El coordinador parlamentario del PT-Morena, Manuel Bartlett Díaz, señala que Enrique Peña apuesta por la subordinación política del Poder Judicial de la Federación. CIUDAD DE MEXICO, D.F. 10 de diciembre del 2015.- El coordinador de los senadores del PT-Morena, Manuel Bartlett Díaz, calificó de farsa la elección delos dos ministros faltantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque ninguno de los seis aspirantes cumple con los requisitos de elegibilidad, ya que todos se han desempeñado como empleados del presidente y carecen de autonomía judicial para desempeñar el cargo. El legislador de izquierda lamentó la imposición, a propuesta de Castillejos, el operador de Enrique Peña Nieto, de Norma Piña Hernández, por ser un intercambio con el Partido Acción Nacional, y Javier Lainez, quien ha demostrado ser un impulsor de la Reforma Energética, y aseguró que el proceso de elección estuvo viciado. “Los dos juristas son serviles y no independientes, y el Senado que los eligió, también es servil”, puntualizó. Bartlett Díaz enfatizó que Peña Nieto no está a la altura de un Jefe de Estado, por pretender que el máximo tribunal de este país se conforme por sus allegados, a quienes propuso, “sin justificación alguna y sin espacios de deliberación frente a la sociedad”. “Peña apuesta por la subordinación política del Poder Judicial de la Federación, en especial de la Suprema Corte, a sus reformas estructurales”, expresó. “De tanta importancia es esta pretensión, que la Corte puede abrir debates públicos en torno, por ejemplo, a la liberalización y desregulación de la marihuana, pero para nada abrirá un debate jurídico constitucional, aprovechando algún medio de impugnación, para discutir y poner en duda la validez de las reformas estructurales”, indicó. “Esas no se pueden tocar y la Suprema Corte se ha desentendido de ellas, principalmente de la reforma constitucional y legal en materia energética”, sentenció. Acusó que el proceso con el que se tramitó este nombramiento es inconstitucional, porque la comparecencia debe realizarse de manera obligatoria, tanto en comisión, como en el pleno del Senado. “De forma tramposa, el pasado 19 de noviembre, tras un debate intenso sobre la Ley Federal de Transparencia, la mesa directiva del Senado aprovechó ese momento final, para introducir modificaciones a los artículos 4 y 6 de un procedimiento, que tal como están redactados, son anticonstitucionales”, apuntó. Lo anterior con el objetivo de reducir las comparecencias a la simple exposición de los candidatos ante la Comisión de Justicia: “las comparecencias evidenciaron que la persona que tenga mayores simpatías en el Senado será el designado (…) No se trató de espacios de deliberación pública para que la sociedad manifestara su punto de vista”, afirmó. Manuel Bartlett, quien presentó hace ocho meses una reforma para modificar el proceso de elección de ministros, recordó que los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su reciente Visita in Loco a nuestro país, expresaron su preocupación por la grave y generalizada violación de derechos humanos en México y mencionaron que el problema es la falta de acceso a la justicia. “Uno de los jueces, relator para México, por cierto, se refirió al tema de las designaciones que se avecinaban por la salida de los dos ministros, que estaban ya anunciadas. Y le preocupó, nos lo dijo, el asunto de la autonomía y de la independencia de esos nombramientos”, dijo el ex gobernador poblano, al señalar que estos cuestionamientos de la CIDH se dieron tras la elección de Eduardo Medina Mora, quien tampoco reunía los requisitos para ocupar un lugar en la Suprema Corte. En su voto particular, señaló que la Corte que desea Peña es una Corte dócil, con una agenda que restrinja el debate constitucional sobre el modelo económico neoliberal imperante. “Ese debate es tabú para la Corte. Por eso, las nuevas ministras o ministros que resulten del procedimiento de designación en curso, incrementarán las filas de los ministros de la Corte que no discuten lo importante –el modelo económico vigente-, lo que podría generar condiciones más igualitarias en la sociedad mexicana”, finalizó.