Indignados por haber sido objetos de burla del gobierno estatal, con el que sostendrían una reunión la tarde de este lunes, los pobladores de Bolonchén de Rejón, municipio de Hopelchén, decidieron cerrar los accesos al poblado, hasta que el gobernador Fernando Ortega Bernés no dé la cara. En tanto, el Colectivo Proderechos Humanos “El Caracol” A.C. aclara que “lo sucedido no es un hecho aislado de brutalidad policiaca”, como lo ha querido ver el gobierno estatal, y demanda que se castigue a los titulares de las dependencias estatales con responsabilidad directa. Por Daniel Sánchez BOLONCHEN DE REJON, HOPELCHEN, Cam. 3 de noviembre de 2014.- Indignados por haber sido objetos de burla del gobierno estatal, con el que sostendrían una reunión la tarde de este lunes, los pobladores de Bolonchén de Rejón, municipio de Hopelchén, decidieron cerrar los accesos al poblado, hasta que el gobernador Fernando Ortega Bernés no dé la cara. En tanto, el Colectivo Proderechos Humanos “El Caracol” A.C. aclaró que “lo sucedido no es un hecho aislado de brutalidad policiaca”, como lo ha querido ver el gobierno estatal, y demandó que se castigue a los titulares de las dependencias estatales con responsabilidad directa. A dos días de que seis miembros de la Policía Municipal y de la Policia Estatal Preventiva (PEP) asesinaran a golpes al ingeniero agrónomo, Denni Abraham Canché Trejo, originario de Bolonchén de Rejón, familiares, amigos y vecinos marcharon enardecidos, porque los representantes del gobierno de Ortega Bernés nunca llegaron al diálogo. Los pobladores de Bolonchén resguardaron, desde temprano, el Palacio de la Junta Municipal, en espera de las pláticas acordadas un día antes, pero las autoridades no llegaron, por lo que insistieron en un “castigo inmediato a los responsables directos e indirectos”, incluyendo al secretario de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad, Jackson Villacís Rosado. El Colectivo Proderechos Humanos “El Caracol” A.C informó que ha acompañado a los pobladores de la comunidad de Bolonchén, en su exigencia de justicia por los hechos acontecidos el primero de noviembre, cuando policías estatales asesinaron a un hombre que se negó a ser extorsionado. El organismo civil manifestó que pese a la insistencia del gobierno de Estado de etiquetar a Campeche como el Estado más seguro, vemos con tristeza como es que sí hay inseguridad y proviene principalmente del Estado. “Por todos lados, se escucha que los elementos de la Policía Estatal Preventiva están involucrados en robos, golpizas, extorsiones, torturas y represiones, cuando el gobernador aseguró que “no vamos a tolerar, ni generar ninguna excepción para perdonar a alguien que sea desleal a Campeche y a la policía”, y ahora podemos ver que esa policía comprometida con el Estado, siente desprecio por la vida humana”, expresó. “Hemos visto cómo la policía en todas partes del territorio mexicano ha encabezado actos terroristas, como el ocurrido el 26 de septiembre en Iguala, Guerrero”, recordó. “Queremos ser enfáticos en que lo sucedido no es un hecho aislado de brutalidad policiaca ya que el gobierno del Estado así lo ha querido ver y se dice que fue error de algunas personas, y si bien es cierto que los responsables directos son los policías que asesinaron a Canché Trejo, también el gobierno, la Secretaría de Seguridad Publica y el titular del Ejecutivo, Fernando Ortega Bernés son también responsables de este brutal asesinato, por fomentar una policía de abuso, impunidad y la falta de conocimientos en materia de derechos humanos”, puntualizó. El Colectivo exigió que “se castigue a los titulares de las dependencias gubernamentales con responsabilidad directa, que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (CDHEC) envíe una recomendación al gobierno, por su omisión en la violación de derechos a la libertad personal, libertad de tránsito, a la dignidad, integridad física y a la vida; que haga acto de presencia el gobernador del Estado en la comunidad de Bolonchén de Rejón, y a las organizaciones, que se pronuncien por estos hechos en contra del gobierno del Estado, que permite prácticas de violencia a los derechos humanos”.