En la audiencia sobre el Informe Ayotzinapa en el CIDH, el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa, señala que sólo podrán ser cuestionados sobre la noche de la tragedia en Iguala, a través del Ministerio Público. /FOTOS: Tomadas de la página de la CIDH.

Anuncia PGR que el jueves próximo, el caso pasará a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, con un nuevo equipo de investigación y tecnología de búsqueda. WASHINGTON, E.U. 20 de octubre del 2015.- El gobierno del priísta Enrique Peña Nieto se resiste a que los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Experto Independientes (GIEI) entrevisten directamente a los miembros del 27 Batallón de Infantería de Iguala, respecto a la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero. Ante la insistencia de los investigadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la audiencia sobre su Informe Ayotzinapa, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, se remitió al acuerdo de 10 puntos, firmado un día antes, y señaló que los soldados del 27 Batallón sólo podrán ser interrogados a través del Ministerio Público. “La posibilidad de interrogatorios será a través de Ministerio Público, ahora con las nuevas investigaciones, diligencias, se podría tener un formato con esas características”, expresó el funcionario mexicano, ante el pleno de la CIDH, el GIEI y los promoventes. Antes, Campa Cifrián tuvo que responder a la pregunta del comisionado de la CIDH, James L. Cavallaro, quien aludió a las declaraciones del secretario de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos, en el sentido de que no podía permitir que interroguen a sus soldados. “En México, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. En el tema vinculado con la declaración de los miembros del Batallón, me parece importante destacar, para identificar cuáles son las preocupaciones principales con respecto a la investigación, y por lo que hace a la intervención formal de la Comisión, no forman parte de los puntos que fueron convenidos el día de ayer”, expresó. “Hasta el momento, han declarado casi 50 integrantes de este Batallón y reiteramos la plena disposición para que atendiendo lo que defina el marco legal, puedan ampliarse estas declaraciones a partir de sugerencias hechas por el grupo de expertos”, apuntó. Entonces, intervino la integrante del GIEI, Angela Buitrago, quien reveló que han presentado seis peticiones a la Procuraduría General de la República sobre la necesidad de entrevistar a los miembros del Batallón y no ha contestado categóricamente, y afirmó que en el mes de agosto, declararon 16 personas más del Batallón y “no nos comentó la PGR”. “Entendemos que en la continuación del mandato está la verificación de las solicitudes que hemos hecho. Lo que no entendemos como Grupo de Expertos, es porqué en el caso concreto del batallón, siempre hay una respuesta evasiva, frente a la necesidad de verificar una serie de informaciones que le pusimos enfrente a la PGR. Seguimos insistiendo y con el mayor y profundo respeto subsecretario Campa, este documento que firmamos ayer, lo contiene”, aclaró. Al inicio de las intervenciones, Mario Patrón, del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro”, había reiterado la pregunta de si los expertos podrán, por fin, entrevistar a los miembros del 27 Batallón, como han podido con otros, pero también preguntó cuándo se crearía la nueva unidad de investigación que se encargará del caso Ayotzinapa y el uso de tecnología para implementar la búsqueda. Uno de los expertos hizo hincapié en que era necesario que el gobierno mexicano reconociera la coadyuvancia y observancia del GIEI y no haya declaraciones políticas en contrario en los medios de comunicación. “No consideramos una respuesta al grupo, declaraciones a los medios de comunicación, sino a través de canales establecidos y no declaraciones públicas. Esto no genera espacio de confianza. Hemos hablado con autoridades para hacerlo de la forma más conveniente y no politizada”, indicaron. Al respecto, el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eber Omar Betanzos Torres, manifestó que los expertos tienen acceso al expediente e informó que el jueves próximo, se hará la declinación de competencia de la Subprocuraduría de Investigaciones de Delitos Federal hacia la Subprocuraduría de Derechos Humanos. “A partir de ello, la investigación estará a cargo de manera directa de la Subprocuraduría y habrá un nuevo equipo de trabajo que relance la investigación”, agregó y mencionó que la tecnología de búsqueda ya se adquirió, como drones aéreos y acuáticos, y tecnología satelital para la detección de oquedades y fosas en el subsuelo. James Cavallaro cuestionó también si la postura del funcionario de la PGR, Tomás Zerón, quien apenas se dio a conocer el Informe Ayotzinapa, salió a decir a los medios que 19 de los 43 normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula, era la del Estado mexicano. El subprorcurador Betanzos Torres contestó que estas afirmaciones se hicieron con base en las declaraciones de personas que presuntamente participaron, pero por eso se tendrá que revisar esto en el tercer estudio que se desarrollará en comisiones de investigación, y la evidencia científica será la que determinará esta postura y el establecimiento de esta línea de investigación.