Organizaciones civiles, encabezadas por la Red de Defensa de los Derechos Humanos, denunciaron el desalojo forzado de familias por parte de efectivos del Ejército Mexicano, la Policía Federal, la Estatal, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la empresa italiana Bonatti S.P.A. en San Miguel Papaxtla, municipio de San Jerónimo Tecuanipan, Puebla, para la imposición del gasoducto del Proyecto Integral Morelos. PUEBLA, Pue. 25 de febrero de 2015.- Organizaciones civiles, encabezadas por la Red de Defensa de los Derechos Humanos, denunciaron el desalojo forzado de familias por parte de efectivos del Ejército Mexicano, la Policía Federal, la Estatal, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la empresa italiana Bonatti S.P.A. en San Miguel Papaxtla, municipio de San Jerónimo Tecuanipan, Puebla, para la imposición del gasoducto del Proyecto Integral Morelos. Los organismos no gubernamentales solicitaron la intervención urgente del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas; el procurador de Justicia de Puebla, Víctor Antonio Carrancá Bourget; Adolfo López Badillo, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; Javier Esteban Hernández Valencia, representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU; Navanethem Pillay, alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU y de Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entre los hechos, manifestaron que el sábado 21 de febrero del 2015, pobladores de San Miguel Papaxtla, municipio de San Jerónimo Tecuanipan, Puebla, presenciaron la llegada de Policías Estatal, Federal y del Ejército, quienes resguardaban a trabajadores de la CFE y de la empresa italiana Bonatti S.P.A. para continuar con el desarrollo del gasoducto del Proyecto Integral Morelos (PIM). “De manera específica, la familia del señor Claudio Rosas Grande, actual dueño del predio y habitante de San Miguel Papaxtla, es una de las víctimas del desalojo forzado del pasado 21 de febrero. Ese día, personas que se autonombraron representantes de la Subsecretaría Jurídica del Gobierno del Estado de Puebla y resguardados por agentes estatales y federales le sentenciaron a la familia del señor Claudio que su terreno fue expropiado, y que le daría una notificación, sin embargo, a don Claudio no le fue entregado dicho documento”, expresaron. Destacaron que “dicha expropiación era para la señora Micaela Rosas Cielo, quien falleció hace más de una década. Además de que la familia Rosas Rosas, en reiteradas ocasiones, ha sido presionada por medio del hostigamiento e intimidación por parte de CFE para vender su propiedad, para la imposición del gasoducto del PIM. Todo ello documentado por el Centro de Derechos Humanos “Joel Arriaga Navarro”, que acompaña la defensa legal de los afectados por la imposición del gasoducto del PIM”. “El día de los hechos, los vecinos solicitaron la intervención de las autoridades municipales de Tecuanipan, cuyo titular es Porfirio Aguilar, y del edil auxiliar de Papaxtla, Fortunato Rosas Velázquez, sin embargo, actuaron con aquiescencia al estar enterados de la situación y no presentarse al lugar de los hechos”, indicaron. “La familia Rosas Rosas ya hizo formal denuncia ante el Ministerio Público de San Andrés Cholula radicando la averiguación previa con el folio 339/2015/SACHO. Es importante destacar que a más de dos días de suscitados los hechos de desalojo forzado, no han realizado diligencias básicas, como la inspección ministerial y recabar las testimoniales de los vecinos presentes en el lugar de los hechos”, agregaron. “Para la RedDH estos hechos constituyen una grave violación de derechos humanos a familias que tienen el legítimo derecho de discernir de la imposición de proyectos cuyos únicos beneficios serán las empresas trasnacionales: Bonatti y la empresa Enagas-Elecnor, quien además recibe financiamientos del Fondo para la Internacionalización de la Empresa española (FIEM), así como del banco gubernamental Banobras y Banamex Citigroup”, resaltaron. “Por lo anterior, la Red de Defensa de los Derechos Humanos (RedDH), solicitamos sustentados en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Garantizar la integridad física, psicológica y moral de la familia Rosas Rosas, así como de todas las familias en desacuerdo con la imposición del gasoducto del Proyecto Integral Morelos”, abundaron “Garantizar la integridad física, psicológica y moral de los integrantes del Centro de Derechos Humanos “Joel Arriaga Navarro”, del Comité Ciudadano en Defensa de la Vida, el Territorio y el Agua de Nealtican así como de todas las organizaciones y personas solidarias con la lucha de las comunidades contra la imposición del gasoducto del Proyecto Integral Morelos. “El cese del hostigamiento, intimidación y de cualquier acto que menoscabe la dignidad humana en contra de las familias, comunidades, del Centro de Derechos Humanos “Joel Arriaga Navarro”, del Comité Ciudadano en Defensa de la Vida, el Territorio y el Agua de Nealtican que exigen la cancelación del proyecto gasoducto del Proyecto Integral Morelos. “Llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial a efecto de llamar a juicio y sancionar administrativa y/o penalmente por omisión, comisión o aquiescencia a las autoridades que presentaron la documentación de expropiación, así como el fundamento legal con el cual actuaron los altos mandos militares y la policía federal, para el desalojo forzado por parte de la empresa Bonatti”. Finalmente, pidieron a los organismos defensores de los derechos humanos nacionales e internacionales, de manera solidaria y en la medida de sus atribuciones, externen al Gobierno Mexicano su preocupación ante la gravedad de estos hechos e insten al gobierno mexicano a que atienda las peticiones planteadas.
