En 54 años sólo nueve mujeres/Piden congruencia, ternas sólo femeninas Por Sara Lovera SemMéxico CIUDAD DE MEXICO, D.F. 12 octubre del 2015.- En 54 años, solamente nueve mujeres han ocupado el cargo de Ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en breve serán renovados dos espacios, lo que de acuerdo con decenas de mujeres entre ellas, intelectuales, juristas, analistas y congresistas, dicha renovación deberá realizarse entre mujeres. Un sondeo de SemMéxico encontró reflexiones de analistas del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), integrantes del gremio jurídico, el rector de la Universidad Autónoma de México (UNAM), José Narro; integrantes de Mujeres en Plural, entre ellas, la senadora Martha Tagle; de la Asociación Nacional de Juzgadoras (ANJ) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), a favor de hacer congruente la política oficial de igualdad con la designación de dos ministras. En seis semanas, deberán ser remplazados la y el ministro Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza. Para ello, el presidente Enrique Peña Nieto deberá proponer  dos ternas. El Senado tendrá que decir la última palabra. Se teme que si sea una mujer, pero de “absoluta confianza del presidente”. En entrevista, la ministra Olga Sánchez Cordero, sostuvo que es urgente romper la desigualdad, especialmente en el sector de la justicia, puesto que es ahí donde se aplican las leyes y donde es posible hacer justicia de género, especialmente para las mujeres violentadas. Sánchez Cordero añadió que es tiempo de “romper con los techos de cristal que impiden mayores oportunidades para las mujeres, sobre todo, en la esfera pública”. En una carta pública, publicada este ocho de octubre pasado, 27 hombres y 18 mujeres de la vida académica e intelectual, de la sociedad civil, especialmente jurisconsultos, solicitaron al presidente de la República que en la coyuntura actual  y dada la composición actual de la Corte, “es conveniente que la Presidencia a su cargo integre dos ternas conformadas por mujeres que sean juristas destacadas, considerando el papel sustantivo de la SCJN”. A su vez, el senador Luis Humberto Fernández Fuentes anunció en entrevista que la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Senadores promoverá ante el pleno del órgano legislativo un punto de acuerdo, para pedir al presidente de la República que los puestos que quedarán vacantes en la SCJN sean ocupados por mujeres. Y consideró que la desigualdad ahí, es evidente, de 11 ministros sólo dos son mujeres y una se irá en noviembre. Los razonamientos de cuatro juristas sobre la importancia del papel del Poder Judicial y el de la SCJN, anudan fuertes críticas por la discordancia de una política de género anunciada y la realidad. Ya sucedió en el caso de febrero de 2015 en que la demanda del equilibrio de género se desestimó, señalan. El Diagnóstico Un diagnóstico realizado por la Unidad de Género de la SCJN reveló que el 21 por ciento de quienes laboran en ella, opina que las mujeres no son aptas para obtener espacios en el ejercicio del derecho penal. Y dos de cada diez personas considera que las mujeres no son aptas para cargos públicos. El panorama que presenta este diagnóstico, impulsado por la ministra Sánchez Cordero, indica que sólo cinco por ciento de mujeres que laboran en el Poder Judicial de la Federación son juezas, magistradas o ministras; son mayoría gremial, pero el 95 por ciento desempeña tareas de secretarias o personal administrativo en juzgados, sin opciones de desarrollo; únicamente hay dos ministras en la Corte y ninguna magistrada en la Judicatura Federal. Todas ellas están forjadas en la cultura del esfuerzo, se preparan a lo largo de varios años, muchas cursan la carrera de Derecho, otras continúan y hacen especialidades en derecho familiar, penal, administrativo y fiscal, y aunque son mayoría numérica en el sector judicial mexicano, las mujeres son una minoría, atomizada en no más del cinco por ciento de los cargos de decisiones. El Poder Judicial de la Federación -que incluye la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral y demás órganos administrativos– se encuentra integrado por 40 mil 517 servidoras y servidores públicos. El 50.73 por ciento, o sea 20 mil 554, lo constituyen las mujeres y el 49.27 por ciento, 19 mil 963, es de hombres. De acuerdo con la información del INEGI, en el Poder Judicial de la Federación existe un sensible desequilibrio entre hombres y mujeres en las categorías terminales de la carrera judicial. El caso más emblemático es el de la SCJN,  ya que de nueve ministros, únicamente dos son mujeres -Olga Sánchez Cordero y Margarita Luna Ramo- y el más dramático es el del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en el que de siete integrantes, ninguna es mujer. En la Sala Superior del TEPJF de los siete magistrados, solamente hay una mujer, la doctora Carmen Alanís Figueroa. Las cifras son apabullantes. Una investigación realizada por el diario El Financiero muestra que de un total de 395 jueces federales de Distrito, solamente 96 son mujeres y los restantes 299 son hombres. En tanto que en la categoría de magistrados de Circuito, de un total de 740, son hombres 610 y solamente 130 son mujeres. El Consejo de la Judicatura Federal informó que “en los órganos jurisdiccionales del PJF, los datos estadísticos relacionados con las personas que los integran indican que de un total de 26 mil 942, 14 mil 523 son mujeres y hombres 12 mil 419”. Este organismo advirtió que la Corte podría tener sólo un 10 por ciento de representación femenina, un grave retroceso para el poder judicial de la federación y para la lucha por la inclusión en el país. Además, destacó que existe una larga lista de mujeres con las capacidades y experiencia suficientes para desempeñarse como ministras en la SCJN, por lo que el punto de acuerdo presentado garantizará la equidad de género sin menoscabo de las funciones del órgano judicial. Un temor fundado En la medida en que se acerca la decisión, trascendió que crece una versión, ésta difundida en medios y en redes sociales. Se dice que las ternas que presentará Enrique Peña Nieto incluyen personajes de su “total confianza”, como sucedió con la designación de Eduardo Medina Mora, hace un año. Se habla de Raúl Cervantes Andrade, pariente del consejero jurídico de la Presidencia de la República. También se habla de Martha María del Carmen Hernández Álvarez, actual integrante del Consejo de la Judicatura y ex colaboradora de Peña Nieto. Entre las mujeres, se habla de María del Carmen Alanís Figueroa. La carrera de Hernández Álvarez señala que siendo magistrada de Circuito, en 2009 renunció a esa posición para irse como subprocuradora general de coordinación en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, un “puesto de menor sueldo”, como destaca una nota de Reforma del cuatro noviembre pasado, fecha en que fue designada por Peña Nieto a la Judicatura. En su paso por la Procuraduría mexiquense le tocó el polémico caso de la niña Paulette. Peña Nieto la rescató en la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos. Y luego obtuvo una Notaría. Quienes se van de la Corte responden a dos perfiles liberales, una Sánchez Cordero y otro Silva Meza, son quienes han ayudado a los grandes temas de debate, como el matrimonio posible entre personas del mismo sexo o igualitario; el tema de la interrupción legal del embarazo; los asuntos del respeto al debido proceso, como el caso de Florence Cassez, que narra el periodista José Reveles. Para el grupo de Mujeres en Plural es favorable  la postura de género en la Presidencia, por lo que suponen que desde ahí se debería mantener la congruencia, al recordar que en 2014 la Reforma Política sustentó la paridad electoral. Las Ministras que necesitamos La profesora e investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Sandra Serrano, sostiene que ante el inminente nombramiento de dos nuevas ministras (y desde ahora me manifiesto porque sean mujeres) de la SCJN es importante discutir lo que se quiere y lo que no se quiere de la Corte, a partir de lo que demanda el diseño constitucional mexicano y, de manera muy relevante, del contexto socio-económico actual. Las atribuciones de la Corte la delinean como un tribunal capaz de asegurar la realización de los objetivos constitucionales y no solo un órgano de legalidad. Esto significa que se trata del último garante de la eficacia de las normas constitucionales. En otras palabras, a la Corte le corresponde asegurar que todas las autoridades hagan su trabajo para hacer realidad las promesas constitucionales. La analista resume, en los últimos años han moldeado a nuestro pacto constitucional: derechos humanos, reformas energética y de telecomunicaciones, y democracia. En el centro de este aglomerado de ejes constitucionales se encuentran las decisiones políticas fundamentales que establecen la idea de Estado que tendremos para los próximos años. En la Corte, quienes sean ministras tienen el potencial de pronunciarse sobre esas decisiones políticas fundamentales, por ejemplo, decidir sobre la redistribución económica, que cruza al derecho a la igualdad y los derechos sociales, pero también la forma en que finalmente se lleven a cabo y se resuelvan los problemas de las llamadas reformas “estructurales”. Sandra Serrano agrega que importa quiénes serán las personas designadas, las cuales no deben responder a la  partidización de la Corte; importa que su integración sea diversa. De entrada, las candidatas deben ser y parecer independientes, imparciales y ser autoridad en alguno o algunos de los ejes constitucionales. Se debe privilegiar el diálogo. En conclusión, la académica sostiene que se requieren candidatas que le den diversidad a la Corte actual. Que provengan del ámbito del litigio, la academia o las organizaciones sociales, para abrir la discusión de los temas constitucionales fundamentales más allá del propio poder judicial. En el contexto actual, importa también que en la Corte participen quienes impulsan la protección de los derechos (de origen nacional e internacional) y que logren poner a esos derechos en el centro de las discusiones sociales, económicas y políticas por venir. Juristas y de la academia coinciden en que quienes aspiren no deben tener militancia partidista ni representar intereses políticos o corporativos de ninguna índole. Asimismo, las ternas no deben tener un destinatario predefinido y agregan que ante “la importancia de las instituciones para encararlos…no dudamos en exhortar a que presente dos ternas con candidatas que estén a la altura que requiere la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que el país demanda”. Esta carta pública está firmada por 27 hombres y 18 mujeres, entre ellos y ellas María Amparo Casar, Luis de la Calle, Ana Elena Fierro Ferraz, Héctor Fix-Fierro, Rossana Fuentes Berain, María Marván Laborde, María Elena Morera, Mariana Niembro, Francisco Paoli Bolio, Juan Pardinas, Rafael Pérez Gay,  Federico Reyes Heroles, Sandra Serrano y Diego Valadés . Por su parte la Asociación Mexicana de Juzgadoras (AMJ) también envió una carta al presidente Peña Nieto el pasado l 17 de septiembre y al igual que los anteriores también piden que las dos sillas de la Corte sean para mujeres. De acuerdo con este organismo, no es la primera vez que un grupo de abogados o un sector de la opinión pública manifiestan su inconformidad con la visible minoría de mujeres que integran a la Suprema Corte. Dos mujeres para 11 asientos es “un número francamente vergonzoso para un espacio de deliberación constitucional”. Las Ministras Julio Martínez Rivas, abogado del Instituto Tecnológico Autónomo de Monterrey (ITAM), hace un recuento de quienes han sido Ministras: La primera fue María Cristina Salmorán de Tamayo (1918-1993), designada en 1961. Apenas seis años antes, las mexicanas habían votado por primera vez en elecciones federales (1955). La ministra Salmorán consagró su vida al derecho laboral, asumiendo diversos cargos en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, hasta que en 1954 fue designada presidenta de la misma (cargo que por primera vez ejerció una mujer). La segunda ministra fue la abogada de Pemex, Livier Ayala Manzo (1915-1976), quien lamentablemente nunca pudo resolver ni una sola sentencia en el tribunal constitucional. En 1976, al día siguiente de habérsele notificado su designación, la Ministra Ayala falleció. En 1976 el presidente José López Portillo designó a otra mujer al cargo: Gloria León Orantes (1916-1984), quien hasta entonces se había desempeñado como agente del Ministerio Público y juez del fuero común en el Distrito Federal. A finales de los años 40, la Suprema Corte enfrentaba un enorme problema de rezago. A fin de combatir dicho problema, en 1951 se reformó la Constitución para incorporar a la Corte cinco ministros supernumerarios, los cuales no participaban en las decisiones del Pleno sino únicamente en aquellas de la Sala Auxiliar. Al llegar a la Corte, la ministra León Orantes quedó adscrita a ésta, aunque en 1979 sería designada numeraria y miembro de la Tercera Sala. En 1983, a propuesta del presidente Miguel De la Madrid, fue designada Fausta Moreno Flores. La ministra Moreno, fue adscrita a las Salas Segunda y Cuarta. En 1985, se propuso al cargo a la ministra Victoria Adato Green (1939), abogada penalista. Antes de llegar a la Corte, la ministra Adato Green trabajó como agente del Ministerio Público, juez y magistrada penal en el Distrito Federal, Subprocuradora y, posteriormente, Procuradora de Justicia de la ciudad de México. Martha Chávez Padrón, tamaulipeca y primera abogada por su estado, fue ministra en 1985 y hasta 1994. Fue diputada local, federal y Senadora de la República. También como supernumeraria se integró en 1987 a la Corte la ministra Irma Cué Sarquis de Duarte (1938). Al igual que la ministra Chávez Padrón, Cué fue diputada federal por el PRI, así como dirigente de la CNOP y Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional del mismo partido. El presidente De la Madrid propuso para el cargo de ministro de la Suprema Corte a un total de cinco mujeres, la última de las cuales fue Clementina Gil Guillén de Léster (1937) en 1988. Gil Guillén fue también una ministra de carrera judicial, al haber recorrido casi cada uno de los peldaños del escalafón judicial del fuero común, de secretaria auxiliar a magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. La siguiente mujer designada como ministra fue Olga Sánchez Cordero, reconocida como “abogada” de los derechos de las mujeres. La ministra Sánchez Cordero, al igual que todas sus antecesoras, estudió la licenciatura en derecho en la UNAM y, después, cursó estudios de posgrado en la University College of Swansea. Antes de incorporarse a la Corte, Sánchez Cordero fue la primera mujer notario en el Distrito Federal y magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la misma entidad. La más reciente  mujer designada al cargo (y quien continuará en funciones hasta 2019) es Margarita Luna Ramos, chiapaneca formada en el Poder Judicial de la Federación, ha sido oficial, actuaria, secretaria de juzgado, secretaria de tribunal colegiado, secretaria de estudio y cuenta, Juez de Distrito, Magistrada de Circuito y Consejera de la Judicatura Federal.

Ver documento:  Los nombramientos de nuevas ministras: no menos que inobjetables (1 y 2) http://www.semmexico.org/wp-content/uploads/2015/10/Los-nombramientos-de-nuevas-ministras1.pdf