“Ellos tienen las manos metidas, la verdad la sabe el secretario de Gobernación, la sabe el señor Cienfuegos y la sabe Peña Nieto; entonces yo no sé quién dio la orden, pero de que hay encubrimiento o aquiescencia, hay faltas”, puntualiza la senadora Sansores San Román. En comparecencia ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado, el presidente de la CNDH señala que los policías y militares del 27 Batallón de Infantería, de Iguala, deben declarar y ampliar sus testimonios. Por Daniel Sánchez CIUDAD DE MEXICO, D.F. 14 de octubre del 2015.- La senadora Layda Sansores San Román reiteró que la verdad sobre lo sucedido con los 43 normalistas de Ayotzinapa, la saben el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong; el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, y Enrique Peña Nieto, quienes tienen las manos metidas y por eso no quieren que declaren los miembros del 27 Batallón de Infantería de Iguala. “Hay que vencer la resistencia del gobierno y si la sociedad, nosotros y la Comisión de Derechos Humanos no presionamos, nunca vamos a saber la verdad, porque al gobierno no le interesa que se sepa y precisamente porque ellos tienen las manos metidas”, expresó. “Yo digo, la verdad la sabe el secretario de Gobernación, la sabe el señor Cienfuegos y la sabe Peña Nieto; entonces yo no sé quién dio la orden, pero de que hay encubrimiento o aquiescencia, hay faltas”, puntualizó. La legisladora campechana señaló que Ayotzinapa y Tlatlaya no son casos aislados e insistió en que “no son fogatas, son Cienfuegos a lo largo y ancho de la República, y tenemos hoy que dar el gran salto, este puede ser el parteaguas para superar esta crisis, yo creo que estos son momentos realmente para unir filas de todos los partidos políticos, en aras de encontrar la verdad”. Ante las acusaciones a la oposición de haber politizado el caso, Sansores San Román declaró que “si esto se politizó, no fue aquí, por parte de los que estamos en contra de los resultados que dio la PGR” y recordó que “es evidente que hubo omisiones y fallas que son muy graves”, lo que “todavía vamos a ver cuando empiecen a salir los detenidos, porque los expedientes no se integraron debidamente y porque hubo tortura”. Al intervenir durante la comparecencia del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, la senadora le pidió saber su opinión: “¿Qué piensa de esta actitud, esta respuesta del Ejército de negarse a entrevistarse con los expertos del GIEI?”. “Que lo han pedido de forma muy clara, advirtiendo que es clave la información que puedan aportar los miembros del Batallón 27. No sé si sabe cuántos miembros hay en este Batallón, pasan los mil, y que nos digan que no tenía gente para mandar o que diga que preguntó y que le dijeron que no pasaba nada”, agregó. “Todas esas respuestas que nos parecen pueriles, cuando se tiene un gran aparato de inteligencia y cuando usted dijo algo muy importante: hay que investigar no solamente lo que pasó ese día, ¿Qué pasó antes, durante, después?”, cuestionó. “Porque si hay un estado que el Ejército lo tiene bajo la lupa y conoce milimétricamente lo que sucede en tiempo real, es Guerrero; y entonces que no me diga que hoy le tiene que preguntar al director de Seguridad de Iguala para ver qué pasa. Y como le dijeron que no pasaba nada, pues no hizo nada”, asentó. Preguntó, de nuevo: “¿Qué piensa usted de esta negativa del Ejército? Que yo he argumentado no es ilegal, no es el gobierno mexicano quien firmó el convenio, es el Estado mexicano, del cual las Fuerzas Armadas forman parte. Y que ojalá se pudiera alentar para que se dé este encuentro y podamos llegar a la verdad”. “Nada más recomendarle, no se quiebre. Vale la pena seguir con esta voluntad y solidaridad con los padres y con el pueblo de México, porque el caso de Ayotzinapa es emblemático”, apuntó. Finalmente, aclaró que “para que se discutiera Ayotzinapa en este Senado, pasaron 14 días de que habían venido representantes del GIEI y de los padres, y pues solamente a fuerza de cargar una mochila con bocina y de impedir que se hablara de otro tema, hasta que no se discutiera Ayotzinapa, se pudo dar”. Tiene que llamarse a declarar a policías y soldados: CNDH En respuesta, González Pérez manifestó que en las 26 observaciones que hicieron a la Procuraduría General de la República (PGR), señalan, “en uno de los puntos, precisamente que tenía que llamarse a ampliar sus declaraciones a algunos elementos policiales y a algunos elementos de las fuerzas armadas, así como tomar testimonios por primera vez, de algunos otros elementos”. “Es decir, acudimos a través del órgano correspondiente y nosotros tenemos nuestra propia línea en ese sentido y estamos recabando información de la Secretaría de la Defensa Nacional”, añadió. También habló de que no sólo hay un quinto camión, como dice el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sino que hay un sexto autobús involucrado en los hechos del 26 y 27 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero. “Y un punto que ha sido controversial, a ustedes les consta, es respecto del quinto camión. Bueno, ahí, déjenme decirles, el GIEI habla de cinco camiones. Nosotros, y ahí está documentado y dimos esta información, hablamos de seis camiones y estamos desarrollando esa línea de investigación y vamos muy avanzados”, explicó. Recordó que en el caso Iguala, ha hecho pronunciamientos sobre lo lastimoso que ha sido este episodio en el país, que ha trascendido las fronteras nacionales y que se ha colocado en el ámbito internacional. “El caso Iguala, para nosotros, representa un caso abierto, un caso en el que se debe de agotar la investigación de manera profunda, imparcial, objetiva, lo hemos reiterado, la investigación tiene que obedecer a un análisis exhaustivo del conjunto de evidencias que conforman la averiguación previa”, mencionó. “Lo dijimos en el reporte que tienen ustedes en las 33 observaciones, inclusive decimos en alguna de ellas “fortalecer los procesos penales de las 113 personas consignadas”, así lo hemos señalado, hemos señalado que se tienen que declarar a un sinnúmero de servidores públicas de distintas entidades, precisamente para abundar en la investigación”, aseveró. “Nosotros nos pronunciamos sobre el reporte del Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana, señalamos lo siguiente, quiero casi citarlo textualmente, que coincidíamos en muchas de sus observaciones, en una gran mayoría de sus observaciones y que la parte técnico-científica tenía que resolverse con un riguroso método científico y lo tradujimos en algo coloquial, que dijimos que la ciencia hable”, evocó. “Es decir, en las partes técnico-científicas se tiene que acudir precisamente a los expertos en las diferentes materias interdisciplinarias que den certeza, porque al interior del expediente hay dos versiones encontradas respecto de la circunstancia de cómo fueron estos jóvenes, de acuerdo a testimonios, si fueron o no incinerados en el lugar que se dice dl basurero de Cocula. Entonces, qué mejor que la ciencia y los científicos se expresen en ese sentido”, indicó. Llama ombudsman a que gobierno dé respuesta a demandas de padres El ombudsman nacional reiteró el llamado al gobierno federal para que dé respuesta puntual a los planteamientos hechos por los padres de los estudiantes desparecidos, sus representantes y diversas organizaciones sociales en la carta que entregaron con motivo de la reunión sostenida el pasado 24 de septiembre Comentó que el Caso Iguala ha contribuido a visibilizar la existencia de otros problemas sumamente delicados “y que demandan nuestra atención urgente como los son los hallazgos de fosas clandestinas en algunos estados de la república”. Además, expuso que hay una “urgente necesidad” de reconocer la problemática existente en el país en materia de desapariciones de personas, que no se limita a los 43 estudiantes normalistas; es más amplio y diverso y “desafortunadamente aún no estamos en posibilidad de dimensionarlo adecuadamente”. Ello, debido a la carencia de bases de datos confiables y actualizados que contengan los elementos necesarios para determinar con certeza el número de casos que serían propiamente de desapariciones forzadas imputables a autoridades del Estado y distinguirlos de aquellos que son responsabilidad de particulares, de la delincuencia organizada o de alguna otra causa. Coincidió en que no se necesita que concluyan las investigaciones para la reparación integral del daño.