La organización de trabajadores petroleros llama a mexicanos a manifestarse en el DF y las principales ciudades del país, para detener juntos la destrucción de la tierra y la entrega de recursos naturales y energéticos no renovables. CIUDAD DEL CARMEN, Cam. 26 de enero del 2016.- La Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTYPP), a nombre de todas las organizaciones campesinas, sindicales y de la sociedad civil del Frente Amplio Social Unitario (FASU), llamó a los mexicanos a manifestarse este 29 de enero en el Distrito Federal y en las principales ciudades de la República para detener juntos la destrucción de la tierra y la entrega de los recursos naturales y energéticos no renovables. “Necesitamos cambiar de raíz la política económica y social que ha dado lugar a un crecimiento económico mediocre, a la parálisis crónica del campo y al descenso de los niveles de bienestar de la mayoría de la población”, puntualizó. A continuación, el pronunciamiento de la UNTYPP: Este 29 de enero las organizaciones campesinas, sindicales y de la sociedad civil agrupadas en el Frente Amplio Social Unitario (FASU) y en otros espacios, nos manifestaremos en el Distrito Federal y en las principales ciudades de la República para hacer un llamado a todos los mexicanos y mexicanas para que juntos detengamos la destrucción de la Madre tierra y la entrega de nuestros recursos naturales y energéticos no renovables. Necesitamos cambiar de raíz la política económica y social que ha dado lugar a un crecimiento económico mediocre, a la parálisis crónica del campo y al descenso de los niveles de bienestar de la mayoría de la población. En México existen 55.3 millones de mexicanos en condición de pobreza, circunstancia agravada por la caída de los precios internacionales del petróleo, la drástica depreciación del peso frente al dólar y la aprobación de una serie de reformas constitucionales que involucran ámbitos como el laboral, el educativo, el energético, el de las telecomunicaciones y radiodifusión, la competencia económica, el financiero, la política hacendaria, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley de Amparo, entre otros. Dichos ordenamientos, han fortalecido el poder de los grandes capitales nacionales y extranjeros además traer consigo la disminución o eliminación de diversos derechos sociales. A estas reformas neoliberales se pretende agregar, por recomendación de la OCDE, una modificación más, en materia de seguridad social que afectará los esquemas de pensiones y jubilaciones de los trabajadores afiliados al IMSS e ISSSTE y que convertirá la salud en una mercancía al alcance solo de quienes puedan pagar por ella. Llama la atención que un régimen incapaz de solucionar por la vía de la negociación y el acuerdo los brotes de resistencia que en diversas entidades se produjeron en relación con una evaluación que pone en predicamento la estabilidad laboral de los profesores de primarias y secundarias, se apreste a introducir una nueva reforma que implicará nuevos recortes a los derechos adquiridos por los trabajadores afiliados al IMSS y al ISSSTE. Sigilosamente, por otra parte, se ha iniciado un mecanismo de consultas simuladas para justificar una nueva reforma laboral que eliminaría las pocas restricciones que se establecieron para el uso de sistemas de subcontratación como el outsourcing, lo que contribuirá de seguro a precarizar aún más los escasos empleos de los trabajadores mexicanos. La recuperación del poder adquisitivo de los salarios junto al respeto a la libertad de asociación sindical y a la contratación colectiva auténticas continúan siendo asignaturas pendientes en el mundo laboral mexicano en el que subiste el corporativismo sindical mientras se multiplican día con día los contratos de protección patronal al tiempo que el poder de compra de los salarios mínimos ha caído un 77.79% de 1987 a 2014 según datos de la Facultad de economía de la UNAM. Las sucesivas rondas para concesionar la explotación de los yacimientos petroleros se combinan hoy con el desmembramiento de la infraestructura de PEMEX y CFE, mientras que se continúan desaprovechando los recursos humanos y materiales de nuestras principales empresas energéticas y se relega y se somete a la asfixia presupuestal a nuestros centros de investigación. Con las llamadas reformas estructurales, se profundiza la subordinación ante los intereses del gobierno norteamericano y los grandes consorcios multinacionales al entregar a los mismos el control sobre sectores y recursos estratégicos. El abandono del campo mexicano, por su parte, es la expresión de una gestión gubernamental que favorece a las grandes trasnacionales de la alimentación a costa de la precarización de los pequeños y medianos productores agropecuarios; circunstancia que convierte al país en gran importador de alimentos, sin autosuficiencia en su producción y con una pérdida creciente de soberanía alimentaria. Todo lo cual ha generado un cambio en la cultura de la alimentación con consecuencias sobre la salud, generando deficiencia nutricional y obesidad. Esta tendencia se agudizará si se ratifican el Acuerdo Transpacífico (TPP) y el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA), ya que con ellos se pretende regular de manera supranacional los servicios de salud, financieros, de telecomunicaciones y de transportes así como el manejo del agua y aspectos como la transparencia, la censura del Internet y el uso de patentes entre otros. Estos acuerdos pasarían por encima de regulaciones nacionales por lo que se otorgaría a “tribunales ‘comerciales’ internacionales” en los que dominarían los intereses de los grandes consorcios, la facultad de decidir acerca de la regulación de actividades que son fundamentales para el bienestar social de los mexicanos. En materia de derechos humanos, es patente y preocupante la violación reiterada de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales establecidos por la comunidad mundial. Ello ha dado lugar a numerosas luchas para defenderlos, materializarlos y exigir su cumplimiento en las que frecuentemente se recurre diversas instancias y organismos internaciones como la OIT o La Comisión Interamericana de Derechos Humanos quienes han emitido numerosas recomendaciones al gobierno Mexicano. A pesar de lo anterior, subsiste la falta de voluntad política del gobierno mexicano para asumir dichas recomendaciones y esclarecer casos como el de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, las masacres de Tlatlaya y Michoacán o el conflicto de San Quintín. El actual gobierno no parece dispuesto a avanzar realmente en temas como el de las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas o el uso de la tortura, por el contrario la creciente militarización del país, la persecución de diversos activistas y dirigentes sociales así como la impunidad asociada con la corrupción y la complicidad con el crimen organizado dan cuenta de un peligroso curso autoritario y excluyente que asume rasgos cada vez más parecidos a los regímenes abiertamente dictatoriales o fascistas. Aún los avances impulsados por los ciudadanos, como la reciente Reforma Política del Distrito Federal, corren el riesgo de terminar parcialmente nulificados, sí los partidos dominantes asumen el control de la Asamblea que diseñará la Constitución Política de la Ciudad de México aprovechando las limitaciones de las reformas recién aprobadas. Es por esto que las organizaciones y personalidades del FASU y otros referentes hemos insistido desde hace muchos años, en la necesidad de un cambio de rumbo para democratizar y transformar el anquilosado régimen político de nuestro país. Con las políticas neoliberales vigentes se ha profundizado la subordinación de nuestro país ante los intereses de Estados Unidos y los grandes capitales por lo que nuestra tarea principal es revertir esta tendencia para recuperar nuestra Soberanía, nuestra Autodeterminación y nuestra Independencia. En lo inmediato, debemos buscar la unidad para demandar la presentación con vida de los desaparecidos y hacer justicia en el caso de Ayotzinapa, garantizando que hechos como este jamás vuelvan a repetirse; lograr la libertad de los presos políticos; exigir que se resuelva el conflicto con los jornaleros agrícolas de San Quintín; democratizar el proceso constituyente de la Ciudad de México y lograr la abrogación de las reformas estructurales; medidas inmediatas que abrirán causes para la construcción de una Nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El punto de partida de este proceso transformador que requiere de la más amplia convergencia de las organizaciones sindicales campesinas y civiles, es un gran Acuerdo Nacional que sentará las bases para el trabajo de un Nuevo Constituyente. Entre los temas prioritarios que dicho acuerdo debe contemplar están los siguientes:

1. Nueva estrategia económica que incluya la reactivación del mercado interno, la mejora sostenida y progresiva de los salarios.
2. Ratificación constitucional de la libertad sindical, contratación colectiva, la desaparición de los contratos colectivos simulados y de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, federal y locales para ser sustituidas por jueces laborales. Lo que requiere de la ratificación de los convenios internaciones de la OIT, especialmente el convenio 98.
3. Rescate del Campo con apoyo central de los pequeños y medianos productores agropecuarios a través de un pacto rural incluyente, que garantice la autonomía y seguridad alimentaria además del respeto a sus comunidades, territorios y culturas.
4. Respeto y defensa a los derechos humanos a través de un verdadero estado de derecho que implique las libertades democráticas, la erradicación de las prácticas de tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la criminalización de la protesta social, amnistía a presos políticos por razones de conciencia, seguridad pública y fortalecimiento de los derechos civiles dentro de la Constitución Política del Distrito Federal

5 Abrogación de las reformas estructurales neoliberales, restitución de los derechos sociales afectadas por ellas y anulación de todos los contratos firmados al amparo de ellas como la energética, con bancos y corporaciones extranjeras. A propósito de la próxima vista del Papa Francisco a nuestro país, es necesario destacar que propuestas antes mencionadas coinciden con muchos de los planteamientos de su encíclica Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común. Por lo que consideramos de la mayor importancia que se pronuncie sobre estos temas. Finalmente, convocamos a todas y todos las trabajadoras y trabajadores del campo y la ciudad, desempleados, estudiantes, maestros, académicos, ciudadanos comprometidos por la defensa de los derechos humanos, activos y jubilados, a los ciudadanos en general a la lucha social que representa la movilización del 26 y 29 de enero convocada por el Frente Amplio Social Unitario y demás convocantes para impulsar el cambio de régimen económico, político y social que requiere nuestro país. El cambió de rumbo que requiere nuestra nación es posible si lo construimos todas y todos desde abajo, tenemos propuestas para ello que recogen las iniciativas planteadas por las organizaciones que actualmente nos encontramos en camino a la unidad.

¡¡ Presos políticos libertad!! ¡¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!! ¡¡ Por la libertad y autonomía sindicales!! ¡¡Abrogación de TODAS las reformas estructurales!! ¡¡Por la defensa de las instituciones de seguridad social!! ¡¡Por el respeto a los derechos de jubilados y pensionados!! ¡¡ No a la aprobación de los Acuerdos Comerciales y de Servicios, Transpacífico: TPP y TISA!! ¡¡No al desmembramiento de la industria nacional, Petrolera y Eléctrica!! ¡¡Por la soberanía económica, social y política!! ¡¡Por el respeto a los derechos humanos!!