En materia de migración, prevalecen en México el racismo, la “fuertísima” violencia, la irresponsabilidad del Estado mexicano y la actuación impune del crimen organizado en las rutas que utilizan los centroamericanos, principalmente de Honduras, para llegar al territorio de Estados Unidos de Norteamérica, en busca de mejores condiciones de vida, señaló Jorge Andrade, investigador del Insyde. El antropólogo social y catedrático de la UNAM afirmó que la política migratoria del país depende cada vez más de las directrices dictadas por el Departamento de Política Interior de Estados Unidos. Por Daniel Sánchez y Ronny Aguilar CAMPECHE, Cam. 15 de enero del 2015.- En materia de migración, prevalecen en México el racismo, la “fuertísima” violencia, la irresponsabilidad del Estado mexicano y la actuación impune del crimen organizado en las rutas que utilizan los centroamericanos, principalmente de Honduras, para llegar al territorio de Estados Unidos de Norteamérica, en busca de mejores condiciones de vida, señaló Jorge Andrade, investigador del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde). Durante la conferencia “Derechos Humanos y Migración”, el antropólogo social y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) afirmó que la política migratoria del país depende cada vez más de las directrices dictadas por el Departamento de Política Interior de Estados Unidos y cuestionó que aún no se sepa en qué consiste el Plan Frontera Sur del gobierno del priísta Enrique Peña Nieto, que más bien parece una reedición del Plan Puebla Panamá. Andrade, quien vino a invitación del Observatorio de Violencia Social y de Género en Campeche, por su quinto aniversario, citó hechos como el asesinato de 72 personas en San Fernando, Tamaulipas, o el hallazgo de los cuerpos de 49 migrantes, que confirman la violencia de los grupos del crimen organizado, llámense Cártel del Golfo, Los Zetas o Los Maras, que llegan a cometer atrocidades, como la extracción de órganos y trata, contra las personas migrantes. “El Estado mexicano tiene la obligación de promover, respetar,  proteger y garantizar los derechos humanos de las personas, lo cual dista muchos de las acciones que se desempeñan en torno a la migración”, asentó. Dio a conocer cifras inquietantes de un Informe de organizaciones civiles sobre los derechos humanos y la migración y afirmó que de los 21 mil casos registrados de violaciones a los derechos humanos a los migrantes, el 52 por ciento fue víctima de robo, 33 por ciento de extorsión y cuatro por ciento de secuestro. “Médicos Sin Fronteras señala que de las 24 mil 34 personas migrantes atendidos por sus unidades, en Chiapas, Oaxaca y el corredor Lechería, en el Estado de México, el 42 por ciento fueron amenazadas verbalmente, el 47 por ciento sufrió robo o extorción, 14 por ciento fueron amenazadas con armas de fuego y 14 por ciento recibieron golpes, nueve por ciento fueron privados de su libertad, el uno por ciento fue agredido sexualmente y el uno por ciento sufrió un ataque de arma de juego o arma blanca”, detalló. “Los datos presentados en ambos informes son contundentes, aunado a la delincuencia organizada y común, los migrantes son víctimas de violación por parte de las  autoridades del gobierno mexicano”, agregó. “Se señala que el 82 por ciento de los ataques fueron realizados por civiles, mientras que el 18 por ciento restante señaló a alguna autoridad como la perpetradora de muchos actos”, apuntó. El especialista manifestó que los datos de Médicos Sin Fronteras indican que el 31 por ciento señalan a la población local por donde transitan, como la perpetradora de los actos de violencia; el 29 a la delincuencia organizada y 17 por ciento a las fuerzas armadas y judiciales y 17 a otros migrantes, cuatro por ciento a las redes de tráfico de personas y el uno por ciento a empleados de gobierno e instituciones. “Las autoridades del gobierno mexicano tienen una responsabilidad muy alta, ellos son los que deben encargarse de la seguridad de las personas, sin importar su estatus migratorio; como se señala en el informe de derechos humanos, la violencia de estado a las personas migrantes es la más sombría”, abundó. Recordó que “en 1999, se estableció en la legislación mexicana que los tratados internacionales se ubican en el mismo nivel que las leyes federales, esto hace que políticamente los compromisos internacionales del gobierno mexicano obtengan la misma validez de las leyes federales, por lo que deben ser respetadas y llevadas a cabo”. “En la legislación mexicana, fue creada la Ley del Migrante, en donde se realiza la numeración de los derechos de los migrantes como un instrumento jurídico que garantiza el acceso a protección jurídica, servicios de salud, educación, registros médicos, entre otros derechos, reconocimiento legal a los grupos de protección al migrante y prevé también un procedimiento especial para la atención de niños, niñas y adolescentes menores no acompañados y personas en estado de vulnerabilidad”, expuso. “Además de que se prohibieron las visitas de verificación a los albergues o centros de asistencia o alojamientos que se tengan establecidos, lo cual garantiza la protección de los derechos de los migrantes, al eliminar tal exposición que pudiera propiciar arbitrariedad, corrupción, como parte de las autoridades migrantes”, puntualizó. Jorge Andrade sostuvo que “si bien es cierto que la ley prevé una serie de acciones que pretenden dar atención y protección de los migrantes que llegan al territorio nacional, como lo señaló el senador Humberto Andrade, quien rechazó que con esta ley, se promueva la penalización del migrante, independiente de su estado migratorio”. “El reglamento de esta ley se publicó el 28 de septiembre de 2012, un año y cuatro meses después de la publicación y a casi 10 meses de que se venció el plazo para su función, lo que ha llevado a una serie de vacíos en la aplicación de la Ley de Migración, lo que implica que las acciones que se imprimieron en dicha ley solo hayan quedado en el discurso gubernamental”, lamentó. “Las violaciones a los migrantes por parte de agentes del Estado han sido ampliamente documentadas por organismos nacionales e internacionales, quienes señalan que los principales abusos se realizan por agentes del Instituto Nacional de Migración, policías estatales, federales y municipales, quienes extorsionan, roban y en algunos casos, trabajan con el crimen organizado”, añadió. “Además, hay instancias gubernamentales que limitan el acceso a la salud y la justicia, asimismo, son las estaciones migratorias en donde los migrantes son privados de su libertad, bajo el argumento de que están bajo custodia del Instituto, o no reciben información consular o no son informados que si fueron víctimas o testigos de un delito, tienen la opción de una visa humanitaria o pueden solicitar asilo”, mencionó.