A 17 días de comenzar a aplicarse en tres municipios de Campeche el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA), surgen voces de organizaciones de derechos humanos y de abogados advirtiendo sobre la manera atropellada en que proceden las autoridades campechanas y de los conflictos y efectos impredecibles que traerá. A lo largo de seis años, el gobierno estatal se la pasó asegurando que la entidad estaba entre las más avanzadas en la implementación del SJPA, pero ahora que se acercan los tiempos marcados para su vigencia, a nivel nacional, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia reveló que Campeche está entre los 16 Estados del país más atrasados. Por Daniel Sánchez CAMPECHE, Cam. 16 de noviembre.- A 17 días de comenzar a aplicarse en tres municipios de Campeche el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA), surgen voces de organizaciones de derechos humanos y de abogados advirtiendo sobre la manera atropellada en que proceden las autoridades campechanas y de los conflictos y efectos impredecibles que traerá. A lo largo de seis años, el gobierno estatal se la pasó asegurando que la entidad estaba entre las más avanzadas en la implementación del SJPA, pero ahora que se acercan los tiempos marcados para su vigencia, a nivel nacional, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) reveló que Campeche está entre los 16 Estados del país más atrasados. La agrupación civil afirmó que existe el riesgo de una implementación apresurada del nuevo Sistema de Justicia y destacó que en las 16 entidades federativas más atrasadas, “se ha optado por una implementación orientada por la conveniencia política, más que por una lógica que parte de la sistematización del conocimiento acumulado por los procesos de implementación en otros Estados”. El Colegio de la Barra de Abogados del Estado de Campeche, encabezada por Luis Humberto López López, alertó también que aún faltan por aprobarse dos leyes fundamentales en la aplicación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, como son las orgánicas del Poder Judicial del Estado y de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que la convertiría en Fiscalía General. Estas normatividades pendientes, junto con las cinco leyes aprobadas al vapor en el Congreso del Estado, el pasado 29 de septiembre, dificultarán la entrada en vigor del nuevo Sistema de Justicia y provocarán errores y fallas entre los operadores. En sesión extraordinaria, la LXI Legislatura del Congreso acordó la expedición de cinco nuevas leyes: la de Defensoría Pública y Asistencia Jurídica Gratuita, presentada el 18 de marzo; la de Extinción de Dominio, del 11 de septiembre; la que establece el Sistema de Justicia para las Víctimas, del 26 de junio; la de Firma Electrónica Avanzada y Uso de Medios Electrónicos, del nueve de septiembre, y la Integral de Justicia para Adolescentes y Medidas de Rehabilitación y Asistencia Social para Menores de Doce años, del 21 de abril. El presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso, Edgar Hernández Hernández, no lo cree así y aseguró que la aprobación de dos leyes, la del Poder Judicial y la de la Fiscalía General, que aún están pendientes, “no impiden la implementación” del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, “una vez entrado en vigor el próximo tres de diciembre”. El 25 de septiembre, al firmar la solicitud de Declaratoria de Incorporación del Sistema Procesal Penal Acusatorio y del inicio de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales, el gobernador Ortega informó que se implementará en una primera etapa, en los municipios de Campeche, Champotón y Escárcega. El mandatario estatal indicó que en el primer trimestre del próximo año, se habrá concluido la construcción del edificio de juicios orales de Campeche, y en septiembre del 2015, se tendrán avances sustantivos en la obra de la sala de juicios orales en Ciudad del Carmen. Este proceso de incorporación considera otras dos etapas. La segunda dará inicio en agosto de 2015, en los municipios de Calkiní, Hecelchakán, Tenabo, Hopelchén, Candelaria, Palizada y Calakmul; y la tercera y última, en mayo del 2016, en el municipio de Carmen. En el evento, la secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación, María de los Ángeles Fromow Rangel, dio a conocer que actualmente, el nuevo modelo de justicia opera en 18 entidades federativas, en cuatro de ellas funciona totalmente y en 14 de manera parcial; en tanto, al finalizar el 2014, serán 28 los Estados, incluyendo Campeche, que tendrán en marcha este nuevo sistema. También se recordó que el 18 de junio de 2008, la Constitución Política de México fue reformada para introducir gradualmente el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, en toda la nación, en sustitución del mixto, estableciéndose un plazo para incorporar dicho sistema, a través de una Declaratoria. Efectos impredecibles en aplicación: IMDHD El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia precisó, con preocupación, que en los 16 Estados más atrasados en la aplicación del SJPA, entre ellos Campeche, viven 45 millones 727 mil habitantes, y serán incorporados al Sistema Penal Acusatorio 27 millones 608 mil habitantes entre diciembre de 2015 y junio de 2016, es decir, más del 60 por ciento de la población. “Por tanto, la observación, el escrutinio y la vigilancia se tendrá que prolongar por más tiempo, pues nuevos conflictos y los efectos impredecibles de la implementación de la reforma, se presentarán a partir de junio de 2016”, apuntó. En un análisis denominado “¿En qué van 16 Estados frente al nuevo Sistema de Justicia Penal?”, el IMDHD manifestó que “todos somos usuarios potenciales del sistema penal, ya sea como víctimas, testigos o acusados”. “En este momento, en México, residir en una entidad federativa, en un municipio o en una capital, puede ser la diferencia entre enfrentar un sistema penal oscuro, ineficiente y de corte autoritario o uno trasparente, público y con contrapesos institucionales, que buscan revertir la inercia inquisitoria en la justicia penal”, agregó. Manifestó que “desde junio de 2014, a dos años de que se venza el plazo establecido en junio de 2008, para que el sistema de justicia penal acusatorio opere en la totalidad del territorio nacional, el IMDHD realiza un monitoreo constante del proceso de implementación del nuevo SJPA en todo el país, centrando la atención en los 16 Estados más atrasados en este proceso”. El estudio se hizo, según el Instituto, “conscientes de que este proceso de implementación: No es un fin en sí mismo, sino un medio para optimizar la garantía de los derechos humanos, la reducción de los altos índices de impunidad y la falta de confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia penal”. También, abundó, “no es un simple cambio de reglas o una formula técnica de aplicación automática, sino que se trata de una transformación profunda, que intenta revertir una inercia institucional autoritaria, que además de ser lenta, suele caracterizarse por lo impredecible y conflictivo de sus resultados inmediatos”. “Considerando que el proceso de implementación se trata de una transformación institucional que busca revertir prácticas autoritarias en el sistema de justicia penal, una puesta en marcha apresurada incrementa la brecha entre el desempeño real de las instituciones (ministerios públicos, investigadores, policías, médicos forenses etc.), las nuevas exigencias legales y constitucionales (presunción de inocencia, nulidad de las pruebas obtenidas mediante violación a derechos humanos, libertad inmediata ante una detención ilegal o arbitraria etc.) y las expectativas que la población se va formando acerca del nuevo sistema implementado”, explicó. Recordó que “el sentido del plazo establecido en la Reforma de 2008, fue precisamente de ocho años, porque se sabía que la Reforma no era un simple cambio de reglas y que el reto implicaba un freno a una inercia institucional autoritaria y una transformación institucional profunda”. “A pesar de esto, 16 Estados, al ir postergando continuamente la implementación, terminaron por implementar primero (y faltando sólo dos años) lo más sencillo o lo más “atractivo” (en municipios con menor cantidad de usuarios potenciales o cubriendo únicamente delitos que permiten resolución alternativa de conflictos), abriendo la posibilidad de que el nuevo sistema no implique el abandono de los viejos vicios, sino que únicamente aparezcan en lugares diferentes”, puntualizó. Hay pendientes leyes más importantes: Abogados El presidente del Colegio de la Barra de Abogados del Estado de Campeche, Luis Humberto López, aseveró que la aplicación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA) tendrá sus fallas en los primeros meses, porque se está a muy poco tiempo de que arranque, y los actores involucrados no están suficientemente capacitados. El dirigente de los licenciados en Derecho cuestionó la manera irresponsable con que los diputados locales aprobaran las cinco leyes, sin que tuvieran un conocimiento pleno. “No es correcto por parte del Congreso realizar aprobaciones “fast track”, porque debe de haber una concientización por parte de los partidos políticos, de todas las corrientes, llámese de izquierda, derecha u oficiales, para realmente ver las necesidades en el Estado”, añadió. “Si bien es cierto, la incorporación del Sistema Penal Acusatorio es algo que tiene una fecha y hora de inicio, también es cierto que se tienen que modificar muchas leyes, de manera colaterales, pero el modificar y aprobar leyes no significa no revisarlas, puesto que es de importancia el resultado de éstas en su aplicación”, asentó. López López manifestó que en este paquete de leyes, hay que considerar cuáles son las de importancia y cuáles no lo son tanto, e hizo especial énfasis en la Ley de Extinción de Dominio, la cual de no aplicarse con cuidado, puede ser violatoria de los derechos humanos. Expuso que en torno al Sistema de Justicia Penal Acusatorio, es necesario antes de estas leyes, otras que son indispensables y que no se están apresurando tanto, pues las condiciones para la aplicación correcta no están dadas. “Hay leyes más importantes que se deben de tener y se tendrán muy pronto, como las reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría y el reglamento correspondiente, la forma en que va a existir la transición dentro del proceso actual penal, con nuestro nuevo proceso, la reincorporación social y obviamente, la capacitación que tengamos todos los operadores”, detalló. “No se trata sólo de las reglas del juego, sino que los operadores estén preparados, porque va a llegar el día tres de diciembre, estamos a una fecha tan cercana y con tan poca capacitación todos en general, desde judiciales, Procuraduría, defensoría y defensores particulares, porque si obviamente, no tenemos los reglamentos es como ir a jugar futbol, sin saber las reglas de juego, esto puede condenar a un sistema fallido judicial, cuando pretendemos tener los menos errores posibles y ser lo más humanamente apegados con respecto a nuestra Constitución”, mencionó. Asimismo, planteó que no se espera un sistema exitoso de primera instancia, sino que con respecto a lo señalado, se presentarán muchas fallas de inicio, mientras los profesionales del Derecho se empapan de cómo se adecuaron las leyes y esto será sobre la marcha, lo que se pudo prevenir desde hace meses. “El proceso adecuado vendrá con el tiempo, no será al principio, habrá errores judiciales, ministeriales y de defensoría, y esto existirá, porque las reglas completas de la forma no se tienen al 100 por ciento, no se trata de inaugurar un edificio o la promulgación de una ley, sino de tener la capacitación total para estar al 100 por ciento y no se está, ni en infraestructura, ni en capacitación”, puntualizó. “Es cierto que se ha estado trabajando mucho en ello, es cierto, se ha invertido en ello, eso igual es cierto, pero no se está para que se pueda hablar de un proceso equitativo, mínimo con seis meses de anticipación, se debieron de tener los reglamentos, las leyes y todo lo que a la par ya aprobado estaría por nuestro Congreso, para que a partir de ello, se pueda participar en una capacitación efectiva, real y no futurista, porque vamos a estar sobre la marcha los profesionales del Derecho, trabajando conforme se vayan dando las leyes”, finalizó.
