Jorge Fernández Mendiburu, integrante del Colectivo Indignación y Ma-OGM, señala que son ilegales los permisos otorgados por la Sagarpa a Monsanto para siembra de soya genéticamente modificada. Por Ronny Aguilar CAMPECHE, Cam. 21 de septiembre del 2015.- Jorge Fernández Mendiburu, integrante del Colectivo Indignación y la organización “Ma-OGM” (No-Organismos Genéticamente Modificados) y representante legal de los apicultores de Campeche, principalmente de Los Chenes, dio a conocer que en octubre, deberían iniciar las discusiones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre los permisos otorgados ilegalmente por la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) para la siembra de soya transgénica. En entrevista exclusiva con Paginabierta.mx, el abogado informó que ya iniciarán las discusiones en el máximo órgano judicial del país, para impedir que la Sagarpa siga dando permisos para la siembra de soya transgénica, después de que la misma Sagarpa y la compañía transnacional Monsanto apelaran los amparos favorables a los apicultores. En junio del 2012, la Sagarpa autorizó los permisos para la siembra de soya genéticamente modificada, contemplando la siembra de 253 mil hectáreas para siete entidades del país, entre ellas las tres de la Península, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Ante esto, un par de comunidades indígenas  y cinco asociaciones de apicultores del estado de Campeche, que aglutinan a la mitad de los apicultores de la entidad, presentaron dos juicios de amparo contra los permisos que otorgó la autoridad federal. Fernández Mendiburu reveló que “estos juicios de amparo, después de un litigio de dos años, fueron determinados por el juez favorablemente para los apicultores, y se determinó que los permisos otorgados eran contra los derechos humanos de estas comunidades”. Señaló que otros argumentos para amparar a las comunidades, fue que existía una violación al derecho a la consulta libre, previa e informada, además de que también se viola el derecho del principio precautorio, que en materia ambiental es el que obliga a las autoridades a demostrar que la implementación de un cierto tipo de tecnología no causa daños a la salud y al medio ambiente. “Estas sentencias fueron impugnadas por Monsanto y la Sagarpa, y por la trascendencia de los casos, fueron turnados a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y nosotros creemos que ya a partir del próximo mes, empezarán las discusiones en la Suprema Corte sobre estos casos”, indicó. No beneficia a comunidades brutal deforestación en Los Chenes Ante la brutal deforestación que se está presentando en Hopelchén, que el pasado 31 de agosto denunció la agrupación ambientalista internacional Greenpeace y pidió ayuda para defender la selva de Campeche, baluarte del patrimonio biocultural de México, pues está siendo destruida por el avance voraz de la agricultura industrial, principalmente para la siembra soya convencional o transgénica, utilizando agrotóxicos que contaminan el agua. Para ello, se devastaron, desde hace poco más de una década, las áreas forestales del municipio de Hopelchén, Campeche, ya que “entre los años 2000 y 2008, se perdieron casi 22 mil 300 hectáreas. Para el 2013, desaparecieron más de 38 mil hectáreas de cobertura forestal en el estado de Campeche (la mayor pérdida en el país)” (https://paginabierta.mx/sitio/ayudanos-a-proteger-la-selva-de-campeche-greenpeace/) Jorge Fernández dijo que la deforestación es justamente uno de los elementos que las organizaciones han utilizado; como uno de los ejemplos del porqué las autoridades estatales y federales le han apostado a la siembra de monocultivos. “No sólo hablamos de soya transgénica, hablamos de soya convencional y palma africana, que se está impulsando en el estado de Campeche, el fomento de monocultivos lo que hace es generar grandes espacios de deforestación, como lo que está sucediendo en Hopelchén, donde hay miles y miles de hectáreas deforestadas, donde hay aguadas rellenas, que se han secado lagunas, con el objetivo de sembrar monocultivos, lo que es incompatible con el medio ambiente”, expresó. “La deforestación  y el impacto ambiental no es nada más porque se pierden árboles y se pierden flora y fauna, también tienen un impacto social; la apicultura, una de más actividades más importantes de la Península de Yucatán, es una fuente de ingresos importante en Campeche y apreciada en el mercado internacional y se ve afectada por la deforestación, porque las abejas ya no tienen donde pecorear y además, hay una gran utilización de agrotóxicos que implican la contaminación de las aguas , la tierra, la fauna y la flora local y con ello, a las abejas”, explicó. Manifestó también que la siembra de monocultivos, a pesar de las grandes dimensiones y los recursos económicos que generan, no es una gran aportación económica o por lo menos, no a la economía local, pues no hay una movilidad del recurso, ya que estos son acaparados por quienes siembran, que generalmente son grandes empresarios. “Los que siembran los monocultivos no están en las comunidades, generalmente el beneficio  es para los grandes empresarios o grupos de menonitas y son lo que se benefician de la siembra, ya hemos denunciado que impactan de manera ambiental, social y económica en el estado de Campeche, es decir, que las que salen perjudicadas son las comunidades indígenas, que son campesinos, son apicultores y tienen una relación de importancia con los recursos naturales y el medio ambiente”, puntualizó. Es indispensable evidenciar que existe una complicidad de las autoridades, como Sagarpa, pues a pesar de que se han ganado amparos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha emitido recomendaciones a la dependencia para que no siga con sus permisos, la autoridad hace caso omiso y sigue incluso dando financiamiento (https://paginabierta.mx/sitio/violaron-derechos-de-indigenas-en-autorizacion-de-soya-transgenica-cndh/). “La Sagarpa sistemáticamente ha incurrido en actos que son ilegales, en el sentido de que son contrarios a los derechos humanos, ya lo dijo un juez federal, la Comisión de los Derechos Humanos y no nos extraña que se pasen por alto la recomendación y que además, es una recomendación limitada, nosotros esperábamos que la Comisión no solo abordara el tema indígena, sino también el del medio ambiente”, mencionó. “Pero aun así, es una resolución más a la sentencia de amparo y las recomendaciones que han hecho relatores internacionales, donde se ha sugerido o se ha ordenado que previo a la imposición de cualquier proyecto que afecte a la comunidades, se debe hablar con las comunidades para pedir su anuencia, la CNDH solo refuerza los puntos críticos de los jueces”, agregó. “Esta recomendación, para nosotros, es un elemento más que en su momento, le haremos llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para este debate judicial que se estará dando en el máximo tribunal del país”, sentenció.