Si no se aprueba en el plazo constitucional del 7 de febrero se pone en riesgo un Sistema Nacional de Transparencia eficaz. Persisten retos y preocupaciones como las sanciones a funcionarios de órganos de transparencia y que se condicione la transparencia a que no afecte la “estabilidad económica”. CIUDAD DE MEXICO, D.F. 28 de diciembre de 2014.- En caso de no aprobarse la Ley General de Transparencia en el Senado de la República, se corre el riesgo de que no pueda promoverse un sistema que proteja eficazmente el derecho de acceso a la información, advirtieron el “Colectivo por la Transparencia” –formado por 14 organizaciones- y “México Infórmate”, red nacional de periodistas y especialistas en el acceso a la información Por lo anterior, las organizaciones exhortaron al Senado a concretar la discusión y aprobación de la Ley General de Transparencia en los tiempos constitucionales y los  términos comprometidos. Recordaron que el siete de febrero de 2015, se vence el plazo para que el Congreso de la Unión apruebe la Ley General de Transparencia. “Si esto no sucede, los avances de la reforma constitucional no se verán concretados, el órgano federal no podrá ejercer sus atribuciones constitucionales, no podrán homologarse las leyes locales, ni establecerse procedimientos para asegurar la transparencia y el acceso a la información en sindicatos y partidos políticos, entre otros”, expresaron. “El pasado dos de diciembre fue presentada ante el pleno del Senado para su turno a Comisiones Dictaminadoras la Iniciativa firmada por legisladoras y legisladores de los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD y PVEM, que sustentará el contenido y alcance del derecho de acceso a la información protegido en el artículo 6º de la Constitución”, agregaron. “La aprobación de la iniciativa de Ley General de Transparencia es una condición sin la cual la reforma constitucional no podrá ser operada y sus beneficios pospuestos. En septiembre del presente año, se instaló el grupo de trabajo redactor para la definición de una iniciativa de Ley General de Transparencia que contara con los más altos estándares técnicos en la materia. A pesar de los avances y de ser una ley de vanguardia, persisten algunos retos y preocupaciones”, apuntaron. Citaron que el daño a la estabilidad económica como causal de reserva, puede ser un elemento para mantener en la opacidad cualquier tipo de información, si tomamos en cuenta que los acontecimiento políticos y sociales en el país impactan directamente en las fluctuaciones de los precios y en el valor del dinero. En este sentido, abundaron, esta restricción es violatoria al derecho internacional de derecho de acceso a la información ya que de acuerdo a la CIDH, cualquier restricción debe ser necesaria para asegurar “el respeto a los derechos o a la reputación de los demás” o “la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas y deben ser necesarias en una sociedad democrática.  Esta excepción limita el potencial democrático del derecho de acceso a la información. Precisaron también que la imposición de sanciones a los servidores públicos de los organismos garantes “cuando revelen información que afecte el cumplimiento de las funciones o pueda ocasionar daños y perjuicios a los Sujetos Obligados”, es una mordaza que puede generar que ante la duda razonable, estos servidores públicos eviten orientarse hacia la apertura de información. Se genera una nueva categoría de restricción de información, lo cual inhibe a los órganos garantes de fungir como órganos autónomos”. “Por estas razones, hacemos un urgente llamado al Senado de la República para que se apruebe cuanto antes la Iniciativa de Ley General, en términos que amplíen la protección del derecho de acceso a la información, para que así la Ley Reglamentaria del Artículo Sexto Constitucional pueda transitar su proceso legislativo y el Congreso de la Unión esté en condiciones de cumplir con lo mandatado por la Constitución”, finalizaron.