Organizaciones de la sociedad civil, encabezados por la Red de Defensa de los Derechos Humanos y el Frente Nacional de Lucha al Socialismo, señalan que los afectados son Mariel Bonilla Dumit e Israel Sampedro Morales. PUEBLA, Pue. 21 de mayo del 2015.- Organizaciones de la sociedad civil, encabezados por la Red de Defensa de los Derechos Humanos y el Frente Nacional de Lucha al Socialismo (FNLS) denunciaron el despojo de su vivienda a defensores de derechos humanos, al legitimar una sentencia inconstitucional el Tribunal Superior de Justicia de Puebla. La agrupaciones no gubernamentales señalaron que los afectados son Mariel Bonilla Dumit e Israel Sampedro Morales, quienes fueron notificados el miércoles 20 de mayo, sobre la orden de lanzamiento de su vivienda en un término de tres días, por parte del Juzgado Décimo Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, Ismael de Gante López. A continuación la denuncia de las OSC: A los medios de comunicación nacionales e internacionales A los afectados por la especulación inmobiliaria y desalojos forzados A las organizaciones defensoras del derecho humano a la vivienda A las organizaciones populares A la sociedad poblana Al pueblo de México TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE PUEBLA LEGITIMA EJECUCIÓN DE SENTENCIA INCONSTITUCIONAL CONTRA LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS MARIEL BONILLA DUMIT E ISRAEL SAMPEDRO MORALES El día miércoles 20 de mayo del presente año, nuestros compañeros y defensores de los derechos humanos, Guadalupe Mariel BONILLA DUMIT e Israel SAMPEDRO MORALES, fueron notificados por parte del Juez Décimo Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, Ismael DE GANTE LÓPEZ sobre la orden de lanzamiento de su vivienda en un término de tres días. Es preciso señalar que la notificación de la orden lanzamiento es continuidad de un juicio plagado de irregularidades, que el Juzgado 12° y el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla están revistiendo de legitimidad con supuestos criterios legales. Lo anterior se manifiesta en que el día de ayer en que notificaron a nuestros compañeros, el diligenciario José María Salazar Hernández, adscrito al Juzgado Décimo Segundo de los del Distrito Judicial de Puebla, con actitud prepotente y amenazante, impidió la documentación de hechos que nuestro compañero Israel Sampedro Morales, Coordinador General de la Red de Defensa de los Derechos Humanos (REDDH), realizaba con su teléfono celular. De hecho el diligenciario lo amenazo diciendo: “No puede estar grabando, porque si no me lo llevo detenido”, situación reiterada al momento de que el representante de la REDDH quiso fotografiar el escrito de los documentos: bajo protesta, porque no se encontraba la parte actora, y que la Sra. María Elvira Guadalupe Dumit Garzón falleció hace más de 12 años. Lo más grave y que demuestra el grado de corrupción en los Juzgados, es que la notificación estaba previamente llenada con horario de las 9 am y con el nombre de una persona que no habita el inmueble, situación que obligo al diligenciario a añadir texto, como lo manifiesta la redacción incongruente del documento. Asimismo, el Juez en un acto inhumano habilitó días y horas inhábiles para el desalojo, por lo que a partir de este domingo 24 de mayo es altamente probable que se pretenda consumar un acto ilegal. El gran negocio de la especulación inmobiliaria está a punto de ejecutarse por medio de mecanismos supuestamente legales que presentan desigualdad de condiciones en su procedimiento y por medio de los cuales un conjunto de empresas y particulares con alto grado de organización y el contubernio con instancias de gobierno se enriquecen a costa del patrimonio de los mexicanos. En este caso una particular “ama de casa” de nombre Maria Levinia Arellano Cabrera, representada por Fernando Javier Beltran Villagra, titular del despacho Beltran Villagra y Asociados Jurídico Empresarial, cesionarios de la empresa ZENDERE, cuyos directivos fueron ejecutivos que trabajaron en HSBC, antes BITAL, banco que otorgó originalmente el crédito hipotecario a los padres de Mariel Bonilla, están involucrados en el despojo de la vivienda de Mariel Bonilla Dumit. Es preocupante considerar no es esta la única vez que se repite esta práctica, sino que la misma representa una forma de enriquecimiento por parte de grupos “amafiados” presentes en todo el país. Hasta el momento, se han girado solicitudes de intervención dirigidas a diputados, gobernación y el propio Tribunal Superior de Justicia, los primeros han sido omisos en contestarnos, los demás dicen ser “respetuosos” de la autonomía de poderes. Este caso, por sus propias características, ante los procesos de impartición de justicia, trasciende un asunto entre particulares, cuestiona y pone en duda por la vía de los hechos el carácter ético, legal y los criterios de los Juzgadores en los procedimientos para las resoluciones judiciales. Es por ello que la presente denuncia pública no puede limitarse al trámite de la figura legal de una queja administrativa, puesto que estos actos que hoy señalamos y hacemos de su conocimiento, son producto de una violación sistemática de una Institución del Estado, que bajo el discurso de la legalidad procedimental, en sus diferentes momentos ha sido parcial en beneficio de la contraparte y además legitima la especulación inmobiliaria, por medio de la cual particulares o empresas cobradoras de cartera vencida se adjudican inmuebles con precios de entre 25 mil y 35 mil pesos, para después revenderlos en más de un 1000% respecto a la inversión de la compra de dicha cartera, poniendo a millones de mexicanos en manos de voraces grupos de poder económico-político, hoy llamados eufemísticamente iniciativa privada. Por lo antes expuesto, se hace necesario que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla lleve a cabo una investigación independiente, pública, exhaustiva e imparcial respecto a los vicios procesales del Juicio Ejecutivo Mercantil, expediente 1160/2010 radicado en el Juzgado Décimo Segundo especializado en materia financiera del estado de Puebla, a efecto de garantizar la no repetición de actos delictivos en los Juzgados encargados de impartir justicia en este estado. Así como informar de manera oficial de los avances del proceso. Llamamos a la solidaridad del pueblo y sus organizaciones para exigirle al gobernador Rafael Moreno Valle, de acuerdo a sus atribuciones en su calidad de gobernador del estado de Puebla, detener el desalojo forzado de nuestros compañeros defensores de derechos humanos Guadalupe Mariel Bonilla Dumit e Israel Sampedro Morales, así como exigir al ejecutivo estatal garantizarles el derecho humano a la vivienda tal como lo establece el Bloque de Constitucionalidad firmado y ratificado por el estado mexicano. Combativamente Tod@s a organizarnos por el derecho humano a la vivienda ¡Queremos Vivienda Digna, No hacinamiento! ¡Alto a los desalojos forzados por especulación inmobiliaria! ¡Alto a los desalojos y desplazamiento forzado por megaproyectos! Red de Defensa de los Derechos Humanos (REDDH) Por la unidad obrero, campesino y popular Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) Frente de Colonos Urbano Popular (FCUP) Alianza Popular de Ciudadanos Unidos de Atlixco (APCUA)