A puertas cerradas, sesionó el Congreso del Estado para dar entrada a las solicitudes de juicio político contra diversos funcionarios estatales y federales, entre ellos el presidente de la Junta de Gobierno y Administración, Edgar Hernández Hernández. Por Daniel Sánchez CAMPECHE, Cam. 21 de enero del 2015.- En la clandestinidad, sesionó el Congreso del Estado para dar entrada a las solicitudes de juicio político contra diversos funcionarios estatales y federales, entre ellos el presidente de la Junta de Gobierno y Administración, Edgar Hernández Hernández. En la sesión, efectuada en el salón del Edificio Legislativo, a la que no tuvo acceso ni los representantes de los medios de comunicación, ni los ciudadanos en general, se leyeron ocho solicitudes contra los servidores públicos acusados, contra quienes se solicita que se emita la declaración de procedencia, para que sean procesados penalmente. El líder campesino, Luis Antonio Che Cu, promovió juicio político contra los diputados Juan Carlos Lavalle Pinzón, antiguo coordinador parlamentario del PAN; el ex alcalde panista, Francisco Romellón Herrera, y el aspirante al Ayuntamiento de Campeche, Edgar Hernández, por haber cometido abuso de autoridad en su contra, al vejarlo e insultarlo. El dirigente del Frente Campesino Independiente “Emiliano Zapata” (Freciez) también señaló al secretario del Ayuntamiento de Campeche, Carlos Román Moreno Hernández, de abuso de autoridad. En el caso del despojo de tierras al ejido de Lerma por parte de la familia Mouriño para construir el desarrollo inmmobiliario turístico Campeche Country Club, cuatro ejidatarios, Pedro Celestino May Can, Benito Abad Dzul Salazar, Candelario Dzul y Guillermo Can Cahuich, promovieron juicio político contra funcionarios de la delegación de la Procuraduría Agraria. También May Can pidió proceder en contra de Gabriela Albarrán Hernández en su carácter de Comisaria Municipal de Lerma, por uso indebido de atribuciones, usurpación de funciones y falsificación de documentos, por expedir actas de avencidado extemporáneamente a quienes fungieron como prestanombres de la familia Mouriño para el despojo de tierras ejidales. Igualmente, Silbiano G. Rodríguez y otros solicitan juicio político contra el comisario municipal de Hobomó, Carlos Enrique Mex May, por negarse a proporcionar constancias de posesión de terrenos. Los otros juicios políticos son de Jorge Luis Cauich Contreras contra el alcalde de Calkiní, Víctor Hugo Baltazar Rodríguez; de José Trejo Mata, contra la alcaldesa de Campeche, Ana Martha Escalante Castillo; el secretario particular, Felipe Uc Ruiz; el secretario de Coordinación y Planeación Municipal, César Antonio Narváez Samuel, y el director de Gobierno Ciudadano, Enrique Estrella Estrella. Finalmente, el octavo juicio fue promovido por ex trabajadores del municipio de Tenabo, en contra de Edilberto Calán Canul, en su carácter de presidente municipal de Tenabo, por no cumplir el laudo y pagar las indemnizaciones por despido injustificado. La sesión del Congreso estatal tuvo carácter de reservada, de acuerdo al artículo 15 de la Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado de Campeche, y a los artículos 62 y 64 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche. Al respecto, un diputado local calificó esta acción como una “aberración jurídica”, ya que sólo se permite el acceso a la casa del pueblo a los diputados y se le cierra a los campechanos. “Todas las sesiones deben ser públicas, sobre todo cuando se trata de temas de Juicios Políticos presentados contra funcionarios corruptos, pésimos o que cometen actos ilegales. No se puede seguir con la política tradicional del encubrimiento y de la opacidad”, puntualizó.