Por Alfredo López Domínguez Muy buenas tardes, gracias por la invitación a compartir con ustedes algunas reflexiones legales y especialmente en este Foro dar a conocer a la Opinión Pública y a la ciudadanía la decisión del Gobierno Federal de Privatizar los SISTEMAS DE SALUD integrados por el IMSS, ISSSTE, ISSEMYM, SALUBRIDAD, mediante acuerdos tomados en la pasada legislatura, publicaciones en el Diario Oficial, acuerdos del Consejo Interno del IMSS, oficios, circulares y memorándum. Lo anterior con el objeto de efectuar CONCESIONES disfrazadas de LICITACIONES O SUBROGACIONES a favor de las empresas monopólicas, laboratorios y trasnacionales de la medicina, así como a favor del SISTEMA HOSPITALARIO PRIVADO. Los recortes a más de 30 medicamentos básicos en el tratamiento de las principales enfermedades, la posposición por meses de las citas a los enfermos, el traslado de fechas de hospitalización por meses y años a pacientes en estado grave, la negativa a dotar de medicamentos que se encuentran en bodega y farmacia de los centros médicos y el consecuente mercado negro de los mismos o el desabasto ficticio para otorgar contratos multimillonarios a los laboratorios privados y extranjeros para que surtan millones de unidades médicas. El Plan de comprar un seguro médico con Aseguradoras Privadas, la introducción facilitada y obligada de empresas privadas a los centros hospitalarios y clínicas para promoverse y ofrecer la realización de los estudios de mastografías, Papanicolaou, ultrasonidos, diálisis, exámenes de laboratorio, hospitalización y cirugías, los servicios  de equipos de terapia respiratoria a pacientes confinados en sus hogares, todo ello con facilidades para pagar o empeñar su casa o bienes, es decir dejando de ser servicios gratuitos al servicio del Estado, tanto por el IMSS, ISSSTE o Secretaria de Salubridad. Inclusive la subrogación de servicios de lavandería e intendencia TODOS ELLOS CON PERSONAL NO CALIFICADO. Culpar al personal médico y de enfermería, como a los trabajadores de base de las irregularidades, es la “táctica” utilizada por las autoridades para culpar a TODO EL SISTEMA DE SALUD y como lo hicieron con el SME, con PEMEX, con los MAESTROS, etc. “justificar legalmente” LA DESAPARICIÓN de los servicios gratuitos y de nuestras instituciones de salud para entregárselos a la iniciativa privada, con el consecuente riesgo de aumentar la población cada vez más enferma y con padecimientos que se volverán incurables. En todo ello están involucrados funcionarios de todos los niveles, las comisiones y prebendas están atrás de cada contrato, licitación, asi como en la desaparición y robo de medicamentos que estaban bajo el custodio de los Directores y Responsables de bodegas y farmacias de los Centros de Salud. Con esta Reforma Estructural Silenciosa y Genocida al sistema de salud público se afectará a derechohabientes, pensionados, jubilados, médicos y enfermeras en activo, trabajadores sindicalizados y a toda la ciudadanía, es por lo que NOS OPONEMOS A ESTA PRIVATIZACIÓN GUBERNAMENTAL, ASÍ COMO RECHAZAMOS LOS ACUERDOS ESPURIOS Y CORRUPTOS DEL CONGRESO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SEGURO SOCIAL que han firmado una revisión contractual totalmente contraria a los intereses de la mayoría de los trabajadores sindicalizados. PARTIMOS DE QUE TODAS LAS PERSONAS TIENEN DERECHO A UNA ASISTENCIA SANITARIA DE CALIDAD, CIENTIFICA Y HUMANA. POR TANTO, RECIBIR UNA ADECUADA ATENCION MEDICA DESDE SU NACIMIENTO HASTA EL FINAL DE LA VIDA NO DEBE CONSIDERARSE UN PRIVILEGIO, SINO UN AUTENTICO DERECHO”. La Constitución Política de la República Mexicana en el capítulo I del título I de los derechos humanos y sus garantías establece en su artículo 1º párrafo V  lo siguiente:  queda prohibida toda discriminación motivada por la condición social o condiciones de salud. Lo anterior debe entenderse como que dejar de atender a un paciente, derechohabiente, enfermo, por su condición social o por no contar con los recursos para pagar los servicios médicos privados es una forma de discriminación que vulnera este derecho humano. En el artículo 4º constitucional, en su párrafo IV, con toda claridad se establece: que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Si bien es cierto que en el artículo 73 constitucional fracción 16 el Congreso está facultado para emitir leyes estas no pueden ser violatorias de los artículos mencionados anteriormente. En el artículo 16 párrafo I señala que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandato escrito de la autoridad competente. Las reformas al sistema de salud que al principio de nuestra charla mencionamos son violatorias de este artículo 16 puesto que se es esta “molestando a su persona y familia” a todo ciudadano en su calidad de derechohabiente, enfermo o paciente sin existir un mandato escrito de autoridad competente y se le haya dado el derecho a defenderse. Como también lo contempla el artículo 14 constitucional “nadie podrá ser privado de sus derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales establecidos” La violación a estos derechos motivan un derecho más, el derecho al Amparo de todo ciudadano afectado por estas reformas. En relación a los derechos de los trabajadores en el artículo 123 constitucional, fracción XXIX se establece explícitamente que la  Ley del seguro social debe contemplar seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares. Por consiguiente, toda modificación al marco legal constitucional así como la ley del seguro social sino contempla lo anterior no solamente es violatoria de los derechos humanos y garantías constitucionales, CONVIRTIÉNDOSE EN CRIMINAL Y GENOCIDA. Es por ello que nos debemos oponer a dicha reforma. Aún más, las agresiones a los derechos de los trabajadores del sector salud se han incrementado con la complicidad de autoridades institucionales y de organismos sindicales. De un tiempo a  acá las sanciones a los trabajadores, médicos, enfermeras y personal de las instituciones de salud que denuncian las irregularidades, la corrupción, las arbitrariedades y las medidas privatizadoras de autoridades y del sindicato mismo son sancionados, violando con ello lo establecido en el artículo 7º. Párrafo I  que establece que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares. Se ha llegado al colmo de que el sindicato sanciona a trabajadores por asistir a una marcha, por manifestar su descontento a través de medios electrónicos como internet o Facebook lo cual viola el artículo en mención. Toda reunión de trabajadores para comentar la violación a sus derechos y garantías se ha convertido en motivo de reportes o sanciones sindicales e institucionales, violando con ello el artículo 9º párrafo I que establece que “no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito”. Los citatorios que las instancias sindicales e institucionales hacen a los trabajadores del sector salud  para juzgarlos en encerronas de las oficinas del sindicato y sus delegaciones es a todas luces no solo violatorio de las mínimas garantías individuales sino es fascista y contrario a lo que establece el artículo 13 párrafo I “nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales”, con el pretexto de reglamentos sindicales hechos a modos por los líderes charros y que mediante esos citatorios y encerronas en las oficina sindicales  se han constituido en “tribunales especiales” lo cual es una violación más a este artículo de la Constitución de la República. Nuestros derechos humanos, nuestros derechos constitucionales, derechos laborales y aún más los derechos de la mayoría de la población la constituyen las mujeres están siendo conculcados con todas estas medidas privatizadoras. ¿Cómo es posible que las mujeres luchen por decidir sobre su propio cuerpo, sobre el número de hijos, sobre su libre sexualidad, sobre el derecho a la maternidad, cuando con estas reformas TODA SU SALUD ESTA EN PELIGRO, Y SI SU SALUD ESTA EN PELIGRO SU DERECHO A DECIDIR TAMBIEN LO ESTÁ. Es el caso de los adultos mayores y discapacitados que no podrán llegar a un vejez digna y a una atención de calidad si los servicios médicos gratuitos se les están retirando. El derecho a la vida es un derecho para los ricos y ya no es un derecho para toda la población. Los derechos constitucionales al ser eliminados abierta o silenciosamente revierten todo aquello por lo que nuestros padres y abuelos lucharon durante la Revolución Mexicana y que quedó plasmado originalmente en la Constitución de 1917. No dejemos que nuestra salud y el futuro de nuestras generaciones quede en manos de este gobierno y sus partidos. O nos unimos para defendernos o nadie lo hará. MUCHAS GRACIAS. Campeche, Campeche a 16 de Enero del 2016. Ponencia presentada en el Foro Nacional en Defensa de la Seguridad Social