El ombudsman advierte que si no se rompe la alianza entre la delincuencia y la autoridad, nunca se alcanzarán ni la paz, ni la justicia en México, y señala que el momento de actuar es ahora, para dar sentido y significado al dolor, al sufrimiento y a la indignación que el caso ha generado. La Comisión Nacional de Derechos Humanos detecta omisiones en las averiguaciones, falta de atención y asistencia a las víctimas, y hace 32 observaciones y propuestas a autoridades de los 3 niveles de gobierno, en el documento “Estado de la Investigación del Caso Iguala”. CIUDAD DE MEXICO, D.F. 23 de julio del 2015.- Al presentar el documento “Estado de la Investigación del Caso Iguala”, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, afirmó que México no es el mismo después de Iguala y llamó a romper la alianza entre el crimen y el poder, entre la delincuencia y la autoridad, pues advirtió que sin esa ruptura, nunca se alcanzarán ni la paz, ni la justicia en México. “No tenemos que esperar para ello a que suceda otro caso de igual o mayor gravedad. El momento de actuar es ahora y con ello se daría sentido y significado al dolor, al sufrimiento y a la indignación que este caso ha generado”, puntualizó. La Comisión Nacional evidenció omisiones en las averiguaciones, falta de atención y asistencia a las víctimas, y en la práctica de diligencias ministeriales federales y locales, e hizo 32 observaciones y propuestas a autoridades de los tres niveles de gobierno, en el caso del asesinato de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, en Iguala y Cocula, Guerrero. González Pérez dijo que la CNDH considera de “extrema gravedad” los hechos ocurridos hace exactamente 300 días en Iguala, Guerrero, pues por su deshumanizada naturaleza; por la forma como se ha hecho evidente el rompimiento del Estado de Derecho; por la violencia contra los valores fundamentales de las víctimas, y por el respeto a la vida, la libertad, la seguridad, la integridad y la dignidad humana. “No es momento ni de callar, ni de olvidar”, apuntó. Destacó que el Caso Iguala ha probado el grado de barbarie al que se ha llegado, el abandono de la ley y el olvido de la justicia, por lo que frente a estos hechos, así como también ante los demás crímenes y acontecimientos violentos registrados en ese y otros lugares de nuestro país, se une a otras situaciones graves que le han precedido y a otras que se han presentado con posterioridad. “El compromiso y obligación de la CNDH es intensificar su trabajo y esfuerzo, tomando como premisa el que estos horrores no se repitan jamás”, destacó. En conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado por José Larrieta, titular de la Oficina Especial para la Investigación del Caso Iguala, el ombudsman mexicano afirmó que “en esos hechos se visibiliza el desprecio por la vida, la inhumanidad, la connivencia entre autoridades y delincuentes, el triángulo perverso entre encubrimiento, complicidad e impunidad, miserias que han sido mezcladas para sepultar el respeto y la convivencia justa y civilizada”. “Tragedia acentuada más allá de Iguala –enfatizó–, por los hallazgos de cadáveres sepultados en decenas de fosas clandestinas, sin nombre, sin identidad, sin tiempo, sin nada”. Luis Raúl González enfatizó que México no es el mismo después de Iguala, pues los hechos ocurridos entre la tarde del 26 y la noche del 27 de septiembre de 2014, en los municipios de Iguala y Cocula, Guerrero, forman por su naturaleza el más grave conjunto de violaciones a los Derechos Humanos –además de un cúmulo de crímenes de todo orden–, de cuantos haya memoria reciente en este país. “En los hechos, seis personas fueron privadas de la vida, 43 más fueron desaparecidas forzadamente y otras 33 sufrieron heridas, en un capítulo ominoso de la vida nacional frente al cual las investigaciones no ofrecen todavía una respuesta concluyente por estar en curso”, recordó. En este contexto, como consecuencia de la revisión de la información y constancias con que cuenta la CNDH, relativas a la actuación de las autoridades, con posterioridad a los deleznables hechos, se advierten, entre otras cosas:  La necesidad de implementar medidas para lograr un mayor acompañamiento y apoyo a la víctimas y a sus familiares, ya que por muy diversas razones, a la fecha no han recibido toda la atención, asistencia y apoyos a los que tienen derecho conforme al marco normativo vigente en México sobre la materia.  La falta de realización de diligencias ministeriales, tanto federales como locales, que se estima serían de utilidad para lograr una investigación exhaustiva e integral de los hechos; la no ejecución de órdenes de aprehensión.  La falta de medidas que contribuirían a generar un entorno con mayores condiciones de seguridad en el Municipio de Iguala. González Pérez expuso que la CNDH presentó el documento de manera previa a sus consideraciones definitivas, ya que la gravedad de los hechos, su complejidad y su hondura obligan a mirarlo, con nuestro enfoque de Derechos Humanos, lo cual no deja de lado la exigencia para que se apliquen las sanciones correspondientes a quienes cometieron los delitos, motivo de la investigación ministerial. Posteriormente, José Larrieta dio lectura al amplio documento, de 63 cuartillas, en el cual se presenta el estado de la investigación del Caso Iguala, y se plantean 32 observaciones y propuestas a autoridades de los tres niveles de gobierno. El cumplimiento de éstas, precisó González Pérez, busca dar certeza para contribuir a alcanzar la verdad jurídica sobre los hechos de Iguala, requisito indispensable para materializar el derecho de las víctimas a la verdad y a la justicia, cuestiones que, a su vez, son necesarias en la aspiración de la no repetición de los hechos.

A continuación, el texto íntegro del documento: caso_iguala