Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México señala que el gobierno federal, encabezado por Enrique Peña Nieto, continúa sin reconocer la magnitud de las desapariciones en México y exige que ya se inicie el proceso para contar con una legislación en materia de desaparición forzada y por particulares. CIUDAD DE MEXICO, D.F. 18 de noviembre del 2015.- El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México expresó su indignación por la pérdida de tiempo valioso para iniciar de manera decidida los trabajos en la legislación en materia de desaparición forzada y desaparición por particulares y las consecuencias negativas de esta dilación, y denunció que hay una reducción del presupuesto para búsqueda de desaparecidos para el 2016, de más de 30 por ciento con respecto a 2014. “Familiares y acompañantes de víctimas exigimos al Poder Ejecutivo presentar su iniciativa e invitamos al Poder Legislativo a retomar mecanismos de participación sustantiva para que la Ley sobre Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares sea aprobada durante el próximo período ordinario de sesiones”, indicó. “El 10 julio de 2015, se publicó el decreto por el que se reforma el artículo 73 constitucional que faculta al Congreso a legislar en esta materia y establece un plazo de 180 días para cumplir con esta obligación, cuyo término se cumplirá el próximo seis de enero de 2016”, recordó. “Hasta ahora, el Ejecutivo no ha presentado su iniciativa de Ley y el proceso legislativo no ha iniciado, lo cual se observa como una muestra de desinterés de quienes tienen en sus manos poner fin a la impunidad y a la incertidumbre de las víctimas. Tampoco se han formalizado mecanismos de participación sustantiva de organizaciones de familiares y de la sociedad civil en la discusión y elaboración de la legislación”, puntualizó. Por otra parte, el Movimiento señaló que el presupuesto asignado a la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas para este 2016 disminuirá en más de 30 por ciento en relación a lo que le había sido asignado en 2014. “Esto muestra que el gobierno continúa sin reconocer la magnitud de las desapariciones en México y pretende actuar con una clara falta de compromiso y responsabilidad para priorizar esta problemática nacional que se agrava día con día”, indicó. La organización civil insistió enfáticamente en que esta Ley General de Personas Desaparecidas contenga la obligatoriedad de dotar del presupuesto suficiente para implementarla con los recursos humanos, materiales y técnicos que subsanen el déficit actual de personal ministerial, policial y pericial indispensable para la integración eficaz de los expedientes en las diferentes instancias de investigación y búsqueda de los desaparecidos en México. “Así como para procesar la identificación de los miles de cuerpos sin nombre en fosas comunes y clandestinas del país. Esta Ley General debe contemplar mecanismos especializados de búsqueda de personas con herramientas y metodologías de investigación y análisis contextual que actualmente no existen”, agregó. “Para toda la sociedad mexicana y especialmente para los familiares de personas desaparecidas, es primordial contar con una legislación que garantice mecanismos de búsqueda eficaces para encontrar a nuestros seres queridos y asegure la investigación efectiva que permita sancionar a los responsables para que, con base en la verdad, se establezcan políticas públicas de prevención para que ninguna familia tenga que pasar nunca más por este indescriptible sufrimiento”, abundó. “Por esta razón, entre agosto y octubre de 2015, impulsamos un proceso de seis consultas en diferentes partes del país en las que participaron 35 organizaciones de familiares de personas desaparecidas y 40 organizaciones civiles. A través de este proceso, los familiares identificamos desde nuestra experiencia los puntos indispensables que debe contener esta ley, buscando que sea justa, adecuada, que responda a las necesidades de “las víctimas y familiares de víctimas de desaparición”, acompañados por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU”, mencionó. “El resultado lo constituye el documento “Elementos esenciales para la elaboración de la Ley General sobre Personas Desaparecidas en México”, mismo que ha sido entregado a las tres comisiones del Senado encargadas de la dictaminación de la futura legislación. Exigimos que dicho documento sea la base para la nueva ley”, apuntó. Instó al Ejecutivo a presentar su iniciativa de Ley y al Legislativo a reconocer e incorporar el esfuerzo, conocimiento y experiencia de las organizaciones de familiares de personas desaparecidas y organizaciones acompañantes como la parte central de la ley. “Asimismo, reconocemos la apertura del Senado para trazar una ruta de trabajo e invitamos a los y las legisladoras a formalizar mecanismos de participación sustantiva de organizaciones de familiares y de organizaciones acompañantes, así como de expertos de la sociedad civil nacional e internacional, en la discusión y elaboración de la legislación, como lo recomendaron el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU en febrero de 2015 y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes”, finalizó.
Más información sobre el proceso de la Ley de Desaparición Forzada y por Particulares en: http://serapaz.org.mx y http://fundar.org.mx
