyendo”, agrega. “Básicamente es que la UNESCO lo ve como un deterioro social, no es que afeen el Centro Histórico, ese no es el tema, lo que ve la UNESCO es que hay una economía que no está bien cimentada y obviamente que Campeche a la hora de ser parte del Patrimonio de la Humanidad, se comprometió a trabajar en este tema y se ha mantenido controlado”, puntualiza. Asimismo, Suárez Améndola manifiesta que no se está atendiendo el problema de origen, ya que es demasiado complicado y los Ayuntamientos han ignorado la búsqueda de soluciones. “Es un problema más complicado de lo que parece, esto con cada presidente municipal que me ha tocado trabajar, nos hemos sentado y les he dicho que el problema no solo es suyo, eso es algo que tiene que ser entendido, están involucradas las tres instancias de gobierno, en el caso del INAH, porque nosotros hacemos tanto llamado a la autoridad municipal, porque es la parte que a nosotros nos toca”, expone. “Nosotros como detentores de la Dirección de Patrimonio Mundial y siendo junto con Conalmex, el enlace ante la UNESCO, nos toca vigilar que se cumpla el reglamento, pero sabemos que no es solo un tema municipal, la autoridad estatal y la federal deben trabajar la parte de los sectores económicos y laborales para poder reintegrar a esta gente, mucha de la gente que es comerciante ambulante viene de un trabajo formal del que fue expulsado, a eso se refiere la UNESCO cuando habla de deterioro social, una persona que se dedica al comercio informal, a lo mejor tiene otras opciones, pero no las conoce o no las sabe, y a quién le corresponde explicarle a esta persona que existe una forma de incorporarse a la economía formal, es a los gobiernos”, insiste. Señala que se tiene que hacer un plan de desarrollo conjunto, donde no solamente es sacarlos ni reubicarlos, porque obviamente cada día van a ser más. “Si vemos que están habiendo ahorros presupuestales y que tenemos una economía que pasa cada día más dificultades y la gente tiene familia y todos trabajamos, por gusto, pero también por necesidad, y no se le puede decir a una familia que deje de tener ingresos que está teniendo, digamos que como medida urgente, está bien la reubicación, pero que se cumplan los lineamentos que se nos establecen y que sigan en el comercio, que es lo está que generando la fuente de ingresos que están teniendo ahora, pero a mediano y largo plazos, se necesita un plan para incorporar a estas personas a la economía formal”, reitera. Menciona que ella ya platicó con Edgar Hernández y que le señaló que se tenía que formar un cuerpo de trabajo y obviamente, dijo que está en la mejor disposición, aunque no por eso, ellos como INAH, presionaron para los desalojos, aunque para cumplir los lineamientos, sí. De manera particular, afirma que ella cree que debe haber reubicaciones, “pero con abuso de autoridad jamás, no es práctico, ético, ni creo que deba hacerse” y revela que no ha visto los videos en las redes sociales de los desalojos del municipio. Lo lamentable de todo esto es que el mismo INAH reconoce que no se ha hecho nada para cumplir con la UNESCO, “no hay planeación, no ha habido planeación y la tiene que haber y en el cual debe participar el gobierno estatal”. Cabe decir que ahora se trata de defender a estas personas con el argumento del “pregonero campechano”, sin embargo, ella misma indica que el pregonero es un ambulante, mientras que los desalojos son para las personas que practican el comercio semifijo y específicamente el ambulantaje. “Hay que entender primero que estamos hablando de personas, porque a veces nos olvidamos que estamos hablando de personas y no solo de personas, sino de familias enteras y creo que lo primero que debemos comprender y entender es eso, para trabajar mucho en resolver este tema sin afectar a nadie”, apunta. Hay violación de derechos humanos Es necesario señalar que lo que el Ayuntamiento de Campeche está haciendo es violar los derechos humanos de estas personas, que están plasmados en la Constitución, y sobre ellos no hay nada, ni siquiera el recurso de la UNESCO para el Centro Histórico. El artículo 5° constitucional dice: A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, el ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. (Reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1974). Asimismo, el artículo 123 de la carta magna, establece que: Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley. Lo cual es una obligación inapelable del Estado. Por lo anterior, si alguien se siente agraviado por los desalojos, o bien, ha sufrido uno o conoce alguien que haya sido víctima de este abuso de autoridad, violación a sus derechos humanos y constitucionales, puede demandar al Ayuntamiento o bien levantar una queja ante la Comisión de los Derechos Humanos, o bien, comuníquese al teléfono 981-177-02-60, número de este reportero, para realizar las diligencias que se crean convenientes y brindar acompañamiento.