Juez otorga custodia a una abuela, pese a que Fiscalía determinó que no sufría maltrato por parte de su madre. Por Redacción SemMéxico MERIDA, Yuc. 26 de enero del 2016.- El colectivo Mujeres sin Maquillaje denunció el abuso de poder y actitud negligente del Juez Segundo de lo Familiar, Jorge Alberto Carrillo Canché, quien solapado por el magistrado Marcos Celis Quintal, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, viola los derechos humanos de Alma Tejeda Padrón. En un boletín de prensa, este colectivo integrado por diversas organizaciones pro derechos de las mujeres, explicaron las razones de sus acusaciones, al tiempo de advertir que ya interpusieron una queja ante la Judicatura y advirtieron hoy acudirían al Tribunal Superior de Justicia para exponer nuevamente al magistrado Marcos Celis Quintal las arbitrariedades del juez, lo anterior en el marco del día Naranja que ONU Mujeres ha propuesto para visibilizar la violencia de género contra las mujeres. En el recuento de los hechos, indican que en abril de 2015, Lizbeth Paulina Padrón Aké, ex directora de la Facultad de Enfermería y Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Yucatán sustrajo a su nieta de la escuela, sin el consentimiento de su madre, Alma Tejeda Padrón. Al mismo tiempo, para justificarse, inició ante la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (Prodemefa) y ante la Fiscalía General del Estado, una denuncia por el supuesto maltrato de la niña por parte de su hija. De acuerdo Mujeres sin Maquillaje el proceso plagado de irregularidades, además, de una serie de intimidaciones, burlas y amenazas por parte de personal que labora en la PRODEMEFA, tanto de manera personal, como vía telefónica desde el número oficial de dicha Institución, como quedó asentado en el expediente #2238/m1/2015. La Fiscalía determinó que la abuela mintió y que no hubo maltrato hacia la menor y, por el contrario, es la abuela quien comete delito de maltrato emocional y manipulación contra la  niña, a quien induce a que mienta a favor suyo (delito penal reconocido en esta entidad como Alienación Parental). El dictamen psicológico determinó Padrón Aké  tiene a su nieta en peligro físico y emocional. Por otra parte, se denunció que la menor no recibe ningún tipo de vigilancia y está en constante contacto con extraños a través de las redes sociales, “donde intercambia contenido sexual y explícito con desconocidos, mujeres y hombres, e inclusiva acuerdan encuentros personales”. Otros resultados del dictamen psicológico son las conductas depresivas de la menor, quien se autolesiona, todo ello a partir de haber sido separada de su mamá. Son estos resultados lo que llevan a la Fiscalía de Yucatán a recomendar una orden de protección para la menor en contra de la sustractora, es decir, su abuela, sin embargo, esta no se ejecuta y, en cambio, Padrón Aké interpone una demanda ante los juzgados familiares para quitarle a su hija la patria potestad de la niña con las mismas acusaciones. El juez Segundo de lo Familiar, Jorge Alberto Carrillo Canché, concedió una audiencia a la abuela de la niña en solo seis días de recibir el expediente, y sin considerar las pruebas aportadas por la Fiscalía otorga la custodia de la menor a la abuela y ordena a Alma Tejeda Padrón que  su otro hijo menor de edad pase los fines de semana con ella. Frente a esos hechos, Mujeres sin Maquillaje consideraron que el juez Jorge Alberto Carrillo Canché no tomó en cuenta las pruebas y exámenes realizados por la Fiscalía, por lo que pone en riesgo a la menor, aunado a la violencia que sufre la familia y de manera especial la madre. Frente a la lentitud mostrada en casi todos los casos, en esta ocasión el juez falló en solo seis días. En una crítica al sistema judicial, cuestionaron también que por lo general los casos son tortuosos para las mujeres, los problemas no se resuelven de manera inmediata y son costosos, además de la angustia y desesperación que viven las mujeres. Por otro lado, criticaron la mediación, medida judicial que a las mujeres, hijas e hijos en una situación de riesgo y violencia física, sexual, psicológica y económica, pues ya se puede “mediar” si las golpearon, si les sustraen a sus hijos e hijas o para el pago de una pensión alimenticia que durante meses no se ha depositado. Denunciaron también que este es uno de los muchos casos que en Yucatán se han presentado, cuyas resoluciones “rayan en lo injusto”, pues no es posible que un juez argumente que el tiene su propio criterio y no tiene por qué tomar en cuenta las pruebas presentadas por otras instancias. El comunicado está firmado por Layda Rodríguez Torres, de Ni una más; Marbella Casanova Calam, de Unión Obrera; Adelaida Salas Salazar, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, y María Eugenia Núñez Zapata, de Equidad Social.