El presidente del Consejo Nacional de Morena señala que Peña Nieto tiene otra oportunidad para aclarar lo que realmente sucedió a los 43 normalistas, pero le advirtió que “le resultará peor optar por la impunidad”. CIUDAD DE MEXICO, D.F. 7 de septiembre del 2015.- El presidente del Consejo Nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, dijo que luego del informe de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso Ayotzinapa, al priísta Enrique Peña Nieto le que la disyuntiva de justicia o complicidad. El político de izquierda señaló que Peña Nieto tiene otra oportunidad para aclarar con apego a la verdad lo que realmente sucedió con los 43 jóvenes normalista, pero le advirtió que “le resultará peor optar por la impunidad”, en lugar de “fincar responsabilidades a funcionarios federales, estatales, así como a los miembros del Ejército y de las policías”. “Es el momento de llevar a los hechos la socorrida frase del gran liberal José María Iglesias: “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”, puntualizó. En su cuenta de Facebook, López Obrador manifestó que “a partir del informe de los expertos sobre la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, en el cual se asegura que no fueron quemados, se le presenta a Peña otra oportunidad para aclarar con apego a la verdad lo realmente sucedido”. “Tomar esa decisión será muy fuerte, porque implica fincar responsabilidades a funcionarios federales, estatales, así como a los miembros del Ejército y de las policías. Pero le resultará peor optar por la impunidad. La disyuntiva es justicia o complicidad”, indicó. Las conclusiones del GIEI de la CIDH Ayer, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI) –representado por cinco especialistas en derechos humanos que trabajaron en México durante seis meses para investigar la desaparición forzada, tortura y asesinato de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, en Guerrero– dio sus primeras conclusiones sobre el caso. El GIEI mostró diferentes evidencias que refutaron la versión concluyente que la Procuraduría General de la República (PGR) presentó el pasado 27 de enero, para asegurar que los estudiantes habrían sido entregados por la policía municipal y uno de sus compañeros al grupo criminal “Guerreros Unidos”, quemados en el basurero de Cocula, y sus restos (convertidos en cenizas) arrojados al río San Juan. Las y los expertos –quienes investigaron el caso del dos de marzo al dos de septiembre de 2015– explicaron que según el peritaje que solicitaron a José Torero, peruano experto en seguridad y manejos de fuego, para realizar la incineración que describió el entonces procurador Murillo Karam, habrían sido necesarios 30 mil 100 kilogramos de madera, 13 mil 330 kilogramos de neumáticos, y 13 mil 330 kilogramos de diésel, con una duración mínima de 60 horas. En contraste, los “horrorosos” testimonios de los inculpados –contradictorios entre sí, según el GIEI– que presentó la PGR como evidencia, decían que se utilizaron de 10 a 15 neumáticos y que los cuerpos se habrían quemado en menos de 12 horas, además de que la madera que se encontró en el lugar era “limitada” y no era gruesa como se requiere. Otros elementos, como la integridad de los troncos de los árboles cuya madera debió afectarse gravemente, la irradiación de calor que impediría que los presuntos inculpados regresaran a la zona a dejar más combustible y la altura del humo que debieron ver las y los habitantes de Cocula, derrumbaron la “verdad histórica” de Murillo Karam y “desestiman las declaraciones (de los inculpados) por ser científicamente imposibles”, demuestran “déficit en las investigaciones”, y se concluye que “los muchachos no fueron incinerados en el basurero”, sentenció el Grupo. El GIEI también develó que los militares del 27 Batallón de Infantería de Iguala, así como la Policía Federal, tuvo conocimiento desde los primeros minutos de que los estudiantes salieron de Ayotzinapa para “botear” (pedir dinero) y tomar camiones, así como de los ataques horas después en contra de ellos, pero que ninguno de los agentes del Estado hizo algo por proteger la vida de los normalistas. Por el contrario, las y los expertos revelaron que los estudiantes fueron perseguidos, hostigados y agredidos en diferentes momentos y lugares en la noche por la policía municipal de Iguala, la de Cocula, la ministerial, la estatal y la federal. Más omisiones salieron a la luz: no fueron cuatro, sino cinco los camiones en los que viajaron los normalistas al salir de la central (este último cuyo paradero es incierto); que el C4 –que recoge los reportes de seguridad– conocía y seguía los hechos, pero dejó de reportar durante una hora, a la mitad de la noche, justo en el momento en que presuntos encapuchados “rafaguearon” a los estudiantes, que en ese momento improvisaban una conferencia de prensa para informar del ataque. La PGR omitió parte de esta información a la sociedad, pero destaca que hubo otros “elementos vitales” que los expedientes de la Procuraduría no habían considerado, por ejemplo, la existencia de un video tomado desde el Palacio de Justicia de Iguala, en el que se ve uno de los ataques (y que después fue destruido), o que un grupo de 10 estudiantes tuvo que pasar la noche refugiados en la casa de una mujer que les dio asilo.