Las irregularidades detectadas en el ejercicio de recursos públicos para Educación y Salud en el 2013, no son nuevas en el gobierno de Fernando Ortega Bernés, ya que en los años anteriores de su administración, 2010, 2011 y 2012, la Auditoría Superior del Estado también halló anomalías y pese a las recomendaciones, ha sido reincidente. Por Daniel Sánchez CAMPECHE, Cam. 29 de octubre.- Las irregularidades detectadas en el ejercicio de recursos públicos para Educación y Salud en el 2013, no son nuevas en el gobierno de Fernando Ortega Bernés, ya que en los años anteriores de su administración, 2010, 2011 y 2012, la Auditoría Superior del Estado (ASE) también halló anomalías y pese a las recomendaciones, ha sido reincidente. En el informe de la cuenta pública del 2012, detectó en la Secretaría de Desarrollo Rural falta de bitácoras de consumo de combustible, de reparaciones y de servicios de mantenimiento por dos millones 273 mil 810 pesos; en la Secretaría de Cultura, falta de documentación comprobatoria, por 211 mil 111 pesos, falta de documentación que evidencie la recepción y el uso o destino de bienes y servicios adquiridos, por tres millones 636 mil 407, e incumplimiento de disposiciones del Manual de Procedimientos para el trámite de Viáticos y Pasajes para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, por 614 mil 707 pesos. A la Secretaría de Salud, sugirió “remuneraciones a personal médico que no acredita el perfil de la plaza contratada y a personal con puestos de rama médica y paramédica del Catálogo Sectorial de Puestos asignados a centros de trabajo administrativos y que desempeñan funciones administrativas, por un millón 948 mil 442 pesos; y a la Universidad Autónoma del Carmen, remuneraciones que superan los montos autorizados en el tabulador de puestos y sueldos publicado en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2012, por dos millones 11 mil 804 pesos”. Al Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche, le observó “pagos en exceso por conceptos de obras no ejecutados en las obras: construcción de edificios “a” y “b”, planta baja, planta alta y obra exterior en la escuela Justo Sierra Méndez y “Adaptación a aulas temáticas del programa habilidades digitales para todos en la secundaria general número 15” en San Francisco de Campeche; “Construcción de 2 aulas, servicio sanitario y obra exterior” en el jardín de niños indígena Sor Juana Inés de la Cruz en Isla Arena; “Trabajos de rehabilitación en espacios educativos existentes” en la primaria Ignacio Manuel Altamirano en Tankuché; “Suministro y colocación de malla de sombra” en la primaria María Poblaciones en Lerma, Campeche; “Rehabilitación general de instalación eléctrica (incluye subestación)”, en la escuela tele secundaria no. 22, en Lázaro Cárdenas 2, Calakmul; y “Construcción de biblioteca rural”, en Manuel Castilla Brito, Calakmul; por 322 mil 391 pesos”. Al Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública, encontró “remuneraciones a personal médico que no acredita el perfil de la plaza contratada y a personal con puestos de rama médica y paramédica del Catálogo Sectorial de Puestos asignados a centros de trabajo administrativos y que desempeñan funciones administrativas, por siete millones 377 mil 143 pesos”. Las anomalías del 2011 En el informe de la cuenta pública del 2011, fueron observados 707 mil 131 pesos a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado por ampliación del sistema de agua potable en Bolonchén de Rejón y Tenabo, y 184 mil 306 pesos por penas convencionales no cobradas; y cinco millones 220 mil 783 pesos al Conalep por pago de sueldos en el plantel Dzitbalché con recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos. También cuestionó el pago de cuatro millones 204 mil pesos del Indesalud a médicos sin cédula profesional de especialistas y a personal administrativo, y de un millón 17 mil pesos a la Secretaría de Salud, por pagar a personal administrativo; 360 mil 941 del Itescam, por pago de recargos, actualizaciones y gastos de ejecución; 145 mil 450 pesos a la Secretaría de Obras Públicas por pagos en exceso por obra de parque infantil en Mayatecum, Champotón, y 168 mil 82 pesos a la Unacar, por préstamo sin garantías. Las irregularidades del 2010 En el informe de la cuenta pública 2010, la ASE reveló que en la Secretaría de Cultura, se efectuaron erogaciones por 25 mil 833 pesos, por concepto de comisiones por cheques girados sin fondos; en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, no se integraron adecuadamente los expedientes de 16 obras y se determinaron trabajos pagados no ejecutados por 124 mil 563 pesos; en la Unacar, no se efectuaron las comprobaciones y recuperaciones de las cuentas de Deudores Diversos y Gastos por Comprobar, que al 31 de diciembre de 2010, reflejan saldos por la cantidad de cinco millones 310 mil 718 pesos. Asimismo, en la universidad carmelita, “se pagaron remuneraciones no justificadas por un millón 569 mil 719 pesos, por concepto de jubilaciones, debido a que de la revisión documental a las nóminas, se determinó que se efectuaron pagos por dicho concepto que no cumplen con lo previsto en el Contrato Colectivo de Trabajo, y se realizaron erogaciones por 370 mil 613 pesos por concepto de trabajos de construcción de cubículos y suministro e instalación eléctrica en inmuebles, sin que exista contrato, presupuesto de obra, estimaciones autorizadas, bitácora de la obra, comunicación del contratista de la terminación de los trabajos y acta de recepción del área encargada”. “En la CAPAE, se determinaron trabajos pagados no ejecutados por un millón 681 mil 602 pesos y penas convencionales no cobradas por 275 mil 110 pesos”, puntualizó. Las mismas recomendaciones a Educación Por otra parte, la Auditoría Superior del Estado recomendó en 2012 a la Secretaría de Educación lo mismo que en el 2013: “Implementar controles internos a efecto que la estadística del personal docente frente a grupo se actualice en forma continua, con base en los formatos de movimientos autorizados para que sea consistente con los datos contenidos en las nóminas”. “Implementar las medidas necesarias para promover que los Consejos Escolares del Estado se constituyan y sesionen conforme a los Lineamientos Generales para la Operación de los Consejos Escolares de Participación Social y que las estadísticas de dichos Consejos se actualicen con base en las actas de las sesiones y asambleas que se lleven a cabo”, agregó. “Implementar controles internos con el objeto de mantener actualizados los nombramientos del personal habilitado para la entrega de la nómina en los centros de trabajo e integrar dichos nombramientos en el expediente correspondiente, e implementar las actividades necesarias, a fin de disminuir las deficiencias en la infraestructura y equipamiento de los centros de trabajo, orientar la capacitación de los docentes al mejoramiento del aprendizaje de los alumnos y promover el involucramiento de los padres de familia en los procesos de gestión educativa”, apuntó. En la cuenta pública del 2010, sugirió a la Seduc “mantener actualizados los registros contables, a fin de obtener los informes financieros y contables que permitan la oportuna toma de decisiones y cumplir oportunamente con las disposiciones legales y fiscales, y mantener actualizados los expedientes de personal de la Secretaría de Educación”. Los desvíos en el 2013 Paginabierta publicó ayer que en la revisión de la cuenta pública del 2013 del gobierno de Fernando Ortega Bernés, la Auditoría Superior del Estado detectó irregularidades, principalmente en Educación, por el pago de 11 millones de pesos a personal con dos o más plazas incompatibles; en Salud, por el pago anómalo de más de ocho millones, y en la Universidad Autónoma del Carmen (Unacar), por 5.6 millones de pesos. En su informe, la ASE, cuyo titular es Jorge Martín Pacheco Pérez, quien hoy hizo entrega de los informes sobre la revisión de las cuentas públicas del año pasado a la Comisión de Vigilancia, dio a conocer también que en el transcurso de la revisión, impuso dos multas por un total de 38 mil 262 pesos a funcionarios del gobierno estatal, pero no precisó ni los nombres, ni las causas. La Auditoría Superior detectó en la Secretaría de Educación del Estado “remuneraciones a personal docente con dos o más plazas, que no tienen la documentación que acredite la compatibilidad de empleo, por un monto de 11 millones 25 mil 527 pesos, con recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)”. Hizo varias recomendaciones a la dependencia encabezada por José Martín Farías Maldonado, como “implementar las medidas necesarias para promover que los Consejos Escolares del Estado se constituyan y sesionen conforme a los Lineamientos Generales para la Operación de los Consejos Escolares de Participación Social y que las estadísticas de dichos Consejos se actualicen con base en las actas de las sesiones y asambleas que se lleven a cabo”. También solicitó “implementar controles internos, a efecto de que la estadística del personal docente frente a grupo, se actualice en forma continua; implementar las actividades necesarias a fin de disminuir las deficiencias en la infraestructura y equipamiento de los centros de trabajo, orientar la capacitación de los docentes al mejoramiento del aprendizaje de los alumnos y promover el involucramiento de los padres de familia en los procesos de gestión educativa”. “Implementar acciones de coordinación con el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche, a efecto de que se reporten en forma oportuna los indicadores de desempeño de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, en su vertiente de Infraestructura Educativa del nivel básico, en los informes trimestrales del Sistema de Formato Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, apuntó.