Activistas solicitan apertura de oficinas regionales de Naciones Unidas/CIMACFoto: César Martínez López Por Anayeli García Martínez Cimacnoticias CIUDAD DE MEXICO, D.F. 10 de diciembre de 2014.- En México, hay una regresión en materia de derechos humanos porque, además de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, hay un incremento de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, prisión por motivos políticos y un intento por crear un marco legal para limitar el derecho a la protesta, afirmaron activistas y organizaciones populares A propósito del aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se conmemora este 10 de diciembre, el Comité Cerezo, el Comité de familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo y el Movimiento Urbano Popular, entre otras organizaciones, se manifestaron frente a la sede de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en esta ciudad. La manifestación también se realizó para denunciar que en México hay decenas de desaparecidos que se suman a los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Al respecto Héctor Cerezo, coordinador del Área de Acompañamiento del Comité Cerezo, explicó que sólo en el sexenio de Felipe Calderón documentaron la desaparición de 58 defensores de derechos humanos y 18 casos más en lo que va de la administración de Enrique Peña Nieto. Ante esta grave situación, el activista dijo: “creemos que la ONU y otras instancias internacionales deben seguir con ese papel de visibilizar, de apoyar a los familiares y que es necesario que redoblen su esfuerzos ante la cantidad de violaciones a derechos humanos en México”. Durante la protesta, las organizaciones entregaron a la representación de Naciones Unidas, un escrito dirigido al alto comisionado, Zeid Ra’ad Al Hussein, y a Javier Hernández Valencia, representante de la OACNUDH en México, en el que piden que este organismo promueva acuerdos con el gobierno mexicano para establecer oficinas estatales en cada estado del país, pero en especial en Michoacán, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Chihuahua, donde la situación humanitaria es más grave. Nadín Reyes Maldonado, integrante del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, explicó que es necesario que ante el escenario adverso que vive México, instancias internacionales, como Naciones Unidas, puedan hacer una mayor presión y exigencia al Estado Mexicano para que las autoridades tomen acciones al respecto, y eso se puede lograr si abren oficinas en los estados donde hay más violencia. La activista e hija de Edmundo Reyes Amaya, activista desaparecido desde 2007, agregó que “es lamentable la situación que estamos viviendo en el país, en este marco de una aniversario más de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, vemos con suma preocupación que en vez de ir contrarrestando estas graves violaciones a Derechos Humanos en México, se han ido incrementando”. Las y los manifestantes aseguraron que como lo indican diversos  informes de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, la sociedad mexicana es víctima de una política sistemática de violaciones, lo que representa un retroceso a las libertades democráticas y un obstáculo para la consolidación del Estado de Derecho. En el escrito entregado a la OACNUDH, las organizaciones afirman que los tratados y los acuerdos internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano en materia de derechos humanos no han garantizado derechos civiles y políticos, y por ello piden un papel más activo de esta oficina a fin de que pueda ser enlace entre las víctimas y otros organismos o relatorías de Naciones Unidas.