Por Roberto Grajales El día 1 de noviembre, elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) mataron a golpes a Dennis Abraham Canché Trejo, quien se negó a ser extorsionado. En voz de los vecinos, los “pepos” lo golpearon durante todo el recorrido hasta la comandancia y posteriormente hasta Hopelchén, la cabecera municipal. A pesar de la magnitud del problema, el gobierno estatal ha minimizado los hechos, queriendo culpar tan sólo a los policías, haciéndolo ver como un hecho aislado y de esta manera, evadiendo la responsabilidad que les corresponde. Pero como dijeran los familiares de Canché Trejo: Este lamentable hecho que ocurrió en Bolonchén, no es más que el reflejo de la realidad nacional. Aunque Fernando Ortega, el gobernador del Estado, se empeña en afirmar que Campeche es uno de los estados más seguros, lo cierto es que Campeche sufre una ola de atropellos y violaciones de derechos humanos, orquestada por el Estado. La impunidad y la injusticia se han convertido en las políticas que rigen al gobierno de Ortega Bernés. Durante el periodo de gobierno de Fernando Ortega, la Policía Estatal Preventiva ha participado en un sin número de abusos de autoridad, uso excesivo de la fuerza, torturas y represiones. La represión a la colonia San Nicolás, en Ciudad del Carmen, en donde la policía allanó viviendas, dejando decenas de heridos y una niña intoxicada por gas lacrimógeno. La represión postelectoral en Calakmul, dejó al descubierto que al Estado no le importa el derecho de los pueblos a elegir sus autoridades. A los integrantes de la colonia Kin Ha, se les negó su derecho a la vivienda y como castigo recibieron cárcel y golpes. A los maestros se les reprimió para no dialogar con ellos. Es fácil notar que la política de Fernando Ortega es el desprecio por los derechos humanos de las clases populares. Se ha arreglado todo en Bolonchén, alega el gobernador; cuando los pobladores mantienen un bloqueo indefinido, mientras lo esperan para que aclare y “resuelva” lo que sucedió. En lugar de eso, Ortega ha preferido pasear de la mano al príncipe de Gales. Claro, prefiere caminar con los que vienen a “invertir”, para robarse nuestros recursos. Todo el peso de la Ley a los culpables, dicen las “autoridades”, pero la realidad es que a los policías los están acusando de homicidio calificado, un delito del fuero común, cuando deberían juzgarlos como servidores públicos, pues no hay que olvidar el hecho de que estos sujetos estaban en horas de servicio, uniformados, con armas y en un vehículo oficial. No veo la razón para mi renuncia, dijo a los medios Jackson Villacís, yo le pregunto ¿No es suficiente motivo que los elementos que están bajo sus órdenes hayan matado a un poblador con brutalidad y usando su “placa” como resguardo para hacer atrocidades? ¿No es suficiente motivo que la Policía Estatal Preventiva, que está a su cargo, es una de las corporaciones policiacas más corruptas y con menos preparación en materia de derechos humanos en el país? Claro, él no ve el motivo, porque al juzgar a los policías implicados como ciudadanos y no como servidores públicos, exonera de responsabilidad al Estado y a sus instituciones. Aísla el caso, lo minimiza, lo evita, pero la verdad es que Jackson Villacís, Arturo José Ambrosio Herrera y el mismo Fernando Ortega son tan responsables de este crimen de Estado, como los policías que asesinaron a Canché Trejo. Pero si algo nos ha demostrado Bolonchén es que las “autoridades” no están para servir al pueblo y cuando éste se levanta a exigir justicia, huyen. Y por supuesto, se niegan a ir a destituir al presidente de la Junta Municipal de Bolonchén, Pedro Osorio, y a todo su Cabildo, porque saben que quedaría en evidencia que el pueblo tiene en todo momento, el inalienable derecho de modificar la forma de su gobierno, tal como lo establece el artículo 39 de la Constitución. Todo el peso de la ley, de sus leyes querrán decir, pero ya caerán todos los malos gobierno en las manos del pueblo, quienes los juzgarán con todo el peso de la justicia popular.