El diputado local del Movimiento Regeneración Nacional, Manuel Zavala Salazar, demandó en la tribuna del Congreso del Estado, una vez más, la destitución del alcalde de Hopelchén, Alonso Pacheco Ucán, y del presidente de la Junta Municipal de Bolonchén, Pedro Osorio. El legislador de izquierda también denuncia las violaciones a los derechos humanos del secretario de Gobierno, Roberto Sarmiento Urbina, quien funge como operador político del PRI, mientras que la representante del Partido del Trabajo, Ana María López Hernández, respalda los reclamos y se suma a la postura de exigir la destitución de las autoridades municipales. Por Ronny Aguilar CAMPECHE, Cam. 6 de noviembre.- El diputado local del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Manuel Zavala Salazar, demandó en la tribuna del Congreso del Estado, una vez más, la destitución del alcalde de Hopelchén, Alonso Pacheco Ucán, y del presidente de la Junta Municipal de Bolonchén, Pedro Osorio. El legislador de izquierda también denunció las violaciones a los derechos humanos del secretario de Gobierno, Roberto Sarmiento Urbina, quien funge como operador político del PRI, mientras que la representante del Partido del Trabajo, Ana María López Hernández, respaldó los reclamos y se sumó a la postura de exigir la destitución del presidente municipal. Paginabierta dio a conocer que el comisario ejidal de Bolonchén, Vicente Abnal Poot, había recibido amenazas para liberar las carreteras o de que habría repercusiones legales, directamente del secretario de Gobierno, lo que fue confirmado en asuntos generales de la sesión ordinaria del Congreso local, por Zavala Salazar, quien dio a conocer los detalles de cómo se dio la reunión y de lo que se les planteó a los representantes de Bolonchén. Ante la presencia del comisario Abnal Poot y de un grupo de pobladores de Bolonchén, quienes el día de ayer se reunieron con el secretario de Gobierno, el representante de Morena manifestó que la reunión fue violatoria y casi a modo de secuestro, cual mafiosos, intimidando a los pobladores, que solo exigen justicia. El diputado fijó postura en primera instancia sobre lo ocurrido el sábado pasado, recalcando que al igual que Ayotzinapa y Tlatlaya, este también es un crimen de Estado y como tal, se debe ver y actuar y no como un acto aislado, como lo ha pregonado el partido en el poder y el gabiete de Fernando Ortega Bernés. “Este es un crimen de Estado, hecho por elementos del Estado, los encargados de la paz y la integridad son los responsables y los perpetradores de un crimen atroz, cavernícola, y ustedes compañeros sumisos y leales al de cuarto piso, cumplen la encomienda de decirle al pueblo, no los escucho, ayer lo dijo el secretario de Gobierno; quienes acusan de anteponer los intereses políticos son los principales operadores políticos de callar a un pueblo, mediante trapacerías, mentiras y corrupción, como lo hizo ayer el secretario de Gobierno”, expresó. “Basta ver como operó, interceptándolos a medio camino, los llevaron a otro lugar para transbordar otro vehículo, llevándolos a una casa casi de seguridad, no sabemos dónde, se les retiraron los celulares y diciéndoles que esto se tiene que calmar, que estén tranquilos, que les va a ir bien y que calmen a la gente, es un vulgar operador político y si tuviera vergüenza, renunciaría, por ser un corrupto”, apuntó. Los pobladores presentes celebraron la participación del diputado, interrumpiendo su intervención y gritando “fuera, fuera, fuera”, en referencia a Sarmiento Urbina, asimismo, Manuel Zavala calificó a Alonso Pacheco, a Jesús Quiñones Loeza, diputado del distrito de Hopelchén; a Roberto Sarmiento, al priismo y al gobernador del estado, como cómplices del homicidio  perpetrado en contra de Denni Abraham Canché Trejo, a manos de policías municipales y estatales. “Estos políticos siempre llevarán en sus manos el estigma de un crimen de Estado y eso será para siempre, la historia los registrara como los que le dan la espalda al pueblo y anteponen intereses partidistas y sus votos de 2015 son una vergüenza para el pueblo de Campeche, impulsan la ingobernabilidad”, indicó. Los asistentes continuaron gritando “justicia” y “que renuncie”, asimismo, gritaron “que suba, que suba” al diputado Jesús Quiñones Loeza, cuando el diputado de Morena le señaló: “Jesús, tú lo sabes bien, están en un estado de ingobernabilidad, todos huyeron, son más de 110 horas en las que nadie ha ido a Bolonchén a darles la cara y solo les anda dando miedo, para que calmen una lucha que no es de colores, es de un pueblo que pide justicia, Bolonchén ni perdón, ni olvido”. “Esto no se calma con un no rotundo, la llama de la indignación no se apaga con las indicaciones de Fernando Ortega, y hoy les digo que lo sucedió, se los va a cobrar Bolonchén, pero las autoridades, si tuvieran solo un poco de vergüenza, renunciarían”, puntualizó. Enérgico llamado al gobierno estatal Por su parte y con aplausos de los asistentes, la petista López Hernández hizo un enérgico llamado al gobierno del Estado para que se abstenga del uso de la fuerza pública en las manifestaciones del Estado y lo responsabilizó de la integridad física de los habitantes de Hopelchén. “Son muchos los casos dolorosos que se han minimizado en nuestro Estado, el asesinato de este joven por un operativo de alcoholímetro, que por cierto, aún no está reglamentado en la ley estatal, nos da la razón de las denuncias que hemos venido haciendo en esta tribuna, es necesario y urgente, aun cuando el periodo de Fernando Ortega ya casi termina, la realización de cambios de fondo en las políticas de seguridad y quienes la implementen”, indicó. Asimismo, la legisladora señaló que se suponía que todos los elementos habían aprobado íntegramente los exámenes, lo que garantizaba la confianza en el 100 por ciento de los elementos estatales y municipales. “Un pueblo enardecido exige justicia inmediata, pero no solo para los elementos de seguridad, sino para los funcionarios de arriba, que deben de asumir su responsabilidad inmediata sobre este hecho, la revisión de protocolo de detención, uso de fuerza y apoyo en operativo, debe darse de fondo y de manera inmediata, una falta administrativa no es pretexto para el abuso de autoridad”, finalizó.