“Mujeres sin Maquillaje” denuncia la situación de violencia que viven mujeres/Millones de pesos que no se reflejan en la vida cotidiana de las yucatecas Por Soledad Jarquín Edgar SemMéxico MERIDA, Yuc. 14 de enero del 2016.- En el centenario del Primer Congreso Feminista de Yucatán no se aceptan simulaciones, los compromisos del Estado deben de ser puntuales, con respuestas que explicite tiempo y cumplimiento de su aplicación, sostuvo Adelaida Salas Salar, al presentar un panorama de la situación de desigualdad e injusticia que viven cientos de yucatecas como resultado de la violencia machista. Así, en tanto en el teatro José Peón Contreras, senadoras, diputadas federales y locales, funcionarias federales, estatales, ministras y otras mujeres escuchaban discursos y ponencias magistrales alusivas a aquel Primer Encuentro Feminista de Yucatán celebrado en 1916 y se ensalzaban algunas figuras del pasado y del presente, o se aplaudían las iniciativas gubernamentales presentadas ayer por la mañana, a escasos 200 metros las organizaciones civiles hablaban, como dijo Layda Rodríguez Torres, “de la otra realidad”. Mujeres sin Lágrimas, un colectivo de organizaciones no gubernamentales, presentaron un informe que detalla montos de recursos asignados a los tres Poderes del estado cuyos “logros” no se reflejan en la vida cotidiana de las mujeres, por lo que en una carta que entregarán al gobierno de Rolando Zapata Bello, también presidente de la Comisión de Igualdad de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la destitución del juez de lo Familiar, Jorge Alberto Carrillo Canche, quien ha violentado el sentido y espíritu de la Justicia. Adelaida Salas Salazar, integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, leyó el informe, que como señala la carta dirigida al gobernador, a cien años del grito de libertad de las mujeres, debemos honrar a las que se atrevieron a denunciar la inequidad sin temor a la crítica, a la represión. En el documento de seis cuartillas, Salas Salazar cuestionó  el dicho de “quienes gobiernan” de que este es un estado seguro y de leyes, pues a cien años del Congreso Feminista aún prevalece la falta de respuesta y sensibilización adecuada por pate de las instituciones encargadas de proporcionar prevención, atención y sanción en estos temas tanto en Yucatán como en casi todo el país. Reveló los montos de lo que dijo son “presupuestos escandalosos” del Poder Ejecutivo, de más de 21 mil millones de pesos), el legislativo que en 2015 manejó más de 183 mil millones y el Judicial que ejerció 460 mil millones de pesos, sin embargo, reiteró no se perciben avances en las políticas públicas con perspectiva de género ni se mejoran los rubros de atención en salud, educación, empleo, justicia y derechos humanos de las mujeres. En esta entidad, que de acuerdo con la Encuesta Nacional  sobre la Dinámica de las Relaciones en el Hogar (ENDIREH, 2006) se ubica en el quinto lugar, de un total de 32, en violencia contra las mujeres y las niñas, sin embargo, las leyes aprobadas como la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia carecen de reglamento. Salas Salazar planteó además algunos de los retrocesos experimentados en los últimos años como la eliminación de la comisión de equidad y género que se cambió en la pasada legislatura por una llamada de “grupos vulnerables” y recordó cómo las yucatecas perdieron uno de sus derechos ganados, cuando el Congreso local penalizó la interrupción del embarazo, por lo que algunas mujeres están en la cárcel. Por otra parte, se tipificó como el delito de feminicidio, que aún no cuenta con un protocolo de investigación lo que dificulta que se castigue a los agresores y muchas veces se siguen considerando como “crímenes pasionales”. Las “reformas” sin protocolos de actuación fueron elaboradas en el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco, en tanto Zapata Bello presentó una nueva ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, que como la anterior no tiene desde 2008 un protocolo de actuación. Estas deficiencias, añadió la representante de Mujeres sin Maquillaje en esta sesión en la que presentaron un video con testimonios de las mujeres que sufren violencia institucional, se traducen en juicios y sentencias condenatorias, que de acuerdo a los datos oficiales no corresponden a la realidad, señaló y denunció que el Centro de Justicia para Mujeres es otra de las trampas de la administración pública, pues las  y los funcionarios que en ella trabaja carecen de conocimientos básicos y revíctimizan a las mujeres. De igual forma cuestión la actuación de jueces y juezas del Tribunal Superior de Justicia donde los procesos son lentos y desgastantes, lo que viola permanentemente los derechos humanos de las mujeres, así como de las y los menores involucrados, y cuando finalmente se emite una sentencia los padres se niegan a devolver a sus hijos e hijas, “lo que logra tras el calvario de conseguir la firma del gobernador”, mientras las mujeres pasan meses de angustia y desesperación que no importa a las autoridades. En ese sentido, las mujeres enviarán la carta al mandatario yucateco para que revise el sistema de justicia penal acusatorio cuyos jueces y juezas transgreden la ley y violentan el sentido de la justicia; demandan se construya un protocolo de investigación ministerial de tipo penal para juzgar como delito grave el feminicidio que así está tipificado, y que se derogue el decreto 20 propuesto por el gobierno anterior, que penaliza y permite la detención y cárcel de mujeres por interrupción del embarazo. “Mujeres sin maquillaje” está integrado por las organizaciones Unión Obrera Peninsular, representado por Marbella Casanova Calam y Sisely Burgos Cano; María Eugenia Núñez Zapata, de Equidad Política, y Argentina Casanova, de la Red de Feministas Peninsulares.